Sin agua no hay vida. Para el Día Internacional del Agua 2023, el organismo de las Naciones Unidas (ONU) alerta por el “riesgo inminente de una crisis internacional” de la “sangre vital de la humanidad”. Para entender cómo llegamos a este punto hay que abordar el impacto de la matriz productiva y energética extractivista que se desarrolla en todo el mundo con consecuencias desastrosas para el acceso al agua. 

El informe destaca que en todo el mundo, 2.000 millones de personas -alrededor del 26% de la población- carecen de agua potable y 3.600 millones -46%- no tienen acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. Asimismo indica que entre 2.000 y 3.000 millones de personas sufren "escasez de agua durante al menos un mes al año", con "graves riesgos" de acceso a la electricidad y a alimentos.

En América Latina el modelo extractivista es impulsado sistemáticamente por los gobiernos como un instrumento de la acumulación capitalista. Las empresas en su mayoría multinacionales explotan tanto a lxs trabajadorxs como al agua entre otros recursos para incrementar sus ganancias y así destruyen al medioambiente y generan la escasez, la contaminación y la ausencia del agua en las comunidades.

Pero desde hace años que las comunidades originarias, movimientos sociales organizados en asambleas defienden los territorios y el derecho al agua potable. Como respuesta, los sucesivos gobiernos y el poder judicial que defiende los intereses de las empresas persiguen y criminalizan a los y las militantes.

Matias es integrante del FAR Chubut y es unx de lxs 23 vecinxs de Trelew, Rawson y Puerto Madryn criminalizadxs por defender el agua.  La causa tiene que ver con una manifestación en la Ruta Nro 3, a la altura de Trelew, en la que cientos de personas participaron luego de que la Legislatura de la provincia rechace el proyecto de ley impulsado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut que llevaba la firma de más de 30.000 vecinxs de las distintas localidades, para que se prohíba definitivamente la megaminería en su territorio. 

“Ese proyecto de ley presentado por Iniciativa Popular ingresó a la legislatura justo el mismo día en el que ingresó el proyecto de zonificación del gobernador Mariano Arcioni (apoyado fuertemente por el gobierno nacional de Fernández), pero lo cierto es que sus caminos fueron diferentes” dice Matias. 

“Mientras la IP fue rechazada en mayo, la zonificación permaneció como amenaza latente hasta la última sesión, en la que los legisladores la aprobaron y desató la furia de todo el pueblo con el proceso de movilización masiva que significó el chubutazo, que logró derribarlo. El accionar de la legislatura demostró que no existe grieta entre los partidos patronales (Frente de Todos y Juntos por el Cambio) cuando se trata de extractivismo y saqueo de los bienes comunes”.

Pablo, también integrante del FOL Chubut, cuenta cómo sigue la lucha por el agua en esta provincia que desde hace 20 años construyó el poder popular suficiente para seguir reafirmando el rechazo a las corporaciones megamineras y a los gobiernos funcionales a estas transnacionales.  “Si uno camina por las calles y le pregunta a cualquier persona si quiere minería te responde que no y eso es por el trabajo de tantos años de las asambleas” explica.

En Chubut el extractivismo en la modalidad de explotación petrolera implica un consumo desmesurado de agua que es escasa de la cuenca del río Chubut. En la zona de la meseta patagónica el clima semidesértico implica de por sí condiciones hídricas limitadas. Las poblaciones intentan abastecerse por dos ríos.

“El mayor es el Río Chubut que alimenta a más de la mitad de los habitantes de la provincia, la recorre desde la cordillera hasta el mar” cuenta Pablo e indica que  “debido al cambio climático y al mal manejo ha ido perdiendo caudal”. 

“Ciudades de la costa como Madryn o Trelew en verano sufren la falta de agua. Además para la comunidades de la meseta las explotaciones de las mineras han afectado a las napas también y han dejado a las poblaciones originarias sin agua muchos meses. También el monocultivo de pino en la cordillera impacta en la cantidad de agua que trae nuestro Río Chubut” expone.

 La otra fuente hídrica es la Cuenca del Río Senguer que está en la zona sur de Chubut y alimenta a Comodoro Rivadavia. “También tiene afectado el acceso al agua debido a la explotación del petróleo desde hace más de cien años. Había dos lagos, Colehuel Huapi y el Muster, al primero lo secaron y así perdimos un lago entero por el tema de producción ganadera sin control y porque las petroleras sacan agua del río Senguer para la recuperación secundaria y terciaria de los pozos petroleros”.

Para obtener hidrocarburos, el fracking, el sistema de fractura hidráulica requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking, y cientos de agentes tóxicos para funcionar. 

Según la Secretaría de Energía de la Nación, un solo pozo de fracking de Tecpetrol en Fortín de Piedra, Vaca Muerta (allí donde los sismos no cesan), utilizó 97 millones de litros de agua del Río Neuquén. 

La OMS sostiene que una persona en promedio requiere un mínimo de 100 litros por día para vivir. Eso significa que un pozo de fracking puede consumir el equivalente a lo que toda la población de la provincia de Neuquén requiere como mínimo para vivir un día y medio.

“Las asambleas nos empezamos a oponer a las mineras pero después entendimos que es más amplio y comenzamos a defender el agua” explica Pablo. “Como estrategia hace muchos años concientizamos a vecinos y vecinas en la importancia de los recursos, los peligros si entran más empresas extractivistas que las que ya tenemos, se hacen charlas en escuelas, juntas vecinales, plazas de los barrios. uno de nuestros lemas es vecinos informan a vecinos. La idea de transmitir la información y que no es necesario ser especialista”. Las consecuencias del extractivismo están a la vista: “El cateo está destruyendo las napas llevándolas más abajo y las comunidades tienen que ir más abajo” explica Pablo.

En Mendoza, la organización en asambleas también fue fundamental cuando en 2019 el  gobierno pretendió hacer una modificación de la Ley 7722, conocida como “la guardiana del agua” o “ley del pueblo”. La población salió a las calles a defender el agua porque  esta ley que la protegía iba a ser reemplazada con otra norma, la Ley 9209, que permitía “el uso de sustancias químicas [entre ellas el cianuro], mezclas o disoluciones de ellas, que aseguren la sostenibilidad del proyecto [minero]”.

Desde el FOL Mendoza subrayan que “mientras el extractivismo vacía nuestros cauces de agua naturales, en los barrios populares seguimos pasando veranos enteros sin agua”. En este sentido, “el agua no sólo nos permite vivir a cada individuo, sino que sostiene también la vida de las organizaciones.  Merenderos, comedores, cuadrillas de albañilería, huertas comunitarias, dependen del acceso al agua potable.  Cuestión no resuelta aún en los barrios en los que nos organizamos”

Por su parte, Pamela, compañera de FOL en la localidad de Bobadal, Santiago del Estero también dice que en la provincia están en emergencia hídrica. “Tengo 27 años y desde que tengo uso de razón nunca tuvimos agua” expone. Las soluciones que “ofrece” la municipalidad todavía no llegan por lo que están pensando realizar una marcha. 

 “Si bien desde la Municipalidad se hizo excavar pozos y algunos funcionaron y otros no, el agua a veces sale sucia salada o no tenemos directamente”. Desde hace años que la Municipalidad dispone de tanques de agua para ir a la zona del pozo y llevar a los vecinos de El Bobadal y pueblitos de alrededor. “En el merendero siempre solicitamos el tanque. Tenemos que comprar tachos de 1000 litros para poder sostener todas las actividades que hacemos”. En ocasiones el camión de la municipalidad brinda agua sucia y las y los vecinos entonces solamente tienen agua cuando llueve.

Según datos oficiales, Santiago del Estero es la provincia con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja). Mientras el gobierno da vía libre para el extractivismo, Pamela explica que no se destinan recursos a paliar la crisis hídrica. “Desde el gobierno de Santiago prefieren invertir en otras cosas, un estadio único, cancha de golf, un autódromo. le da prioridad al turismo pero no así a la obra pública para cubrir las necesidades principales”

Frente a esto cuenta que “a veces el comisionado destina recursos para hacer un pozo y lo hacen en su propiedad. Por eso se está organizando una movida para marchar frente a la cooperativa porque ya es insostenible no tener agua”. A su vez, explica que además de la falta de agua, la vida en Santiago también está precarizada porque no hay hospitales,los sueldos son miserables o no se consigue trabajo, y las personas tienen que migrar, muchas son mujeres que viajan a Tucumán para trabajar casa adentro.

Para pagar la deuda ilegal e ilegítima con el FMI, el gobierno permite la explotación del litio que en la vega del río Trapiche, la minera ya consumió 380.000 litros por hora todos estos años. Como consecuencia, se empezaron a secar el río y las vegas, que son los pastizales de la puna que funcionan como "esponjas de agua" y a la vez dan alimento a animales, que muchas veces aparecen muertos de sed. Por este motivo hace 29 años que las comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc exigen al estado provincial de Jujuy y Salta y al Estado Nacional para que los gobiernos garanticen sus derechos a expresar su consentimiento sobre la explotación del litio en sus territorios. 

Los ejemplos como el del poder popular generado en Mendoza, Chubut así como en Catamarca dan cuenta que la única forma de vencer el avance del extractivismo es la organización en las calles.