Casi 100.000 hectáreas ya se quemaron en las islas del Delta del Paraná arrasando con su biodiversidad y generando la presencia de contaminantes en el aire. Las investigaciones sobre esta práctica muestran que los empresarios del agro y la urbanización de lujo convirtieron los humedales en una sociedad anónima, mientras los funcionarios se arrojan las brasas unos a otros. Al mismo tiempo también avanza la destrucción del monte con la construcción de la Autovía Punilla de Córdoba y los incendios que va generando divisas y negociados en la tierra asada.

En este contexto este mes comenzó la «Acción Plurinacional por los Humedales», convocada por más de 100 organizaciones ambientales y sociales, vecinales y comunitarias de todo el país que pretende dar más fuerza al reclamo del cese inmediato de las quemas y por la urgente sanción del proyecto de Ley de Humedales consensuado de manera abierta y participativa en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados.

Las organizaciones socioambientales indican que en los últimos 20 años se levantaron alrededor de 30 y 35 barrios privados en todo el partido de Berazategui, porque se siguen loteando los humedales y espacios verdes, así como el desmonte de la Reserva Pereyra Iraola. En ese contexto el Foro Regional en Defensa del Río de La Plata la Salud y el Medio Ambiente denuncia que la Ribera de Hudson es la imagen de la destrucción de los humedales y su biodiversidad; gracias a que el poder de los lobby impiden el tratamiento de la ley que los proteja.

En comunicación con Lihuen, militante del FOL e integrante de las asambleas en defensa de los humedales cuenta cómo fue el proceso de organización. “Vimos que para sacarlos salinizaron el agua y provocaron que la vegetación se seque y avanzaron con las máquinas. Una de las formas por las que nos dimos cuenta, además de los estudios que se hicieron es que tomábamos el agua y estaba super salada. Una vez hecho eso, rellenaron los humedales. Como su función es absorber el agua, contenerla, a partir de ahí cuando el rio desborda los barrios comenzaron a inundarse, y ahí los vecinos empezamos a replantear que los barrios privados quedaron más altos y nos dimos cuenta lo que implicaba este famoso “progreso””.

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza en la Legislatura porteña el proyecto de ley que habilita al grupo IRSA la construcción del emprendimiento Costa Urbana en la Costanera Sur. Aunque no fueron avisadas, las asambleas se hicieron presente en la audiencia pública donde descubrieron un montón de irregularidades en el proyecto de 400 hojas. Este proyecto pretende retomar el paseo costero de la mano del Plan IRSA de la capital a La Plata en 20 minutos, que se frenó para defender los humedales, y esa lucha unió las diferentes zonas y municipios que estuvieron muy activos como Quilmes, Avellaneda, Ensenada.

Al mismo tiempo también se profundizó el conflicto medioambiental en el Valle de Punilla, Córdoba donde las asambleas en defensa del monte enfrentan la criminalización de la protesta social por cuestionar la construcción de una autovía que arrasa con la biodiversidad en pos de generar ganancias empresariales.

“La determinación de la gente de Punilla es no permitir el sometimiento esta obra ilegal que no es una necesidad del valle, no es una prioridad, necesitamos más escuelas, estructuras de salud, transporte publico dentro de la región, ya hay vías de tren pero un tren moderno, y la ruta 38 que supuestamente está colapsada tiene un montón de opciones de mejora que el gobierno está ignorando porque el Plan IIRSA le sirve de negocio”, expresan vecinos y vecinas autoconvocados de la brigada territorial en diálogo con FOL. A lo largo de la ruta, hay cientos de pueblos que sufren la desidia estatal.

Aunque el proyecto se inició en 2017, en junio de este año el inicio de la construcción se volvió un anuncio oficial y una realidad que avanza a toda velocidad ya que forma parte del Plan de Acción de IIRSA. Este implica que el país tome deudas millonarias en dólares para facilitar la extracción de los bienes y recursos naturales al exterior. Las vías de comunicación planeadas y existentes son terrestres, a través de camiones y pretenden ser un corredor bi oceánico, que una al atlántico con el pacifico.

La autovía de Punilla está en marcha a pesar de todas las ilegalidades denunciadas desde un comienzo. “La justicia no responde a pedidos de amparo y las medidas cautelares, y el gobierno no ha atendido a la audiencia pública que rechaza el informe de impacto ambiental por todas las deficiencias que tenía, entre otras cosas por atacar al bosque nativo categoría roja, y finalmente la ponen en marcha 3 empresas diferentes, José Chediack, Benito Roggio y SACDE” expresan.

A pesar de la violencia institucional y la falta de estado de derecho las poblaciones que enfrentan este proyecto extractivista plantean movilizaciones como ha pasado en Cosquín, y permanecen presentes en la zona para documentar estos daños gravísimos al patrimonio arqueológico, así como la profanación de lugares sagrados. “Las empresas están trabajando sin la consulta previa e informada a las comunidades indígenas locales, que ya hicieron la denuncia por el daño, y cada vez que se encuentra un faltante se amplia”, indican.

“En función de este trabajo estamos viendo cómo se están alterando zonas muy sensibles de la cuenca del rio Yupe, vertientes que hoy están activas y dan agua pura están siendo violentadas por topadoras revolviendo las entrañas de la tierra” añaden.

El avance sobre el monte cordobés cuenta con una fuerte custodia policial cuya función es impedir la movilización de lxs vecinos. “En un punto donde las instituciones no responden, las poblaciones esta saliendo a enfrentar las maquinarias y las topadoras, sabiendo su derecho a protestar por constitución provincial nacional, sin violencia. Se han frenado varias veces y el gobierno ha recurrido a dar orden a la policía de detenciones a pesar de que esta afuera de la ley ese procedimiento”, explican.

A pesar de que una jueza otorgó un amparo colectivo, al día de hoy son más de 20 las personas imputadas en una clara intención de criminalizar la protesta. Para más ilegalidad, las últimas 6 detenciones fueron realizadas en el obrador de Santa María de la empresa Roggio. “En este tramo de la construcción se planean gastar cerca de  120 millones de dólares de un crédito, quedaríamos endeudados, y después desde Moilinari hasta La Cumbre otros 100 millones de dólares más, montos gigantescos que planteamos que podrían gastarse en las necesidades de este valle” aseguran desde las Brigadas Territoriales defensoras del monte.

Lo que dejan claro las asambleas y brigadas en defensa de humedales y montes es que los territorios no se someten, no se resignan, así que seguirán en pie de lucha organizándose.