Este lunes se vivirá en todo el país la multitudinaria movilización Ni Una Menos, que comenzó hace cuatro años tras el femicidio de la joven de 14 años Chiara Páez. Los reclamos principales son en contra de la violencia machista, los femicidios, travesticidios, las muertes por abortos clandestinos y contra al ajuste que golpea con mayor fuerza a las identidades feminizadas.

El observatorio de Mumala contabilizó que desde el 1 de enero al 20 de abril del corriente año hubo 100 femicidios, es decir una víctima de violencia machista cada 33 hs. El 39% de los agresores eran sus parejas y el 25% eran ex parejas. A su vez los asesinatos fueron cometidos en un 46% en el hogar de la víctima y un 24% en la vivienda compartida por el victimario.

A su vez, el 13% había realizado denuncias previas. Estos datos demuestran que la mayoría de las mujeres viven violencia extrema de forma cotidiana y en sus propios hogares, siendo el femicidio la mayor y más feroz expresión. El desamparo al que son relegadas por el Estado y la falta de políticas públicas efectivas hace que salir de esa situación sea muy difícil.

Por su parte, el Observatorio Ahora Que Si nos Ven reveló que a cuatro años del Ni Una Menos hubo 1046 femicidios y 31 travesticidios. Mientras tanto, en el presupuesto 2019 el gobierno destinó 11$ por persona para el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) a cargo de Fabiana Tuñez, que es quien debería aplicar la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero tal monto presupuestario evidencia que combatir la violencia de género no es una política de Estado.

A su vez, el ajuste golpea con más fuerza a las mujeres e identidades disidentes. Según datos del INDEC el sector más golpeado por la desocupación en el cuarto trimestre del 2018 fueron las mujeres de entre 14 y 29 años con un 21,4%, contra el 15,4%  de los varones de la misma franja etaria.

Esto se debe a que las mujeres e identidades disidentes tienen mayor dificultad para sostener y conseguir un trabajo formal, ya que la jornada laboral de 8 horas debe ser compatibilizada con las tareas domésticas y de cuidado que realizan sin percibir un salario a cambio. Por su parte las empleadas domésticas donde se desempeña el 20% de las trabajadoras, registran un 75% de informalidad y perciben salarios por debajo de la Canasta Básica Familiar.

Esto muchas veces se traduce en dependencia económica hacia sus parejas, lo cual imposibilita acceder a una vivienda propia donde poder trasladarse con sus hijos e hijas. A su vez, la falta de refugios donde poder alojarse transitoriamente las condena a aguantar los maltratos y las violencias en sus propias casas.

Si bien en los últimos años la denuncia de esta problemática ha alcanzado niveles de debate y visibilidad impensados en otros tiempos, gracias al movimiento de mujeres y disidencias, los femicidios no han menguado y la realidad material de millones aún no se ha modificado.

A esto se le suma la mayor información que circula sobre mujeres o personas gestantes que mueren por abortos clandestinos. Esa situación que se encontraba silenciada y en el anonimato fue puesta sacada a la luz a partir de la inmensa movilización del año pasado por la legalización del aborto, que también puso en evidencia la enorme responsabilidad del Estado sobre esas muertes al rechazar el proyecto en el Senado.