Con un 40% de pobreza y un porcentual similar de trabajo irregular, sin seguridad social, y un promedio de ingresos muy por debajo de la línea de pobreza, el gobierno del Frente de Todos usó la lapicera para recortar en un total de 210.000 millones de pesos en programas públicos sobre los ministerios de Educación, de Salud y de Desarrollo Territorial y Hábitat y partidas presupuestarias de un total de seis ministerios.

Al mismo tiempo que se desarrollaba una cortina mediática en torno al anuncio del pedido de condena de 12 años y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos a la vice Cristina Fernández en el marco de la “causa vialidad”, en el Boletín Oficial figuraba con firma del nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa la “decisión administrativa” de realizar un fuerte ajuste presupuestario que equivale a un ahorro del 3,1% del déficit fiscal total de 2022. La medida contó con la participación del reciente Secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein y está en consonancia con el ajuste que realizó en su fugaz paso por el Ministerio Silvina Batakis. La distribución del ajuste quedó impuesta de esta manera:

•  Ministerio de Educación (Conectar Igualdad: programa creado por CFK con el objetivo de entregar netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de escuelas públicas): -$50.000 millones).
• Ministerio de Salud (Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles: -$10.000 millones). Según trascendió en los medios, ese dinero estaba destinado a las vacunas Sputnik contra el Covid-19, que se iban a comprar a Rusia.
• Obras Públicas (Recursos Hídricos: -$20.000 millones). El recorte alcanza a la Infraestructura Penitenciaria ($4000 millones) y al Desarrollo de Infraestructura Ambiental ($1500 millones), entre otras áreas.
• Desarrollo Productivo (partidas para Financiamiento: -$70.000 millones).
• Desarrollo Territorial y Hábitat (Planificación: -$50.000 millones). Este ajuste, en particular, recayó en el programa Procrear (Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar).
• Transporte (Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo: $10.000 millones). El recorte afecta al ferrocarril General Roca ($75 millones), a la construcción de una torre de control aéreo ($225 millones), a las políticas de Movilidad Integral de Transporte ($7000 millones) y al Transporte Fluvial y Marítimo ($2700 millones).

La medida ajustadora del Frente de Todos que quedó solapada en el show mediático quiere mostrar al FMI que el deficit primario en julio tuvo una caída del 75 % frente al periodo del año pasado. Y es que la ex ministra de economía Silvina Batakis recortó 75 mil millones de pesos entre jubilaciones y asignación por hijo, secciones que quedaron en un 20% abajo en medio de una crisis, con niñes que mueren por desnutrición como en las comunidades wichi de Salta y las villas de Capital Federal, a 10 minutos de la Casa Rosada. Las medidas de recorte también redujeron en un 13,9% las prestaciones del PAMI; en un 35,5% las partidas de transporte (y por ende las empresas también profundizan el recorte con los lock out) y se tradujeron en un 31,5 % de caída de las transferencias a las provincias.

El Salario mínimo, ni vital ni móvil

Cuando hay más que razones para aumentar la asistencia social, el gobierno no solo aplica medidas económicas a medida del FMI, sino que directamente influye en los ingresos de lxs trabajadores como quedó demostrado en la reunión del Consejo del Salario, el empleo y la productividad del 22 de agosto pasado. Como acostumbra, sin ningún interés en los sectores populares e ignorando la gran movilización de la Unidad Piquetera que exigía frente al Ministerio de Trabajo un salario igual a la Canasta Básica que ronda los $111 mil, se decidió, con 30 votos a favor, una abstención y un rechazo, una actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, SMVM, de un 21% en tres cuotas. De esa manera el SMVM, de 47.850 pesos de agosto se eleva un 7% a unos 51.200 pesos para septiembre, a 54.550 pesos para octubre, y a 57.900 pesos a noviembre. Además, de denunciar el ajuste que esto representa, las organizaciones sociales denunciaron la burocracia sindical de Ctera y la CGT y exigieron el llamado urgente a un plan de lucha con un paro nacional.

Como muestran los informes del INDEC, la Junta Interna de ATE y CIFRA-CTA, en el marco de la creciente inflación, tener un trabajo no alcanza para no estar en situación de pobreza. El poder de compra del Salario Mínimo cayó un 31 % desde 2015 y debería ser de $ 71.600 para tener el mismo poder adquisitivo que en ese año.

En el caso del SMVM perjudica al millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo y otros planes con contraprestación, que toman como referencia lo definido por el Consejo del Salario. En el caso de lxs trabajadoxs precarizadxs que se encuentran dentro de los movimientos sociales bajo el programa Potenciar Trabajo, cobran actualmente $22.770, lo que representa la mitad de un salario mínimo vital y móvil.

Tengamos en cuenta que según la canasta de referencia que elabora la Junta Interna de Ate Indec, que incluye el gasto de alquiler, y se acerca a lo que necesita un hogar de dos adultxs y dos niñxs para llegar a fin de mes: en julio fue de $ 179.990.

Por su parte, el salario promedio de las y los trabajadores informales, estatales y privados también cayó. El poder adquisitivo en el sector privado registrado cayó un 20,5 % en relación a 2015 (junio 2022 versus octubre 2015); en el caso de los trabajadores del sector público la merma fue del 27,6 % en el mismo período. En tanto los trabajadores informales entre octubre de 2016 y junio de este año perdieron un 32%.