El jueves 10 de agosto la policía de la ciudad reprimió una asamblea que estaba terminando, organizada por militantes de la organización Rebelión Popular, Votamos Luchar y Fogoneros en el Obelisco porteño. Durante el operativo iniciado de manera sorpresiva asesinaron al periodista y militante Facundo Molares Schoenfeld. Murió luego de que policías lo tiraran al suelo, golpearan y asfixiaran. Aún así la mayoría de los medios comerciales hegemónicos dijeron que Facundo ya tenía problemas de salud y calificaron el asesinato como un «incidente» o «muerte por descompensación». 

Lo mismo hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que respaldó el accionar asesino de la fuerza que conduce su ministro de Seguridad Eugenio Burzaco. Este personaje es el mismo funcionario que en Neuquén estuvo al mando de las fuerzas policiales que asesinaron al docente Carlos Fuentealba. El asesinato de Facundo Molares, la golpiza y detención de cinco personas quedó registrado por la fotoperiodista Susi Maresca y quienes pasaban por ahí, así como por las cámaras de seguridad.

“Las organizaciones populares y nosotres como FOL, repudiamos el accionar de la policía y del Estado, quien nuevamente brilló por su ausencia e incluso algunes candidates, entre elles Patricia Bullrich quién dió su pésame a la familia de Facundo, pero adosando su muerte a una descompensación y no debido a la represión” expresaron desde el Frente de Organizaciones en Lucha al día siguiente del asesinato cuando a nivel nacional salieron a las calles para pedir justicia.

El caso de Facundo no es un caso aislado: lo mismo sucedió con Santiago Maldonado, quien el 1° de agosto de 2017 participaba de un corte de ruta en Chubut organizado por la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen por la recuperación de la libertad del lonko, en el marco de la lucha por la restitución de las tierras ancestrales que ocupa el empresario Benetton. Gendarmería llegó sin orden judicial y empezó a darles caza hasta el río donde según los testigos y fotagrafías no logró cruzarlo y fue alcanzado por los gendarmes.

Su cuerpo fue hallado flotando río arriba el 17 de octubre, 78 días después y luego de haber hecho varios rastrillajes en esa misma zona. Se hicieron marchas pidiendo justicia y se abrieron dos causas judiciales, una para investigar su desaparición, que terminó cerrándose con el argumento de que Santiago murió ahogado. El mismo juez, Gustavo Lleral sobreseyó a todos los gendarmes. Según él los gendarmes no tuvieron nada que ver y Santiago se murió porque no sabía nadar o se hundió en un pozo en el río. Pero la familia de Maldonado y las organizaciones siguen buscando justicia para que se investigue a Patricia Bullrich, ministra de seguridad en ese entonces, a la gendarmería y a la misma justicia que permite la impunidad.

De la misma manera que Facundo Molares no murió por una descompensación, sino que fue golpeado y asfixiado por la policía de Larreta, Walter Bulacio en 1991 no falleció por un aneurisma cerebral sino a manos de la policía federal. La crisis no causó la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en 2002, sino que su asesinato fue cometido por la policía bonaerense durante una manifestación en Avellaneda y ordenado por el gobierno de Duhalde. Ezequiel Demonty (2002) no se ahogó en el Riachuelo, fue obligado a tirarse por la Policía Federal bajo amenaza de muerte. Luciano Arruga en 2009, no sufrió un accidente, fue asesinado y desaparecido por la policía bonaerense porque se negó a robar para ellos. Facundo Astudillo Castro (2020) no murió ahogado, fue torturado, asesinado y desaparecido por la policía bonaerense. Florencia Magalí Morales (2020) no se suicidó en una comisaría, se comprobó que fue estrangulada por la policía de San Luis.

“Este acto de violencia estatal es totalmente impune, demuestra que, diferente a lo que el general de la población cree, no les importa cuidar, sólo está instalado dentro de las fuerzas policiales reprimir con violencia a cualquier costo para defender al poder de turno” dicen desde el FOL.

Según el informe de Correpi de 2022 son 8.701 las personas asesinadas por el aparato represivo, en sus distintas modalidades y por sus distintas fuerzas. El archivo de la Coordinadora contra la Represión Policial expone que el asesinato sistemático es una de las principales deudas de la democracia con el pueblo trabajador pero no es simple encontrar justicia porque son prácticas que necesita el gobierno para que el capitalismo siga siendo el sistema imperante.

El circuito represivo no culmina con el asesinato en manos policiales, sino que continúa con el proceso de silenciamiento del pedido de justicia, tergiversación de la información y aleccionamiento de la población. Ha pasado una semana del asesinato de Facundo Molares y los medios hegemónicos ya no hablan de esto, solo del resultado de la elección presidencial que tuvo como ganador a Javier Milei, líder de la ultraderecha liberal. Muy cerca quedó Patricia Bullrich, quien tampoco va a ser condescendiente con la clase trabajadora, menos con les manifestantes ni con la población general, tampoco con la educación ni la salud. En cambio, privatizar es de las primeras medidas que tomarán beneficiando a grandes empresarios del país e incluso capitales trasnacionales. Reflejo de esto es el desalojo del corte en Purmamarca por Gerardo Morales, candidato perdedor de Juntos por el Cambio, quien también ordenó quemar sus pertenencias y donaciones, prohibiéndoles el derecho a protestar al costado de la ruta.

“Entendemos que este hecho se relaciona con la intención de ciertos sectores de limitar el derecho a la protesta y a la organización, que es parte de los derechos democráticos básicos. Señalamos la responsabilidad política del gobierno de Larreta y denunciamos fuertemente todo intento de tergiversar lo sucedido. También entendemos que esto es parte de un mensaje político, por un lado para quienes luchamos como un gesto que busca disciplinar. Da cuenta de una política que atenta contra las libertades democráticas. La naturalización del pedido de mano dura ampliamente difundidos en los medios hegemónicos de comunicación, tiene sus consecuencias y justificaciones por parte de sectores reaccionarios y conservadores de la sociedad” argumentaron desde el FOL. 

¿Quién fue Facundo Molares?

“Facundo era militante social internacionalista, fotoperiodista y ex preso político. Un luchador que se siente compañero cercano más allá de las distancias geográficas” lo describen compañerxs del FOL. Era comunista y militante del Movimiento Rebelión Popular. Tenía 48 años, había nacido en el oeste de Gran Buenos Aires en José C Paz. Su familia se trasladó a Chubut pero él volvió a Buenos Aires a terminar el secundario y militó en el barrio porteño conocido como Villa 1-11-14. Participó en la movilización con todo el barrio a Plaza de Mayo para enfrentar al gobierno de la Alianza y luego comenzó a viajar por el norte del país. 

Pasó por Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador hasta que se afincó en Colombia. Allí trabajó en la construcción haciendo changas y conoció a campesinos desplazados y familiares de personas asesinadas por los paramilitares encubiertos por el Estado. Entonces decidió sumarse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). 15 años después volvió a Argentina y trabajó como comunicador popular decidiendo en 2019 cubrir el golpe de Estado en Bolivia en el que derrocaron a Evo Morales y se instauró el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Estando en Montero, Santa Cruz de la Sierra, resultó herido de tres balazos mientras cubría una represión de la policía a manifestantes. Fue detenido por los golpistas y acusado de “terrorista”.

“Estuve a punto de morir, 23 días en coma inducido, y los médicos que me salvaron terminaron presos. Perdí casi toda la visión en el ojo derecho”, relató en una entrevista a la revista Cítrica. Estuvo preso un año y un mes en una cárcel de máxima seguridad. Como estaba detenido en muy malas condiciones de alojamiento y alimentación, se enfermó dos veces de coronavirus y su salud quedó maltrecha. Finalmente, por la lucha de diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, en diciembre de 2020 logró regresar a Argentina. Casi un año después de volver a su país, el 7 de noviembre de 2021, Facundo fue detenido en la ciudad de Esquel por un operativo conjunto de Interpol y la Policía Federal. El ministro de Seguridad Aníbal Fernández comandó la acción desde Buenos Aires y llegó a celebrar la detención en sus redes sociales.

Parecía que la extradición era un hecho. Pero el 6 de julio de 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia suspendió el pedido, atendiendo los argumentos y fundamentos de la extendida red de organizaciones solidarias con Facundo, que incluía a abogados que habían participado de la redacción misma de los acuerdos de paz. Pero el Estado argentino se tomó casi un mes más para dejarlo salir y recuperó la libertad el 29 de julio del año pasado. Será recordado por su lucha anticapitalista e internacionalista.

Ante esta nueva avanzada represiva con el asesinato de Facundo Molares en medio de las elecciones donde el candidato más votado es el que propone la avanzada sobre los derechos de lxs trabajadores, el FOL reflexiona: “ sostenemos que la salida es en las calles y en unidad, defendiendo el derecho a protestar y a organizarnos. Nos quieren sumisxs, porque para ellos no importa el pueblo, les importa empuñar con poder un arma, un garrote y gobernar con violencia. Hoy más que nunca necesitamos memoria, porque los mismos de ayer vuelven por más, no los dejemos seguir destruyendo lo que día a día nos cuesta el alma. Necesitamos gritar por los derechos humanos y exigir justicia por Facundo Molares”

Fuente consultada: La Izquierda Diario y ANRed