En un lapso de un mes se denunció la contaminación del Río Pilcomayo debido a dos hechos evitables: una fue el colapso de un dique de cola minero ocurrido en Bolivia y luego la rotura de un ducto petrolero de Shell Bolivia Corporation (SBC). Ambas afectan aún más la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades que ya denuncian hace años que se ven obligados a convivir con un río contaminado con metales pesados.

A fines de julio con el colapso del dique, más de 10 mil toneladas de residuos de minería, una masa de lodo con minerales no recuperados y elementos químicos altamente contaminantes llegaron a la quebrada de Jayasmayu, que a través del río Tarapaya se conecta con el Pilcomayo. La Cuenca de este río se extiende sobre tres países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia y Paraguay. En el territorio argentino la cuenca del río Pilcomayo abarca las provincias de Salta, Jujuy y Formosa. Tanto del lado argentino como boliviano y paraguayo las poblaciones más afectadas son las de pueblos originarios.

Luis María de la Cruz, administrador del Sistema argentino de Monitoreo y Alerta Participativo de la Cuenca del Pilcomayo expresó que “sin menospreciar la importancia de monitoreo, es necesario aclarar que el Pilcomayo siempre tiene niveles elevados de algún metal pesado. Si no es boro, es plomo, arsénico o algún otro. Todos los estudios de calidad de agua que hizo la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo desde 2007 lo muestran".

En ese lapso, hace tres días se dio a conocer otro desastre medioambiental a cargo de la Shell Bolivian Company. Voceros del Pueblo Weenhayek el viernes pasado observaron la coloración del Río Pilcomayo y recordaron que SBC "no es un vecino nuevo", ya que recuerdan que en 2001 se firmó un convenio por el cual la multinacional debe pagarles a su nación unos 180 mil dólares anuales por tener los pozos petroleros en su territorio. Lo más preocupante para las poblaciones ribereñas del territorio argentino y una parte del mismo pueblo Weenhayek es que el Concejal del estado plurinacional de Bolivia, Simmel Sánchez Ayala expresó que se reunió con autoridades de la firma y “no existiría ninguna contaminación la cual llama a la tranquilidad de los vivientes al margen del río Pilcomayo”.

Vivir en la huella tóxica

La población ribereña de Argentina, Bolivia y Paraguay recibió instrucciones que preventivamente no usen el agua para beber, bañarse y prohibía la pesca, desconociendo la realidad de que más del 65% de la alimentación de las poblaciones pesqueras es a base de sábalo, y acostumbradas a la contaminación y el abandono estatal igual se la rebuscan para sobrevivir.

Mientras, las autoridades argentinas anunciaron que están esperando los estudios correspondientes en el tramo del río que da con el territorio salteño, y que comprende la cuenca que va desde Hito 1 hasta el límite con la provincia de Formosa.

Sin embargo, ya está probado que las aguas del Pilcomayo siguen siendo receptoras de grandes volúmenes de metales pesados (plomo, cadmio, mercurio) desechados por cerca de 40 explotaciones mineras de Potosí, destacándose que en 1996, 2004 y 2014 se produjeron grandes derrames de barros tóxicos. A partir de ahí especialistas de la Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires, la Administración de Parques Nacionales y el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata detectaron en los tejidos musculares y las espinas de sábalos capturados en Misión La Paz (Salta) valores de plomo de 3,27 y 15,94 miligramos por kilo cuando el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino es de 2 mg/kg.

Pero hace años que las poblaciones además de aguardar estudios, esperan que se ejecuten los proyectos de creación de pozos de agua en las comunidades originarias ribereñas.

Abel Mendoza, integrante de la comunidad Wichí y Presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (Uacop) vive en Santa Victoria Este, departamento de 18000 habitantes en la provincia de Salta. Consultado por el FOL expresó que “el agua es la principal necesidad hasta el día de hoy porque hay escasez y más la contaminación que está en el río que ahora ya no podemos pescar aunque en algunas comunidades están pescando igual porque no tienen otro sustento de alimentación”. Abel cuenta que luego de la marcha histórica de pueblos originarios por el agua que culminó en el centro cívico Grand Bourg de Salta capital, lograron que el estado se comprometa una vez más a realizar pozos de agua en las comunidades.

“Hasta ahora siguen mandando camión cisterna que a veces hace un depósito, llena los tinacos y después ya no puede volver. Entonces nosotros tenemos que buscar una forma para que el agua no nos falte, es decir que tenemos que cuidar el agua, calcular porque sino no alcanza y todo eso este es tiempo y es una desesperación porque el agua lo tenemos como “oro”. Después viene la salud que tampoco hay, todavía hay niños que siguen falleciendo, hace poco fallece un niñito de dos años en estado de desnutrición de acá a 45 kilómetros. Hay tanta injusticia que ya no sabemos a dónde recurrir muchas veces”, dice Abel.

Así como hace años que vienen exigiendo al gobierno provincial un diálogo intercultural para la definición de políticas públicas destinadas a los pueblos originarios, por su parte, el gabinete de Gustavo Sáenz representando a la oligarquía gobernante viene aplicando una política de persecución sobre caciques y dirigentes originarios, como por ejemplo impedir que participen de una protesta, o denuncien la malnutrición, la falta de agua.

Abel cuenta que hoy por hoy siguen en pie de lucha y se unen con otros movimientos sociales en departamentos salteños como San Martín o Embarcación. “Las denuncias se muere por acá, por el centro judiciales, no te quieren recibir de la comisaría porque hay un sistema muy elevado, por el cual ellos tienen controlado a las comunidades. Yo  también como referente sufro persecución, vamos a decir ideológica de parte del Estado, me siguen a mí en cualquier movimiento que yo haga, o sea, no te dejan ser libres. Cada manifestación que hacemos para que seamos escuchados, cuando cortamos la ruta yo sé que es una parte ilegal cortar el tránsito, pero nosotros no lo hacemos por capricho, lo hacemos porque queremos ser escuchados y después se nos vienen las causas judiciales”.