El proyecto de Ley Presupuesto 2019 ha estado en boca de todos por la irrisoria cantidad de fondos destinados a educación, salud y transporte. En comparación con la inflación esperada para el próximo año, 23,4% para el gobierno y alrededor de 34% para los analistas, el porcentaje destinado a educación caería en seis puntos comparado con el 2018. Las partidas más afectadas serán las de Infraestructura y Equipamiento, Incentivo Docente y Becas, en donde se encuentra el Plan Progresar.

Por otro lado, las partidas nominales del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley muestran que el presupuesto de este año ha sido subejecutado, con la intención de ayudar a reducir el déficit fiscal. Es así que programas como “Políticas Alimentarias”, “Economía Social” y “Promoción y Asistencia a espacios de primera infancia”, han sido ejecutados en porcentajes que rondan apenas el 50%.

Sin embargo, el gobierno destinó un aumento del 82% al pago de intereses de deuda pública. El monto para pagar a prestadores internacionales ronda los seiscientos mil millones de pesos, el cual supera ampliamente los destinados a cuestiones en materia de educación o salud pública. Los pagos a organismos de comercio internacionales además deben hacerse en dólares, por lo que este punto y los demás puntos están calculados en un dólar a $40,10 que es lo que el gobierno espera para el 2019 más allá de haber admitido que el tipo de cambio estaría liberado al mercado.

Mientras que el ministro de economía Nicolas Dujovne aseguró que el de este año sería un “presupuesto austero”, los sectores que más sufren los recortes son quienes pertenecen a la clase trabajadora. Hace dos meses dos trabajadores de la educación murieron por falta de mantenimiento en una escuela de Moreno, sin embargo el presupuesto destinado a esta materia será recortado en un 77%, mientras que el Plan Progresar, que permite a cientos de jóvenes humildes continuar con sus estudios, tendrá una reducción del 24%.

Por otro lado, ANSES busca acceder a los datos socioeconómicos y patrimoniales de AFIP, es decir, levantar el secreto fiscal para “fiscalizar” el fraude y tener un mayor control de a quiénes se le entregan los planes sociales según su “vulnerabilidad”. Esta medida despierta suspicacias, ya que en un contexto de ajuste, la fiscalización sobre a quienes se les otorgan los beneficios de programas de empleo y ayuda social puede implicar un recorte arbitrario.

La crisis económica, la inflación y la recesión, afecta principalmente a las mujeres que dependen de su trabajo como cooperativista enmarcado en planes gubernamentales, en los que cobran nada más que $5500, para alimentar a sus hijos.

Los sectores opositores al gobierno de Cambiemos ya han solicitado una reelaboración del presupuesto del año siguiente por considerarlo “una burla” y estar modificado de acuerdo al nuevo acuerdo con el FMI, del cual aun no se han dado mayores precisiones más que la contracción de deuda que se elevó en US$ 75.000 millones por los acuerdos con el fondo y en un total de US$345.409 millones.