Días claves
¿Otro mendozazo? La provincia vuelve a tomar las calles en defensa del agua y en rechazo a la megaminería
Pese a las abundantes pruebas sobre los daños que acarrea la megaminería metalífera, la Cámara de Diputados mendocina ya le dio media sanción a lo que se conoce como proyecto San Jorge; el próximo martes será el turno de conocer la decisión de la Cámara de Senadores.
La sociedad mendocina vuelve a salir masivamente a las calles para rechazar el nuevo intento de aprobar un proyecto de megaminería metalífera. La semana pasada, la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Mendocino (ex San Jorge) y el martes 9 de diciembre sesionará la Cámara de Senadores. Frente a esto, miles de personas se reunieron en movilizaciones, ruidazos, acampes y actividades que se espera que continúen a lo largo de toda la semana.
El PSJ Mendocino, es el mismo proyecto San Jorge que fue rechazado en el año 2011 y que ahora vuelve a presentarse con otro nombre. A tal punto es el mismo, que ni siquiera actualizaron los estudios de agua disponibles en la actualidad. La Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, la UNCuyo, el Conicet y diversas organizaciones vecinales y sociales remarcan que la DIA elaborada por la empresa presenta muchas irregularidades e inconsistencias.
Algunos de los puntos que no contempla la DIA, tienen que ver con: no tener en cuenta el cambio climático y los escenarios futuros sin mina; no consultar previamente a las pueblos originarios tal como establece el Convenio 169 de la OIT; no se evalúan de forma adecuada los riesgos para la salud ni el impacto en la biodiversidad; no se protege el patrimonio paleontológico; y carece de un plan claro de cierre de mina y monitoreo post-explotación.

Magda, militante del Frente de Organizaciones en Lucha, una de las organizaciones sociales que participa de las asambleas y las movilizaciones, señaló que incluso existía una investigación exhaustiva por parte de trabajadoras y trabajadores del Conicet sobre las consecuencias ambientales, sociales y de salud que acarreaba este proyecto. Dicho trabajo se encontraba publicado en la página web del organismo y fue retirado hace algunos días. En cambio, se publicó una declaración en favor del proyecto San Jorge. “Claramente los directivos de Conicet están totalmente alineados con Cornejo. Entonces también apoyamos a los trabajadores de Conicet con los que hemos estado en total comunicación y han hecho trabajo científico que prueba porque San Jorge no tiene que seguir adelante”.
“La fuerza y la energía siguen porque sabemos que tenemos que tirar esa Declaración de Impacto Ambiental. Aceptar la derrota no es posible, porque es aceptar que el proyecto San Jorge explote nuestra montaña y nuestra agua, y significa que sea el primer proyecto de extracción de cobre en Argentina” expresó Magda.
En los años ’90 cuando los proyectos de megaminería cobraron su gran impulso de la mano del menemismo, las consecuencias que acarreaba este tipo de actividad eran desconocidas para las poblaciones en las que se emplazaban. En aquel momento, se logró instalar con rapidez y eficacia el mito del progreso económico, de trabajo y de lo inocuo de este tipo de actividades.
Pero hoy en día, las consecuencias de las actividades mineras son ampliamente conocidas y las mentiras y engaños que intentan instalar las empresas y los gobiernos ya no pasan inadvertidas. Esto se debe a la experiencia de lucha acumulada por diversas comunidades, que van desde Andalgalá en Catamarca (como primer hito de megaminería a cielo abierto en Argentina) hasta cientos de pueblos de toda Latinoamérica que se organizan contra el saqueo de este tipo de emprendimientos.

Las y los mendocinos son parte de esa tradición de lucha en defensa del agua. En el año 2007 lograron sancionar la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico que se utilizan para separar los minerales de la roca y que son una de las principales responsables de dañar los recursos hídricos. Dicha normativa, fue conquistada tras un proceso de organización popular y fue defendida en el 2019 cuando el entonces gobernador Rodolfo Suarez impulso su modificación para dejarle el camino allanado a las mineras.
“En el 2019 empezamos siendo unos pocos miles, las asambleas que siempre están. Después terminamos en la marcha más grande que ha tenido Mendoza en su historia, con 80 mil personas. Te cruzabas con tu vecino, vecina, con tu compañero de la primaria, tu familia y esta vez va a pasar lo mismo porque Mendoza se organiza y sabe que el agua es muy importante” aseguró Magda. En el 2019 el contundente rechazo hizo que las y los legisladores tuvieran que dar marcha atrás con la reforma, transformándose así en un hito muy importante en la defensa del agua.
Ahora, la llama vuelve a encenderse al calor de esta nueva amenaza. Este modo de lucha es el mismo que se repite en todas las comunidades que se encuentran acechadas por los proyectos megamineros desde hace muchos años: cuando el ataque no es tan palpable la movilización se apacigua, pero cuando empresarios y políticos piensan que el pueblo está distraído, el gigante se despierta y vuelve a copar las calles. Es la única forma para sostener la batalla por tantos años y habla de la tremenda convicción, seguridad y conocimiento que han forjado las comunidades respecto a estos temas.
Pese a esto, el escenario se plantea complejo. El gobierno provincial en completa sintonía con el nacional de Javier Milei, se encuentra envalentonado luego de los resultados de las últimas elecciones y parece venir por todo. Habrá que ver si el pueblo logra torcerles el brazo y volver a dejarles bien en claro que el agua de Mendoza no se negocia.