El pasado martes 20 de marzo comenzó a discutirse en comisiones el proyecto sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y se prevé que el debate dure alrededor de 2 meses hasta poder ser votado en el recinto. El movimiento de mujeres, disidencias y sobre todo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito viene poniendo el tema en agenda desde hace muchos años, tal es así que la iniciativa se ha presentado 7 veces, pero esta es la primera vez que alcanza estado parlamentario.

Esta es una gran oportunidad política para intervenir de manera masiva en el debate, elevar el piso de la discusión, y propagar las consignas, reivindicaciones y reclamos por los que se viene luchando desde hace años.

En Argentina existe la interrupción voluntaria del embarazo (ILE) que está permitida en casos de violación o en situaciones en las que esté en riesgo la vida de la mujer, pero sólo 8 provincias cuentan con protocolos para abordar estos procesos por lo que el acceso terminan siendo muy restringido. Además estas excepciones que plantea el ILE, lo que dejan entrever es que la mujer no tiene real autonomía para decidir sobre su cuerpo, sino que por el contrario se le otorga el derecho en casos extremos donde ya ha sido violentada su voluntad tras una violación o cuando ya no queda otra alternativa para evitar que su salud corra peligro.

Por lo que la mayoría de las mujeres termina realizando la interrupción del embarazo en clandestinidad. Esto genera que en nuestro país la principal causa de muerte materna por causas evitables es el aborto inseguro y se calcula que se realizan alrededor de 500 mil por año de los cuales unos 60 mil terminan en internación por complicaciones. Todos estos datos son estimativos porque al no ser una práctica legal no se cuenta con estadísticas oficiales lo cual dificulta aún más la posibilidad de pensar estrategias para influir en esta realidad.

En la provincia de Buenos Aires existe la Ley 14738 que garantiza las políticas orientadas a la promoción, y desarrollo de la Salud Reproductiva y la Procreación Responsable. Mediante esta normativa se crean las consejerías para la reducción de riesgos y daños en situaciones de embarazos no planificados. Las mismas deberían funcionar en los centros de atención primaria de la salud y en los hospitales con el objetivo de reducir la mortalidad de mujeres gestantes por abortos inseguros.

Las consejerías por lo tanto son espacios de escucha y contención, desde el cual se brinda información pre y post aborto. Pero la realidad es que su funcionamiento es limitado y no son conocidas a nivel masivo. Esto sucede porque en general los directivos de los establecimientos presentan muchas resistencias y ponen trabas para que los profesionales puedan llevarlas adelante, muchas veces controlándolos y hostigándolos.

La falta de información genera una situación de mayor desprotección y riesgo, sobre todo para mujeres de menos recursos que no tienen donde recurrir, mientras que aquellas que pueden hacerlo en una clínica o con un profesional deben pagar desde 10 mil a 20 mil pesos según datos de la organización Economía Feminista. Esto produce un mercado negro de especulación y enriquecimiento de algunos sectores, sobre todo médicos, clínicas privadas, farmacias y personas que venden pastillas de manera ilegal. Según datos publicados por Diario Perfil, los abortos clandestinos mueven alrededor de 7.500 millones de pesos por año.

Qué sucede en los barrios

En el último tiempo la discusión acerca de la legalización del aborto estuvo en boca de todos. Uno de los primeros en salir a hacer declaraciones fue el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois, quien dijo que muchas mujeres integrantes de su organización estaban en contra y agrego que quería “ser respetuoso de muchas compañeras de los barrios y las cooperativas que es una voz que no se escucha mucho y se sustituye por una voz de otra clase social”.

Es real que en los movimientos sociales y en los sectores más humildes hay muchas mujeres que están en contra de la legalización del aborto. Esto se debe a múltiples razones, entre las que se puede contemplar la cultura machista en la que vivimos y por la cual muchas veces la decisión final sobre los cuerpos femeninos la tienen los maridos, forzando a sus parejas a cumplir el mandato de mujer = madre; Y por otro lado la fuerte impronta de la educación e intervención religiosa en la vida de las mayorías populares.

Pero luego de varios años de militar en un movimiento territorial como es el Frente de Organizaciones en Lucha, puedo asegurar que para nada este es un problema que proviene del interés de otra clase social. Las prácticas abortivas son realizadas de manera cotidiana por muchas de las compañeras que integran la organización sean de cualquier credo, edad y nacionalidad. Esta realidad se profundiza ante un contexto de ajuste económico y aumento de la desocupación, en el cual en familias numerosas se hace imposible pensar la posibilidad de mantener otro hijo.

Por lo tanto, más allá de no tener una posición unánime como movimiento, es una discusión que atraviesa directamente a los sectores populares y más teniendo en cuenta que las que mueren son en su mayoría mujeres pobres que no pueden acceder a pagarlo.  Además cabe destacar que son las más criminalizadas, maltratadas y perseguidas por las instituciones. El caso más emblemático fue el de Belén, la joven tucumana que estuvo casi tres años presa a raíz de que los médicos la denunciaron por hacerse un aborto. Tiempo después se confirmó que había sido espontáneo y gracias a la lucha del movimiento de mujeres se logro su absolución.

Por lo tanto, esto debe abordarse como una problemática de salud pública y retomar la consigna principal de la Campaña que es: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Se trata entonces de una establecer una intervención integral, en la cual se propicie que las mujeres tengan otras herramientas antes de llegar a la instancia de realizarse un aborto.

La no legalización lo único que garantiza es que las mujeres seguirán practicándose abortos en clandestinidad y en soledad, padeciendo el estigma social, el silencio al no poder hablar del tema abiertamente y poniendo en riesgo sus vidas.