Hace unos días atrás, la comunidad lgbtttiqnb+ de La Plata se encontró con un comunicado de la municipalidad que dispone que en 15 días se relocalizará la Zona Roja hacia una calle marginal donde limitan las jurisdicciones de tres municipios. El sitio donde siempre pararon las trabajadoras sexuales siempre estuvo en el barrio el Mondongo hacia 122 entre 52 y 55, zona del bosque y la facultad de humanidades.

Venganza Afectiva, espacio de coordinación conformado por el FOL, el FPDSCP y activistas independientes señalan que es la continuidad de la política punitivista hacia las travestis y trans, específicamente a quienes realizan trabajo sexual en la calle. 

Por eso convocan a una actividad el viernes a las 19hs en Plaza La Moma, como rebautizaron la Plaza de 1 y 66 donde asesinaron a una conocida travesti de 36 años con total impunidad en 2011. A través de realizar serigrafía callejera a la que llamaron Travesía Serigrafía, el objetivo es visibilizar la criminalización de las trabajadoras sexuales y pensar estrategias para derribar esta política. “Las organizaciones lgbt y trabajadoras sexuales vamos a dar la pelea para que las compañeras puedan laburar de manera autónoma y organizada”, dice Solana, compañera del FOL La Plata e integrante de Venganza Afectiva. La serigrafía forma parte del activismo travesti trans ya que se implementa en las intervenciones políticas y culturales de venganza Afectiva, y además realizan trabajos a pedido.

La decisión de reubicar la Zona Roja no sorprendió a las organizaciones sino que confirmó la connivencia entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de La Plata para criminalizar. “Estratégicamente relocalizan la Zona Roja porque habrá una garita policial cerca, osea es exponer a las compañeras a su principal verdugo, y a su vez la 122 es el límite con Berisso y Ensenada y eso significa un limbo donde no se sabe que va a suceder con las compañeras, es decir garantiza laxitud para que ningún municipio se haga cargo en el caso de que suceda algo grave con las compañeras” expone. 

Mientras la ley de Cupo Laboral Trans no se aplica de manera efectiva y las travestis sufren de lleno la precarización laboral, hace años que la localidad de La Plata lidera el ranking de la provincia de Buenos Aires donde se cometen más travesticidios. Que pase algo grave, “es lo que se perfila porque se las manda a un lugar apartado, a la boca del lobo, Si las situaciones que viven las compas hoy por hoy en un barrio céntrico como es el Mondongo, imagínate cómo van a escalar esas situaciones de violencia llevándolas a una zona tan marginal”, concluye Solana.

Para Venganza Afectiva lo que motoriza el traslado de la Zona Roja es la prioridad de concretar negocios inmobiliarios y el pánico moral que se construyó en torno a las trabajadoras sexuales. “Los manejos que tiene ese sector empresarial con la intendencia quedaron en evidencia a través del Código de (In)convivencia sancionado por la municipalidad que tiene que ver con limpiar la ciudad de gente que no es deseada: trabajadoras ambulantes, manteras, trabajadoras sexuales. Por eso hay que sacarlas y tener la ciudad al mejor estilo Larreta, así es cómo funciona la gentrificación”, dice Solana.

A su vez subrayan que la reubicación de la zona roja no sería posible sin la connivencia del estado provincial con el municipal y de organizaciones que no tienen independencia de los gobiernos. 

En diálogo con el programa de radio de Pulso Noticias, Solana también explicó que la situación actual del colectivo trans y travesti y en particular de las trabajadoras sexuales es la precarización y marginación. Señala que en estos años se vienen haciendo razzias policiales donde gran parte de las trabajadoras de calle están privadas de su libertad, a todas les arman causas en base a droga plantada, y algunas hace mucho tiempo que están encarceladas. Por eso, las posibilidades de armar estrategias de cuidado mermaron porque son muy pocas ya en la calle.

Este avance contra las trabajadoras sexuales fue motorizado principalmente por Sergio Berni, ministro de seguridad de Axel Kicillof desde 2019. El 3 de octubre de 2020 posteó un video sobre el secuestro de 3k de cocaína, marihuana y pasta base. La “gestión basada en hechos reales” presentaba el “desmantelamiento de una banda trans” y los medios de comunicación como el diario platense El Día comenzaron a hablar de “narcotravestis”.

En la histórica zona roja de La Plata existe una asamblea de vecinos ligados a Juntos por el Cambio que está ejerciendo una fuerte presión para expulsar a las trans.

La utilización del concepto vecinos (y la de narcotravestis) no es casual: «la construcción de sentidos sociales –escribió Laurana Malacalza en “feminismos y política criminal”– que se realiza a partir de la categoría de ‘vecinos’ –concebidos como sujetos de derechos y con capacidad para habitar y transitar determinadas zonas urbanas– y ‘travestis’ –asociadas a la criminalidad y la disrupción del espacio público– no resulta novedosa. Por el contrario, actúa como una fórmula capaz de iniciar los procedimientos de persecución, hostigamiento y detenciones de mujeres trans y travestis”. 

Por suerte, La Plata es una ciudad con muchas experiencias organizativas lgbtttiqnb+, muy heterogéneas y distintas entre sí, pero con muchos años de construcción de redes y de solidaridad. Venganza Afectiva conformado nació en 2020 en medio de la pandemia de coronavirus para luchar de forma independiente de los gobiernos y desde abajo por vidas dignas para la comunidad. “Abordamos ejes como trabajo, acceso a la salud, a la educación, generamos productivos, desarrollamos cultura propia con un programa de radio Venganza Radioafectiva y nuestro ya clásico carnaval travesti” dice Solana de la Torre, y completa: “Luchamos por los derechos de las trabajadoras sexuales, contra la represión, contra la encarcelación masiva de nuestras compañerxs”.

Así como se continuará la pelea para que no sean reubicadas hacia los márgenes, Venganza Afectiva también lucha para que el acceso al Cupo Laboral Trans no se limite a un grupo reducido de personas trans con secundaria completa o sin antecedentes penales.  “Son requisitos que parecen pensados para otra población que no es la que apunta el cupo” afirman y exigen además que se garantice el acceso a derechos vulnerados para esta población como la vivienda y la salud.