Agosto es el mes donde se celebra a las infancias y más allá del día comercial para hacer regalos, en todo el país se realizan festejos y actividades para las y los más pequeños. Pero ya desde hace tiempo, que la niñez en nuestro país viene siendo golpeada por las políticas neoliberales y de ajuste. En particular desde la asunción de Javier Milei, la situación ha empeorado radicalmente: 8,6 millones de niñas, niños y adolescentes experimentan carencias graves. 

Si una familia de cuatro integrantes no cuenta con ingresos para cubrir los 873 mil pesos que representa la Canasta Básica Total, sus miembros se encuentran en una situación de pobreza extrema o indigencia. En 2023, 630 mil menores se incorporaron a los hogares indigentes. Unicef realizó un informe que tituló “El hambre no tiene final feliz” y mostró que en Argentina más de 7 millones de niños y niñas viven en la pobreza monetaria y un millón se van a dormir sin cenar por falta de dinero. 

El informe de Unicef también muestra qué otros efectos además de no comer tiene el empobrecimiento de los hogares. Así el 23% de los hogares indicaron que, por falta de dinero, se dejaron de comprar medicamentos y en el 32% redujeron los controles médicos y odontológicos. En algunos casos, estas restricciones también tienen impacto sobre sectores medios: el 9 % de los hogares tuvieron que darse de baja de la prepaga o cambiar a las niñas y niños de escuela por no poder pagar la cuota. En el 52 % de los casos, los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, 11 puntos más que en 2023.

Esta situación se da además en un contexto en el que el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello decidió, desde un comienzo de su gestión, retener millones de kilos de alimentos en galpones. Luego de largos meses en los que la ministra afirmaba que la mercadería se estaba distribuyendo y que en realidad el problema era que había muchos comedores que no existían y que vendían los productos, se supo que el gobierno tenía la decisión deliberada de no entregar la comida. Pese a que la justicia ya instó en varias oportunidades a que el ministerio diseñe un plan de distribución, Pettovello destina su tiempo a apelar dichas medidas, en una actitud totalmente descarnada de crueldad y falta de escrúpulos. 

A su vez, en el documento realizado también por Unicef que se denomina “análisis transversal del presupuesto 2024” sobre niñez, se muestra una caída del 75% del crédito vigente en partidas centrales, en comparación al mismo periodo en 2023. Esto es lisa y llanamente ajuste económico que vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes porque implica restricciones vinculadas a políticas sensibles para la niñez y la adolescencia, como asignaciones familiares, políticas alimentarias, apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, fortalecimiento de jardines infantiles, infraestructura, equipamiento educativo, etc. 

Pero no sólo empobrecen y hambrean a la niñez, sino que el gobierno presentó un proyecto de Ley para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años, con penas que alcanzan hasta los 20 años de prisión. Lejos de proyectar espacios para acompañar a la niñez y a la juventud, garantizar sus derechos, escucharlos y brindarles espacios de contención y crecimiento, el único proyecto que el gobierno piensa para el sector es la cárcel a temprana edad, contrario a la Convención de los Derechos del Niño y a toda la doctrina internacional.

La iniciativa que promueve la mano dura con niñxs y adolescentes se basa en una serie de argumentaciones que no tienen sustento estadístico y que por el contrario se basan en prejuicios y estigmatizaciones. Tanto la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, plantean que muchos de los delitos son cometidos por jóvenes menores de 16 años, pero los números muestran lo contrario. 

La abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Claudia Cesaroni, sin embargo, rechazó esa afirmación a la que catalogó directamente de "mentira". "En la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, solo uno fue menor de 16 años y 6 seis tenían 16 o 17. En la Provincia hubo 924.492 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), y 645 homicidios dolosos. En el sistema penal juvenil, hubo 22.018 IPP, poco más del 2 por ciento del total, y 61 homicidios dolosos cometidos por adolescentes de 16 o 17 años, es decir, menos del 10 por ciento del total de homicidios", sostuvo referencia a la postura del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas: "El Comité encomia, es decir elogia, a los Estados partes como la Argentina que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, e insta a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención", advirtió

 Al gobierno de Milei le conviene no hablar del tema de fondo: la desigualdad y la pobreza estructural que atraviesa a las pibas y pibes. Ante el desmantelamiento del Estado con la quita de presupuesto en políticas públicas, el gobierno sabe que es posible que aumenten los delitos y por eso quieren darle vía libre a las fuerzas de seguridad. “El ajuste no pasa sin represión”, un análisis que las organizaciones sociales advierten desde su experiencia de lucha, vuelve a ser atinado en este momento donde defender los derechos de las infancias es más que nunca una tarea fundamental.