El jueves pasado dimos cierre a una primera etapa de la lucha que los movimientos sociales nos planteamos para este 2019; la pelea por la paritaria social y el ingreso a los programas de trabajo de miles de familias desocupadas.

En lo que hace al aumento del salario para las cooperativas, podemos decir que pese al intento del gobierno de otorgar una suba de $7000 para el mes de julio, la persistencia y las diferentes medidas de fuerza llevadas a cabo por las organizaciones sociales permitieron llevar a $7500 el incremento, logrando un 50% de suba interanual (respecto a julio de 2018). Más allá de que los montos siguen siendo bajos y muy alejados de lo que necesita una familia para vivir dignamente, entendemos que haber roto el techo salarial planteado por Cambiemos da cuenta que si peleamos, en la calle y en unidad, es posible retomar la iniciativa política contra las políticas de ajuste dispuestas tras el acuerdo con el FMI.  

En el caso de la situación de las miles de familias desocupadas, producto de los despidos y los cierres de fábricas, la mayoría de las organizaciones sociales logramos arrebatarle a la ministra Carolina Stanley miles de ingresos a los programas de trabajo, los cuáles más allá de ser un paliativo para la situación social, nos permite mantenernos organizadxs de cara a los tiempos difíciles que se avecinan.

La necesidad de la acción callejera y la unidad de lxs que luchan

El acuerdo con el FMI no hizo otra cosa que profundizar la crisis de un modelo que desde el minuto cero se planteó arrebatarle las reivindicaciones a la clase trabajadora en pos de acrecentar las ganancias de la clase capitalista local e internacional.

En ese marco, desde el comienzo de las negociaciones el planteo gubernamental era un congelamiento de los salarios de las cooperativas, al tiempo que planteaba la imposibilidad de nuevos ingresos para las familias sin trabajo. Entendemos que la persistencia de nuestra organización, junto a otras del campo popular, lograron modificar la relación de fuerza en la negociación y arrebatarle a Estado las demandas discutidas en nuestras asambleas.

El plan de lucha comenzó el 13 de febrero con una movilización en la 9 de Julio, donde además instalamos ollas populares. Luego siguió con los cortes en el obelisco en la apertura de las sesiones legislativas mientras Macri daba su discurso en el Congreso. Prosiguió con acampes frente a las principales cadenas de supermercados del país; luego los cortes en autopistas y rutas de todo el país el 20 de marzo mostraron que hay un movimiento que empieza a retomar mayores niveles de dinamismo en la lucha contra el modelo de exclusión y marginación llevado a cabo por el gobierno de los CEO; y el 4 de abril también salimos a la calle planteando la necesidad urgente de que se convoque a un Paro Nacional para enfrentar el ajuste.

¿Por qué entendemos que es una primera etapa en la lucha de este año? Porque somos conscientes que no alcanza y que el debate paritario no se cerró, y tendrá una segunda instancia a partir de agosto. También porque vemos que un modelo basado en la bicicleta financiera y el ajuste no va a hacer otra cosa que profundizar la desocupación y la pobreza, la cual ya se ubica por encima del 32% (y un 6,7% de indigencia).

Esta pelea que venimos dando demostró que no hay que ser vacilantes ante los planteos del gobierno y ante la fragmentación: unidad en la acción para enfrentar a Cambiemos. Esto último pudo reflejarse en las últimas semanas donde,  junto a nuestro Frente de Lucha,  pudimos confluir en la acción con el Movimiento de los Pueblos,  la FOB,  organizaciones del Triunvirato Piquetero, el Polo Obrero, MTR- Votamos Luchar, Mar, entre otros espacios.

A las organizaciones que venimos del campo de la Nueva Izquierda aún nos falta trascender varios de los límites con los que caminamos, pero saludamos la articulación que venimos desarrollando en el último tiempo y nos planteamos la necesidad de profundizar las discusiones y acuerdos para los tiempos venideros.

La necesidad de la lucha actual

Nuestra experiencia nos indica que los tiempos de la resistencia y la organización de lxs de abajo no pueden estar atados al calendario electoral, ni a la perspectiva de que un cambio profundo podrá resolverse con un cambio de gobierno. Si bien entendemos que esa instancia  es válida para la agitación de nuestras luchas y el enfrentamiento con el poder dominante, consideramos que todavía falta mucha agua pasar bajo el puente.

Los próximos meses serán cruciales para dilucidar la suerte de Cambiemos. La suba del dólar (y el consiguiente aumento de las tasas para frenarlo), la inflación, el crecimiento de la pobreza y el cierre de fábricas, así como la crisis interna de Cambiemos plantea, a priori, que nada está asegurado en este país y que debemos estar atentxs para golpear "con un solo puño" cuando la coyuntura lo demande.

La trascendencia de la lucha actual no se da únicamente en el plano de nuestras reivindicaciones inmediatas, sino que somos conscientes que quien se haga cargo de los resortes del Estado, sea cambiemos o la oposición patronal, deberá aplicar un ajuste brutal debido a que entre 2020 y 2023 vencerán u$s 131.096 millones, cuando el FMI sólo desembolsará u$s6.000 millones en 2020, debiendo comenzar a pagarse los u$s 57.000 millones prestados a partir de 2021. Luchar hoy, para condicionar a los que vengan.

El ajuste planificado irá acompañado de una mayor represión y persecución de lxs que luchan con el objetivo de desarticular la resistencia y aislarnos de la población. 

Debemos preparar nuestra fuerza organizada para lo que viene, profundizando los debates y los marcos de unidad entre quienes estemos dispuestxs a sostener la lucha por nuestros derechos y por derrotar el plan de ajuste de Cambiemos y de sus aliados provinciales.