martes 27 de febrero de 2024 - Edición Nº2217
Frente de Organizaciones en Lucha » Regionales » 23 mar 2023

Luchar por el agua no es delito: "Somos trabajadorxs peleando por condiciones de vida dignas"

Ante la avanzada judicial contra 23 vecinxs de Chubut criminalizados por haberse manifestado en contra de la megaminería en 2021, crece la campaña "Luchar por el agua no es delito" por el sobreseimiento y el cese de la criminalización de la protesta social. Entrevistamos a Matías del FAR, organización que articula con el FOL en Chubut.


Difundimos una entrevista a Matias, integrante del FAR, Frente Arde Rojo en Trelew, una organización que como el FOL integra la Coordinadora por el Cambio Social. Matías es una de las 23 personas criminalizadas por defender el agua en un corte realizado en mayo de 2021 en la Ruta 3. Hasta allí se dirigió gran parte de la población de Trelew, Rawson y Puerto Madryn luego de que la Legislatura de Chubut rechazase por 13 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, una iniciativa popular de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut que buscaba prohibir la megaminería en la provincia y que contaba con la firma de 30.000 firmas ciudadanas. 

 

FOL: Contanos por qué te encontras imputado en una causa penal

Matías FAR: Soy unx de lxs 23 vecinxs de Trelew, Rawson y Puerto Madryn criminalizadxs por defender el agua. La causa tiene que ver con una manifestación en la Ruta Nro 3, a la altura de Trelew, en la que cientos de personas participamos luego de que la Legislatura de la provincia rechace el proyecto de ley impulsado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut que llevaba la firma de más de 30.000 vecinxs de las distintas localidades, para que se prohíba definitivamente la megaminería en nuestro territorio. 

 

Ese proyecto de ley presentado por Iniciativa Popular ingresó a la legislatura justo el mismo día en el que ingresó el proyecto de zonificación del gobernador Mariano Arcioni (apoyado fuertemente por el gobierno nacional de Fernández), pero lo cierto es que sus caminos fueron diferentes: mientras la IP fue rechazada en mayo, la zonificación permaneció como amenaza latente hasta la última sesión, en la que los legisladores la aprobaron y desató la furia de todo el pueblo con el proceso de movilización masiva que significó el chubutazo, que logró derribarlo. El accionar de la legislatura demostró que no existe grieta entre los partidos patronales (Frente de Todos y Juntos por el Cambio) cuando se trata de extractivismo y saqueo de los bienes comunes.

 

FOL: ¿Por qué es importante organizarse y participar de multisectoriales, movimientos sociales, asambleas para defender el agua?

Matías FAR: Si no nos organizamos para pelear por nuestros derechos nos pasan por arriba. Estamos viviendo un momento en el cual Argentina y Latinoamérica profundiza la matriz extractivista. Esto significa una avanzada sobre bienes comunes tan preciados como el agua, pero también el deterioro de las condiciones de vida, porque no se está discutiendo un modelo de desarrollo, donde se genere trabajo y se mejore las condiciones de intercambio de nuestro trabajo con el del resto del mundo. Necesitamos organizarnos para defender lo que tenemos y también para pensar colectivamente alternativas a este modelo de saqueo que nos imponen desde arriba.   

 

FOL: ¿Cómo fue el desalojo que hizo la policía ese 6 de mayo de la ruta 3? ¿Había orden de desalojo? ¿Cómo fueron identificadas por la policía?

Matías FAR: El corte de ruta fue muy masivo y perduró por 72hs. Esa acción se dio en simultáneo con un corte de la ruta 40 en la comarca andina y la ocupación del municipio de Esquel. El desalojo se dictó desde el primer día, y desde ese momento el entonces ministro de seguridad, Federico Massoni, pedía al juez la autorización para ir a reprimir. Massoni es un personaje político del gobierno (que ahora se pasó a la UCR) que hacía demagogia con la represión (tal como Bulrich y Berni). Finalmente, cuando lo autorizaron, el gobierno desplegó un desmedido operativo con más de 300 policías de las diferentes divisiones especiales cuando eran las 3 de la madrugada. 

 

A mi me identifican porque fui una de las personas encargadas de negociar con los jefes de la policía la desconcentración sin que hubiera detenciones y violencia sobre las personas que estábamos ahí. Había niñxs, personas ancianas, no podíamos correr riesgo de enfrentar la violencia con la que venían a reprimirnos. Sin perjuicio de la negociación, la policía no cumplió el acuerdo, se llevó 3 personas detenidas y comenzó a identificar a mansalva a todas las personas que estaban ahí, para después encausarlas. Por eso somos 23 imputadxs.

 

FOL: ¿Qué carátula tienen las causas que le abrieron a las 23 personas procesadas?

Matías FAR: La carátula o delito que se nos imputa es el que está tipificado en el art. 194 del Código Penal, que sería por "entorpecimiento de servicios públicos". Vale decir que este artículo fue creado en la dictadura de Onganía y su redacción está directamente asociada con la criminalización de la protesta, ya que es una figura tan amplia que cualquier conducta de personas o grupos que lleven adelante una medida de fuerza, puede verse contemplada en ella. Es urgente que ese tipo de artículos se deroguen ya que están en plena contradicción con los derechos democráticos que deberíamos poder ejercer.

Este 16 de marzo las 23 personas imputadas realizaron una conferencia de prensa en la legislatura provincial de Chubut , la misma que descartó la Iniciativa Popular. Allí lxs imputados reclamaron el sobreseimiento, el cese de la criminalización de la protesta social y ratificaron que luchar en defensa del agua no es un delito.

 

También apuntaron contra el juez Lleral que postergó nuevamente, y dos días antes del comienzo, las audiencias de quienes están imputadxs por manifestarse a favor de la 2da Iniciativa Popular y del agua. “Esto demuestra otra vez, que se trata de una persecución contra todo el pueblo de Chubut que sale a luchar contra la megaminería y el ajuste, el delito penal se está utilizando para perseguir a quienes salimos a luchar” expresaron.

 

En la conferencia también denunciaron que la criminalización de la protesta es una política de estado que aplican todos los gobiernos provinciales y el gobierno nacional para avanzar con el saqueo extractivista y el ajuste al servicio del FMI. Muestra de ello es la represión a docentes en Jujuy y la detención de compañerxs del Polo Obrero que luchaban por un trabajo digno. La jornada nacional que realizó la Unidad Piquetera en las calles logró su liberación pero aún falta su desprocesamiento.

 

“También se encuentran todavía detenidas 4 hermanas Mapuche por defender el territorio, y son perseguidas las y los hermanos de la Lof Cayunao por defender las nacientes del río Chubut. Tenemos también 16 vecinxs imputados por el chubutazo y fue condenado el ex secretario general de la ATECh Santiago Goodman. Compañeros de todos lados enfrentan causas por luchar, como en Andalgalá y Las Heras por luchar también por el agua, como César Arakaki y Daniel Ruiz por la reforma jubilatoria” expresaron.

 

Y es que para diciembre de 2021, una vez iniciada la pueblada que consiguió la derogación de la ley minera en siete días de protestas, la justicia chubutense otra vez recayó sólo en lxs manifestantes. 

Mientras la justicia cerró al menos 15 causas en las que debía investigar la represión desatada que dejó heridos graves, incluso un manifestante perdió un ojo y una manifestante fue abusada sexualmente. No hay responsables políticos imputados.

 

FOL: ¿La imputación en mayo amedrentó a las personas imputadas al punto de pensar en dejar de participar de las protestas cada vez más masivas en contra del proyecto de zonificación minera? 

 

Matías FAR: Es verdad que la criminalización busca aleccionarte a vos, como imputado y a todo el resto poniéndote de ejemplo lo que te va a pasar si seguís luchando. Pero en nuestro caso no fue así, no solo que no dejamos de luchar sino que las protestas se fueron haciendo cada vez más grandes, al punto de llegar al chubutazo donde se le puso fin a la intención de zonificar y se le mostró el límite al gobierno de lo que el pueblo no está dispuesto a tolerar. A su vez, cuando nos comenzaron a notificar de la causa automáticamente nos organizamos: muchxs no nos conociamos, asi que nos empezamos a buscar, a generar reuniones, a buscar a asesoramiento legal, a pensar campañas de difusión y a darnos fuerzas para no tenerle miedo a la justicia porque desde el principio estuvimos convencidxs de que luchar por el agua no es ningún delito, que no somos criminales, sino que somos trabajadorxs peleando por condiciones de vida dignas, por una tierra sin contaminación, por agua y aire puro para nosotrxs y las futuras generaciones.


 

 ¿Hay alguna campaña para ayudar a costear abogadxs y defensa?

Matías FAR: Hay una campaña nacional que estamos impulsando para difundir nuestra situación bajo la consigna "lucha por el agua no es delito". Igualmente creo que no solo lxs activistas socioambientales somos víctimas de la criminalización, sino que también la ofensiva se expresa contra los pueblos originarios, las organizaciones sociales y lxs trabajadorxs. Tenemos que hacer el esfuerzo por unir esas luchas, ningunx luchadorx criminalizadx debe quedar aislado, en definitiva somos trabajadorxs luchando para vivir en nuestra tierra, sin hambre, saqueo y contaminación.

 

 

La movilización popular más grande de la historia de Chubut tuvo como objetivo común la defensa del agua. La aprobación ilegítima de la megaminería empujó al pueblo a la calle. La rabia organizada en asambleas a lo largo del territorio fue incontenible: la represión del gobierno aunque fue feroz, no pudo pararla.

El contexto lo explica: Chubut es una provincia inmersa hace años en una crisis sin fin con consecuencias sociales cada vez más graves. El descontento creciente transformado en hartazgo ante el gobernador Mariano Arcioni tiene su explicación en que la aplicación de políticas de ajuste constantes (recortes en Educación y Salud) y que tiene como enemigos a trabajadorxs estatales y defensorxs del ambiente.

 

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