Las principales consignas de la Marcha Federal rondaron alrededor del tratamiento de las cinco leyes que presentaron los movimientos sociales para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores de su sector; el aumento salarial del 30% y la apertura de nuevos puestos de trabajo; el reclamo por la convocatoria a un paro general; y un fuerte rechazo al acuerdo con el FMI y las políticas de ajuste del macrismo.

En esa instancia exigían ser recibidos por la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanely, para poder dialogar acerca de estas demandas urgentes. Recién hoy, casi un mes después de aquella masiva movilización el gobierno accedió a reunirse con los referentes del triunvirato piquetero, del FOL, del Frente Popular Darío Santillán, y del FPDS CN.   

La apertura del dialogo por parte del gobierno está relacionada con el temor al creciente descontento social y la profundización de la crisis económica que está llevando a muchas personas a la pobreza. Para contener un eminente conflicto, Macri anunció una serie de medidas tales como el aumento de la Asignación Universal por Hijo, la posibilidad de un bono por única vez para los beneficiarios de programas sociales y mejoras de los planes en general.

Esto se enmarca dentro del acuerdo realizado con el FMI que prevé una clausula de “salvaguarda social”, lo que significa que Cambiemos podrá destinar el 0,2% del PBI a reforzar los planes sociales. Si bien podría parecer una mejora para los sectores más postergados, en realidad estas son medidas paliativas que intentan menguar el conflicto y las necesidades más urgentes y básicas de gran parte de la población. Pero no implica la generación de trabajo genuino y con todos los derechos como reclaman algunas organizaciones como el FOL.

De las 5 leyes que presentaron los movimientos sociales y que reclaman que el Congreso las trate, se destacan la que apunta a que las y los cooperativistas puedan llevar adelante el 25% de la construcción de la obra pública; por otro lado que el Estado compre el 25% de lo que producen los productivos de este sector; y la sanción de la ley de emergencia alimentaria.

Esta última ley se vuelve trascendente si se tienen en cuenta los últimos datos revelados por la UCA, que evidencian que el 33% de los niños y niñas recurren a los comedores populares como única instancia en la que acceden a un plato de comida, y que el 48% vive en la pobreza. Las cifras por la mala alimentación son de un 17,6%, mientras que los que directamente pasan hambre son un 8,5%.

Por último, antes de comenzar la reunión las voceras del FOL y del Frente Popular Darío Santillán expresaron su apoyo a la lucha de las mujeres por la sanción de la ley de Interrupción Legal del Embarazo, y manifestaron la necesidad urgente de sacar al aborto de la clandestinidad para que no siga habiendo muertes por esta causa.