El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel junto a Nora Cortiñas, integrante de Madre de Plaza de mayo Línea fundadora y organizaciones preocupadas por los derechos humanos de la niñez desde el ámbito social, cultural, político, universitario, sindical y eclesial en la República Argentina Convocan a una conferencia de prensa para denunciar la grave situación por la que atraviesa  la infancia en nuestro país. La cita es el viernes 11 de mayo a las a las 11 hs en la sala 5 de la Cámara de Diputados.

El amplio marco que impulsa estas acciones elaboró una carta con un petitorio para al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño con el propósito de que se intervenga en el país y se declare el estado de emergencia en materia de políticas de niñez y adolescencia, entre otras medidas.

En la carta se denuncia el accionar del Poder Ejecutivo, así como el Judicial y mediático, en los más recientes y a su vez emblemáticos casos de abuso de las fuerzas represivas estatales. El primero en ser nombrado es Facundo Ferreira, el niño tucumano de 12 años que fue asesinado de un tiro en la nuca por un efectivo. El poder político avaló por completo este tipo de prácticas de parte de las fuerzas policiales, aún cuando se habría probado que uno de los efectivos realizó el disparo a menos de dos metros y que los jóvenes iban desarmados.

Otro de los casos más visibles, y también descripto en la carta, fue el de Juan Pablo Kukoc asesinado cuando ya se encontraba neutralizado por las fuerzas de seguridad. El policía Luis Chocobar fue invitado a la Casa Rosada y recibió el reconocimiento del presidente Mauricio Macri y la ministra de seguridad Patricia Bullrich por constituir un “acto heroico”. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones ratificó la imputación y procesamiento de Chocobar por homicidio calificado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas resolvió medidas específicas sobre el uso de la fuerza frente a niños, niñas y adolescentes. Allí se indica que “Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego en este tipo de actuaciones”. Por lo que la manera de intervenir de las fuerzas policiales se encuentra fuera de los lineamientos elementales que definen el estado de derecho y la seguridad.

El documento también apunta a la persecución policial de los pueblos originarios, ejemplificando la brutal represión que sufrió el pueblo Wichi el 24 de marzo.  La policía de Formosa ingresó a los domicilios de la comunidad sin orden judicial de allanamiento y además, se llevaron detenidos a cuatro menores de edad. El pasado primero de abril hirieron gravemente a Roberto Frías, autoridad ancestral wichi. 

Por último, se hace hincapié en los casos de Santiago Maldonado, cuya desaparición seguida de muerte se dio en el marco de una represión ilegal por parte de la Gendarmería de Chubut, y en el caso de Rafael Nahuel quien fue asesinado en la misma provincia por la Prefectura Naval Argentina.

Según organizaciones sociales que recaban datos sobre los casos de gatillo fácil, en 721 días del gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos en manos de las fuerzas represivas del Estado. Además, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) informó que en 2017 al menos 69 asesinatos en Capital Federal y el Conurbano fueron llevados a cabo por policías fuera de servicio.

El petitorio exige que se conmine al Estado Argentino al cumplimiento cabal de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás Pactos de Derechos Humanos , la investigación y sanción de los responsables en los casos mencionados anteriormente, que se ponga especial atención en los casos de violencia policial a niños, niñas y adolescentes, y por último, que se declare el Estado de emergencia en materia de políticas de niñez y se inste a las fuerzas de seguridad al uso responsable y racional de la fuerza.