sábado 22 de junio de 2024 - Edición Nº2333
Frente de Organizaciones en Lucha » Comunicados » 16 ene 2024

derecho a la vivienda

Ni bandas delictivas ni represión estatal: tierra para vivir

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha exigimos  justicia por las víctimas de la masacre del barrio 8 de diciembre en González Catán, en La Matanza. 


La crisis habitacional que sufren millones de personas en el país, aparejado con el déficit en políticas públicas que aborden la problemática. Ha llevado a que miles de familias, que no tienen otra forma que acceder a un lote o vivienda, tengan que recurrir a tomas o procesos de recuperación de tierras. Esta desprotección estatal trae consigo condiciones para que bandas narcos y delictivas armen sus negociados.

Quienes gestionan los distintos estamentos del Estado parecieran no poner en agenda la situación que atravesamos los sectores populares que quedamos asfixiados entre el hacinamiento y la imposibilidad de sostener alquileres usurarios.

Las estadísticas hablan por sí mismas.  Si se analizan los datos proporcionados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en 2022 se contabilizaban unos 5.687 barrios populares, siendo que en 2016 eran 4.416. Es decir, en 6 años se conformaron unos 1271 conglomerados urbanos precarios. Estas barriadas carentes de cloacas, agua potable y gas natural se han desarrollado en gran medida por ocupaciones. En total, en el país unas 5 millones de personas viven en barrios, asentamientos y villas, concentradas principalmente en Buenos Aires (1933), Santa Fe (408), Chaco (401) y Misiones (375). Para peor, algunas proyecciones sostienen que el costo de “integrar” la totalidad de los barrios del RENABAP ronda los 26.000 millones de dólares. Todo pareciera caer en saco roto,  si consideramos que en 2017, uno de los años con mayor ejecución de fondos, solo cubrió el 0,06% de la demanda total cuando los asentamientos se incrementaron en torno al 1,3% anual. 

Para peor, el DNU y la ley Ómnibus impulsada por el gobierno de Javier Milei agrava la situación para los próximos años, otorgando más impunidad a las inmobiliarias en la negociación de los contratos de alquiler, al tiempo que pretende eliminarles el impuesto que grava la venta de propiedades. Todo esto, sin ningún tipo de política de acceso a la tierra o vivienda para la clase trabajadora.
Somos conscientes que esta problemática es una expresión más del capitalismo y su lógica expropiatoria de los bienes comunes. La paradoja en este caso, es que nuestras manos construimos los edificios de las grandes ciudades, esos que permanecen deshabitados mientras nuestras vidas quedan atadas a la voracidad de la especulación inmobiliaria.

Lo ocurrido en La Matanza es tan solo un ejemplo de un fenómeno que atraviesa a todo el país y sobre el cual no se ha resuelto ninguna intervención que ponga freno a la especulación inmobiliaria , a los countries ,y a las bandas delictivas que actúan, muchas veces bajo el resguardo del poder político y hasta del poder narco como ocurre en Rosario y amenaza a extenderse a Buenos Aires y todo el país. 

Como lo hicimos en Guernica y en varias experiencias de recuperación de tierras, es necesario fortalecer y empoderar una perspectiva propia desde los movimientos sociales y los sectores populares en general que garantice el acceso a la tierra y la vivienda a millones de familias trabajadoras.

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