“La situación de calle de nuestras familias continúa, el hacinamiento en casas de amigos y parientes solidarios continua, los malabares y deudas eternas para pagar los alquileres continúa”, dice una compañera en el Puente Pueyrredón a dos años del desalojo que sufrieron. Ella fue una de las tres mil personas que participaron de la recuperación de tierras en Guernica y es parte de las familias que siguen organizadas reclamando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y al ministro de Desarrollo Social, Andrés Larroque que cumplan con las promesas que hicieron en estos dos años para solucionar el deficit habitacional. 

Estos terrenos ociosos son una constante en la provincia de Buenos Aires, donde la población empobrecida se ve arrojada a vivir en zonas inundables contaminadas y a los ricos cada vez más en los Countries y barrios de lujo.

Ana, delegada del FOL recuerda ese momento en que llegó a Guernica en busca de una solución habitacional. “Cuando nos encontramos ahí en el predio en su mayoría la gente eran changarines, gente que trabajaba en negro, por su cuenta e implica que vos tenés que salir a la calle y bueno, estábamos en plena pandemia, entonces eso se cortó, hubo gente despedida”. 

Esta situación de desigualdad social que se pronunciaba en plena emergencia sanitaria se observó en un censo que se realizó y se entregó al juez de la causa. Mostró que la mayoría de las personas adultas que conformaban los 1907 grupos familiares que se asentaron en el predio estaban desempleadas y no podían afrontar un alquiler, así como había mujeres en situación de violencia de género. A su vez informaron de un total de 2797 de niños, niñas y adolescentes.

Con el correr de los días se fueron conformando barrios y asambleas, y así creció la organización colectiva por tierra y vivienda. “Siempre nos preguntamos entre nosotros, ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu situación?  se formó como una familia, porque la recuperación de tierras en Guernica es unión, es fortaleza, es lucha. Es corazón, también es visceral, digo tiene un montón de condimentos y nosotros no vamos a dejar esta lucha, no la vamos a dejar porque el Estado, el Gobierno Nacional, Provincial, el municipio, el trabajo de ellos es solucionar los problemas del pueblo”, asegura Ana.

Si bien el problema habitacional no empieza ni termina con la resolución del conflicto en Guernica, marca un antes y un después. La desigualdad en el derecho a la vivienda se acentúa con el respaldo del  poder estatal y mediático a los intereses privados, pero encuentra a gran parte de la población cuestionando en la calle esta situación. 

La mayoría de las familias que siguen reclamando tierra y vivienda no tienen posibilidad de cubrir un alquiler. Por eso Ana apunta que las familias se ven arrojadas a vivir en una situación de vulnerabilidad constante. “¿Hasta cuándo podés sostener un alquiler? Si ahora una nueva es que te van subiendo cada seis meses, una locura, entonces parecemos los nómades, como se llama a la población que van rotando. Por eso la recuperación de tierra de Guernica se compara a los nómades, no tenemos un lugar fijo, vamos, vamos rotando y bueno eso implica si tenemos chicos, digo las escuelas de los chicos es muy complejo poder cambiarlos", dice.

Además indica que tampoco hay herramientas para poder tener vivienda propia ya que todos los planes de vivienda que arman no están pensados para el laburante que vive en niveles de pobreza o indigencia: “no están pensados para un Homero para una persona que trabaja de lunes a sábado con un sueldo miserable en donde lo termina sumergiendo la inflación, el pago de los alquileres”. 

La decisión es política

En materia habitacional la política de los municipios marcha hacia la profundización del déficit habitacional en beneficio de la especulación inmobiliaria. Así lo explica una nota publicada recientemente que analiza los cambios en las políticas de suelo en Almirante Brown.

 En medio del conflicto habitacional en Guernica, en septiembre de 2020, el Concejo Deliberante procedió a cambiar la normativa de usos de dicha zona de reserva del municipio mediante una Ordenanza donde se evidencia una marcada discrecionalidad a la hora de planificar los nuevos usos residenciales en la zona, donde sólo se concibe la opción de los clubes de campo, destinados a sectores de altos ingresos.

Mientras, el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) indica que solo en la provincia de Buenos Aires hay 1.933 asentamientos y en el país 5.687 dónde viven unas cinco millones de personas, la Ley N° 14.449, de Acceso Justo al Hábitat aprobada en noviembre de 2013 sigue sin cumplirse. 

Esta ley votada en 2013 plantea una serie de instrumentos que permiten atender la demanda de suelo y vivienda en la Provincia de Buenos Aires con herramientas para exigir a los barrios cerrados un porcentaje de su suelo con fines sociales, y también requiere que se brinden servicios básicos para los barrios populares, entre otras cosas.

Basada en esta legislación, meses antes del desalojo en Guernica, una comisión de Urbanismo compuesta por investigadores, docentes y estudiantes de arquitectura y geografía de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata elaboraron un proyecto para urbanizar las hectáreas tomadas por familias en Guernica. 

La propuesta del loteo proponía una superficie de 200 metros cuadrados como plantea la Ley 14.449 en su artículo 20. Las manzanas continuaban el damero existente en la zona (cuyas dimensiones son de 86,6×86,6 metros) y el trazado vial disponía de un pasaje en el medio, para generar una mayor cantidad de lotes.

Pero tanto la Justicia como el gobierno de la provincia de Buenos Aires desoyeron el proyecto, y creen que esa decisión se debió no a cuestiones de índole técnica (dado que el proyecto tiene un basamento legal), sino a una decisión política. A dos años del desalojo, las familias de Guernica siguen esta lucha que convoca a todas las comunidades que están peleando por su derecho a tener un lugar digno para vivir.