Se cumplen dos años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Aquel 30 de diciembre del 2020, fue la cristalización de 13 años de lucha de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, que junto al movimiento feminista en general y diversas organizaciones se encargaron de poner la problemática en debate y dar la batalla para que ninguna persona más muera por un aborto clandestino. Se ha avanzado mucho en estos dos años, pero la lucha por su plena implementación sigue vigente.

Los avances conquistados con la nueva normativa son muchos: en primer lugar se logró poner en debate y visibilizar está práctica que existe desde tiempos ancestrales pero que durante muchos años fue criminalizada y prohibida; se logró reducir la principal causa de muerte materna ocasionada por abortos clandestinos; se pudo avanzar en la implementación a nivel nacional, la ampliación de los establecimientos donde se realiza la práctica y la cantidad de efectores de salud que la llevan a cabo;  y se logró que cuatro laboratorios públicos produzcan la medicación para abastecer a hospitales y centros de atención primaria.

Pero por otro lado, la realidad es muy desigual según el territorio y aún se observan varios obstáculos para su cumplimiento efectivo. Sin ir más lejos hace algunas semanas tres socorristas y una médica fueron detenidas en Villa María, Córdoba, acusadas de “ejercicio ilegal de la medicina” y “encubrimiento”. Gracias a la movilización y la protesta se logró que las liberaran, pero la causa continua. Este es un claro ejemplo de cómo los sectores anti-derechos siguen operando para criminalizar el aborto y a las personas que se encargan de acompañar y promover la salud brindando información.

Una integrante del FOL en Córdoba contó que por ejemplo en el hospital zonal de Cruz del Eje el director del establecimiento es pro-vida, entonces eso habilita a que todo el personal actúe en ese sentido y que se registren situaciones de malos tratos. A su vez expresó que todavía siguen entregando los medicamentos que solo contienen misoprostol, y no el kit que contiene además mifepristona, una droga mucho más efectiva y menos invasiva.

“Creemos que el acceso es muy desigualdad” dijeron las integrantes de la comisión de género del FOL de Río Negro, y agregan que “esta desigualdad se configura a partir de lo especifico de cada territorio, se da entre las provincias y a su vez al interior de las provincias entre las localidades, e inclusive al interior de las localidades dependiendo de las características de los hospitales, los centros de salud y el personal que trabaje en esas instituciones”. Es decir que la implementación de la Ley queda muchas veces atada a la buena voluntad de lxs profesionales de la salud y las instituciones.

En el caso de Fiske Menuco (Gral. Roca) Río Negro, el acceso a la IVE es bastante efectivo. Según las militantes del FOL esto se debe en gran parte a dos factores: “por una parte a que hubo una regulación de abortos no punibles previo a la IVE e incluso previo a algunas regulaciones nacionales, esto de alguna manera amparó y posibilitó que profesionales de la salud comprometidxs con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos pudieran garantizar el derecho al aborto, en su momento a partir de la ILE. Otro elemento importante es la existencia de Socorristas en Red, que es una red de colectivas que acompañan a personas que deciden abortar y que habilitó que haya mayor difusión incluso en años previos a que sea ley”.

Pero esta no es la realidad de lo que sucede en todos lados. Compañeras del FOL en Clorinda, provincia de Formosa, contaron que en su ciudad no se realizan intervenciones de ILE (Interrupción Legal del Embarazo por causales de salud o violación) ni de IVE, esto se debe a que lxs médicxs de la zona son objetorxs de conciencia que deberían derivar a lxs pacientes a otra ciudad, pero que en general no lo hacen. “A través de tácticas moralistas intentan ‘convencer’ a la paciente de que no realice el aborto, existiendo un incumplimiento de lo que dicta la Ley. Intentan que cambien de opinión pese a la decisión que las lleva a las chicas a intervenirse. Finalmente logran la revictimización de las mismas y estas al no poder acceder acuden a otros métodos para interrumpir el embarazo, terminando nuevamente en el hospital por infecciones o por estar desangrándose”.

A su vez, también señalan la ausencia total de la aplicación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan Enia), perteneciente a los Ministerios Nacionales de Salud, de Desarrollo Social y de Educación, con el objetivo de garantizar el derecho de lxs adolescentes al acceso gratuito de métodos anticonceptivos, la educación sexual integral, asesorías en las escuelas, la consejería en salud sexual y reproductiva y actividades de promoción comunitarias.

Si bien las militantes del FOL Formosa caracterizan a su provincia como una sociedad muy conservadora, atravesada fuertemente por la religión y el machismo, los obstáculos que identifican también se repiten en otros lugares. En La Plata, provincia de Buenos Aires, las integrantes de la comisión de género del FOL contaron que “las consejerías están desbordadas, lo cual genera una serie de prácticas y consecuencias que alejan a la persona de la accesibilidad a una interrupción, como por ejemplo: dilación y mucha espera para acceder a un turno, ausencia de canales de comunicación antes, durante y después de la interrupción, y prácticas de fragmentación (te piden cosas en lugares distintos y eso genera mucho desgaste). Las consejerías funcionan prácticamente en las mismas condiciones estructurales que antes de la IVE”.

Tal es así que el municipio platense fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina (AI), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Campaña por el derecho al aborto regional La Plata, entre otros, por no brindar información completa, accesible y veraz sobre cómo está garantizando el derecho al aborto.

El punto respecto a la información es un aspecto que todas las militantes de las distintas localidades y provincias marcaron como una falencia, y como algo fundamental a modificar ya que un derecho que es desconocido para la población difícilmente pueda ejercerse de manera eficaz. “Tendría que haber mayor promoción del derecho a la IVE, en lo que es cartelería de los hospitales y centros de salud donde hay mucha promoción en relación a otras temáticas que involucran a las mujeres y personas con capacidad de gestar, por ejemplo en relación a la maternidad, en relación a las tareas de cuidado como las vacunaciones y los derechos de lxs niñxs, sin embargo consideramos que falta promoción en relación al acceso a la IVE” marcaron desde el FOL Río Negro.  

En conclusión, la Ley permitió grandes avances y es un piso importantísimo a la hora de ejercer derechos, pero aún queda mucho por trabajar y modificar. Todas las personas entrevistadas remarcaron que aun continua siendo importante el acompañamiento de las redes de socorristas y organizaciones feministas. En ese sentido coinciden con la última declaración de la Campaña por el Derecho al Aborto, quienes señalaron que “es el activismo en cada territorio el que contribuye a revertir las desigualdades en el acceso al derecho a abortar, es esta militancia que abrazamos la que denuncia las obstaculizaciones, el uso ilegal de la objeción de conciencia y las objeciones encubiertas. Es este activismo el que logró con la lucha colectiva la liberación de las compañeras Socorristas en Córdoba y el que se mantiene en alerta y movilización hasta que cese la judicialización de las compañeras”

En los próximos días la Campaña organizó diversas intervenciones en redes sociales y difundió un calendario de posteos, frases, hashtags y piezas gráficas para que todas aquellas personas que quieran sumarse puedan subir a Facebook, Twitter e Instagram, con el objetivo de seguir visibilizando la problemática y lo que aún queda por lograr para su plena implementación.