Argentina, 1976. La crueldad en el país no tenía límites. Bajo un gobierno de facto cívico militar el siniestro general Videla comandaba, escondido en las mentiras, el verdadero propósito del gobierno: el vaciamiento del país y la peor masacre de la historia dirigida contra la población acusada de ser «peronista», «populista», «zurda», «izquierdista» o «subversiva».

 La dictadura produjo miles de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, exilios forzosos, etc, que han sido judicialmente calificados como genocidio y delitos de lesa humanidad. Estados Unidos dio luz verde para pasar por encima de los derechos humanos y el genocidio también contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados y grupos económicos así como la Iglesia católica.

Buenos Aires, La Plata. Estudiantes agrupados en distintas extracciones políticas de izquierda se organizaban en Centros de Estudiantes y militaban por la construcción de un mundo diferente, sin explotación. Una de sus luchas era lograr que el boleto estudiantil —que había sido conseguido por los estudiantes secundarios en 1975 y suspendido en agosto de 1976— retornara para que los estudiantes pudieran tener un descuento en el autobús.

La escalada represiva tenía como antecedente la desaparición y tortura de militantes como el asesinato en manos de la Triple A de “Patulo” Rave, dirigente de la UES, en diciembre de 1975.

Como parte del plan represivo puesto en marcha por la dictadura, el 16 de septiembre de 1976, diez estudiantes organizados en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) fueron secuestrados por grupos de tareas conducidos por el general Ramón Camps como el Batallón 601 de Ejército. Los sacaron de sus casas en medio de la noche, se los llevaron delante de sus familias. Claudia Falcone (16 años), Francisco López Montaner (16 años) -ambos alumnos del Colegio de Bellas Artes-, María Clara Ciocchini (18 años) -ex alumna de la Escuela Normal Superior de Bahía Blanca-, Horacio Ungaro (17 años), Daniel Racero (18 años)- ambos de la Escuela Normal Nº 3- y Claudio de Acha (18 años).

De este grupo de adolescentes, solo cuatro lograron sobrevivir: Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler. Y hubo otros: la extensa lista está integrada por alrededor de 340 adolescentes de todo el país. Ellos continúan desaparecidos.

“Hombres fuertemente armados entraron a mi domicilio

 encapuchados notificándose como del Ejército argentino.

 Golpeando las puertas, encañonaron a mi padre y encañonaron a mi madre. Buscaban una estudiante de bellas artes. No sabían ni mi nombre, sabían que venían a buscar una estudiante de 17 años”, recuerda Moler.

Se sabe que las y los estudiantes pasaron por varios centros clandestinos de detención. La “División cuatrerismo” de la policía bonaerense, donde funcionaba el centro clandestino de detención conocido como “Arana”. De allí pasaron a la División de Investigaciones de Banfield, conocido como el “Pozo de Banfield”. Pero no hay pistas sobre el paradero de sus cuerpos. Y los asesinos guardaron inescrupulosamente silencio, así como el gobierno no abrió los archivos de la dictadura.

Durante los “Juicios por la Verdad” realizados en La Plata, gracias al testimonio de los sobrevivientes y la investigación se supo los nombres de algunos de los represores implicados como el jefe de la División de Investigaciones, Miguel Etchecolatz, Valentín Pretti, alias “Saracho”, y al ex cabo de la Bonaerense Roberto Grillo.

Los lápices siguen escribiendo

 Desde el retorno a la democracia el movimiento estudiantil secundario ha resistido y se ha organizado contra todos los ataques a la educación pública, y la avanzada represiva que busca sentar un precedente criminalizador de la protesta social.

Les estudiantes son parte  del movimiento feminista y ambiental que lucha porque se cumpla la ESI,  laica, científica y con perspectiva de género y se organiza frente a los intentos de los distintos gobiernos por disciplinar a quienes luchan por una educación del pueblo, como lxs 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de Río Negro (UNRN) enjuiciades por defender la educación pública durante el año 2018, en un proceso de movilización nacional contra el ajuste macrista.

 La semana pasada, el miércoles 7 de septiembre les estudiantes de todo el país levantaron las banderas de lucha de aquellxs estudiantes detenides desaparecides cuando salieron a las calles a reclamarle al gobierno el freno al recorte en educación. Reclamaron la marcha atrás de la incompatibilidad del Plan Progresar de ayuda económica a estudiantes, con el Programa Potenciar Trabajo, que remunera el trabajo y la capacitación. 

mientras la lucha continúa, los lápices seguirán escribiendo