Los intentos periódicos de bajar la edad de punibilidad indican la utilización de lxs niñxs y jóvenes como chivos expiatorios de la violencia y la violación de derechos, ocultando la realidad de ser el sector que sufre en forma más feroz la falta de acceso a derechos básicos. A ello nos referimos cuando denunciamos que en Argentina casi el 50% de lxs niñxs se encuentran bajo la línea de pobreza, producto del abandono estatal deliberado con el vaciamiento de las políticas públicas.

Los argumentos que responsabilizan a pibes y pibas como protagonistas de la mayoría de los delitos que se llevan a cabo en nuestro país son falaces, ya que está comprobado que en el 95% de los casos, los robos son cometidos por adultxs y desde el año 2013 se viene registrando una sostenida baja en los homicidios cometidos por jóvenes menores de 18 años de edad.

Bajar la de edad de punibilidad es un retroceso en materia de derechos humanos, ya que implica ir en contra de la condición de progresividad que deberían tener las leyes para ser modificadas.

Quienes somos trabajadorxs  de los mismos programas que procuran atender desde la promoción y protección de derechos y el régimen de responsabilidad penal juvenil, la garantía de acceso a derechos de esta población, somos lxs primerxs en denunciar día a día el desguace que vienen sufriendo estos programas, la falta total de recursos y la precarización laboral de sus operadorxs, además de la imposición de una política criminalizadora y punitivista en cada medida de gobierno.

Por ello nos preguntamos ¿a qué “régimen socioeducativo” se refiere la ministra Bullrich si en todos los niveles estatales el gobierno al que pertenece ha desarticulado cuanto programa de inclusión socioeducativa existiera?

Por otro lado, dicho régimen de inclusión socioeducativa debiera estar bajo las áreas específicas de promoción y protección de derechos y no dentro de lo penal, ya que desde la modificación de la ley de Patronato y al entrar en vigencia la ley nº 26.061 de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, todo hecho donde estuviere implicada una persona menor a los 16 años de edad debiera ser acompañada por diferentes organismos encargados de la promoción de dicha ley.

Las organizaciones políticas y sociales somos quienes garantizamos todos los días en los distintos barrios donde trabajamos los derechos que el Estado No garantiza. En la actualidad un 33, 7% de niñxs y jóvenes pertenecientes a familias de los sectores populares afectadas por los despidos y la falta de trabajo, solo pueden acceder a un plato de comida en los comedores populares o escolares. Estas cifras demuestran la enorme deuda social con la niñez en nuestro país y la responsabilidad política es del Estado, en tanto debe garantizar los derechos  y proveer los medios y recursos necesarios para una vida digna y de calidad.

En la misma línea y ante el continuo avasallamiento del Estado hacia los derechos de lxs niñxs, también denunciamos la no aplicación de la interrupción legal del embarazo (ILE) a niñas víctimas de violaciones. Esto conlleva a que estén obligadas a parir, desoyendo los pedidos de un aborto seguro y gratuito, y no garantizando un acompañamiento correcto. Además, ignoran completamente la causal por violación que permite la ILE desde 1921.

Repudiamos el inicio de una campaña electoral que, en línea de continuidad con la legalización de la “doctrina Chocobar” y su consecuente legitimación del gatillo fácil, la compra de pistolas “no letales” como las Taser para ser utilizadas en el transporte público, entre otras medidas de gobierno, apuntan a fortalecer la “bolsonarización” de la política y la avanzada sobre los derechos y garantías constitucionales más elementales.

Ello sin olvidar, claro, la creciente militarización que desde hace tantísimos años venimos sufriendo en las barriadas populares, así como la contemporánea avanzada sobre la población migrante que acompaña este impulso estigmatizador sobre los sectores populares.

Es por todo esto que gritamos NO A LA BAJA y exigimos:

- Que el Estado incremente el presupuesto DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ y la juventud, orientadas a los aspectos educativo, cultural, socioeconómico, de salud y de la seguridad social.

- No queremos niñas madres, queremos infancias libres de abusos y violencias. Una niña madre es tortura estatal. Exigimos el correcto cumplimiento de la ILE, y gritamos: ¡Basta de maternidades forzadas!

-ESTABILIDAD LABORAL Y MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES PARA LXS TRABAJADORXS DE NIÑEZ Y JUVENTUD para desarrollar las tareas acordes a las necesidades de niñas, niñxs y adolescentes de los sectores más vulnerados.

- QUE SE PONGA FIN A LAS POLÍTICAS DE AJUSTE QUE DEJAN SIN TRABAJO A LAS FAMILIAS de los sectores populares.

- QUE SE DESBARATEN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN A LAS REDES DELICTIVAS QUE SE VALEN DE NIÑXS PARA SUS FINES, PARTICULARMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE LES CABE A FUNCIONARIOS ESTATALES Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

-Que se graven las superganancias de los sectores más concentrados de la economía y que se destinen esos recursos a la implementación de programas destinados a sacar de la pobreza al casi 50% de chicxs de nuestro país, con políticas que garanticen el derecho a una vida digna y libre de toda violencia.
¡BASTA DE CRIMINALIZAR LA NIÑEZ Y JUVENTUD!
¡PARA TODXS LXS NIÑXS, TODOS LOS DERECHOS!