El próximo jueves 30 de marzo, se llevará a cabo en la localidad de Fiske Menuco (General Roca, Río Negro) una jornada en contra de la criminalización de la protesta. Más de una decena de organismos de Derechos Humanos nacionales y regionales se harán presentes en la localidad para solidarizarse con organizaciones protagonistas de procesos de lucha de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, que están siendo perseguidas por la justicia federal y provincial. 

En los últimos años la estrategia de armar causas judiciales ha sido la respuesta recurrente del Estado frente a la profundización del conflicto social. Tanto sectores del oficialismo como de la oposición, en distintas provincias, han recurrido a este mecanismo para criminalizar las formas organizativas de los movimientos sociales y otros espacios que luchan por una vida mejor. 

Esta es la situación que atraviesan dos integrantes del FOL en dicha localidad rionegrina. Se lxs acusa de diferentes delitos sostenidos en la demonización de las formas de organización independientes, autogestivas y democráticas de los sectores populares. 

Todo comenzó en febrero del 2020, cuando la policía federal allanó las casas de estos militantes y se llevó anotaciones, cuadernillos de formación, banderas, elementos de trabajo personal como computadoras y celulares, e incluso retuvieron el DNI de una de las integrantes del FOL. A partir de esto fue que se enteraron que existía una investigación desde el 2017 impulsada por el abogado Nicolás Suarez Colman quien en su momento pertenecía al PRO y que actualmente se encuadra en el partido de Milei. Además la denuncia había caído en manos del fiscal Alejandro Moldes y el juez Hugo Greca. Todas personalidades conocidas en la ciudad por su clara política anti-organizaciones y por sus discursos de odio hacia militantes sociales y políticos. 

La investigación se había mantenido en silencio durante años e incluía escuchas telefónicas y tareas de inteligencia de manera encubierta en los barrios donde la organización lleva adelante su trabajo cotidiano. Es decir, que se apuntaba a plantear como un delito las formas organizativas independientes y autogestivas que se discuten de manera democrática en los espacios asamblearios. 

¿Casos aislados o una nueva faceta represiva? 

Hace algunos días se cumplieron 47 años del inicio de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica y  los debates en torno a la democracia, los derechos humanos, la justicia y la participación fueron los ejes de este aniversario. En este contexto, en diferentes provincias se da un proceso de profundización de la persecución política a quienes se organizan y luchan, cuestión que amenaza nuevamente con quebrantar las libertades democráticas y el derecho a la organización popular. 

Son muchos los ejemplos que pueden nombrarse, sin ir más lejos está misma semana se desarrollaron cortes en diferentes puntos del país para pedir por la inmediata liberación de Lorena y Martín, dos militantes del Polo Obrero que fueron detenidxs y llevados a un penal por realizar una manifestación pacífica en el centro de la ciudad de Mendoza; también la provincia de Jujuy ha sido escenario de múltiples persecuciones y allanamientos a luchadorxs populares; en Chubut hay 21 personas imputadas por defender el agua; el pueblo mapuche aún reclama por las cuatro hermanas que continúan detenidas junto con sus niñxs, tras el feroz desalojo en Villa Mascardi; y en Buenos Aires el oficialismo fue el encargado de perseguir y encarcelar a quienes se manifestaron el año pasado contra el acuerdo con el FMI. 

Todos estos hechos no se pueden pensar como casos aislados, sino que se dan en un contexto de ajuste feroz que dictamina dicho organismo internacional y que el gobierno se encuentra empeñado a seguir al pie de la letra. Tal es así, que la ministra de Desarrollo Social en vez de impulsar políticas para atender la grave crisis económica que golpea a millones de personas, ha hecho del recorte de programas sociales una política de Estado y la ha acompañado de discursos estigmatizantes y criminalizadores contra las organizaciones. 

Históricamente las medidas de ajuste han conllevado una política represiva para acallar el descontento social que eso provoca. En Argentina hace 47 años se vivió una de las peores dictaduras en la historia: la instauración del neoliberalismo, la desindustrialización y la concentración de las ganancias en los sectores más poderosos, se llevó adelante con el exterminio de toda una generación que salió a la calle a enfrentar dichas políticas. 

Luego la siguiente gran crisis que se desarrolló a partir de los ’90 y que estalló en el 2001 se cobró la vida de 39 personas que salieron a manifestarse contra los atropellos del gobierno de La Alianza; mientras que en el 2002 el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki marcó un quiebre en los mecanismos represivos que utilizaría el Estado de ahí en adelante. Tras años de asesinatos por parte de las fuerzas estatales, los movimientos sociales dieron en ese momento una respuesta unificada y desde abajo que junto con los organismos de derechos humanos y los medios alternativos, logró ponerle un freno a la versión que quería montar el gobierno de Eduardo Duhalde para desligarse de lo ocurrido y desorganizar de una vez por todas a los movimientos de desocupadxs. 

Desde aquel momento, los partidos y funcionarios del poder aprendieron que deberían ejercer la represión bajo otros mecanismos, con otra cara. A su vez, la apertura de un ciclo político-institucional donde la clase dominante logró recomponer la gobernabilidad asentados en la reconstrucción de la legitimidad del Estado, no dio margen para seguir perpetuando la represión abierta y a sangre fría contra quienes salieran a la calle. 

Fue así que, en los últimos años, las medidas de persecución vía armado de causas judiciales tomaron vuelo y se volvieron una de las principales herramientas para acallar la protesta social. Sobre este punto no existen muchas diferencias entre el oficialismo y la oposición ya que ambos se han encargado de perpetuar este tipo de medidas cuando su poder se ve amenazado. Mucho se ha hablado en estas últimas semanas desde el oficialismo respecto al Lawfare, el “partido judicial”, etc. Pero quienes se enarbolan en ese discurso sostienen una doble vara descarada para ocultar su responsabilidad en la persecución hacia militantes sociales en distintos puntos del país. 

En este marco, discutir que organizarse no es un delito sino un derecho es fundamental para contrapesar y combatir los discursos que ponen el foco en los sectores empobrecidos como si fueran los culpables de la crisis que golpea a las grandes mayorías. A 40 años de la vuelta a la democracia, es imperioso sostener la solidaridad y la organización desde abajo para no permitir el amedrentamiento y el silenciamiento de las luchas populares.