Sergio Massa asumió como ministro de Economía Desarrollo Productivo y Agricultura, y sumó a su cargo la gestión las relaciones con organismos internacionales. Al presentar sus primeras medidas al frente del Palacio de Hacienda, el “superministro” ratificó que el Gobierno nacional realizará auditorías a los movimientos sociales que ejecutan el Potenciar Trabajo con el objetivo de lograr un “reordenamiento”. Mientras, Massa avanza las gestiones para pagar la deuda fraudulenta de más de $45 millones de dólares con el FMI que el gobierno del Frente de Todos había prometido auditar.

Por su parte, los medios de comunicación hegemónicos que vienen espectacularizando los allanamientos que se realizan a comedores comunitarios de las organizaciones sociales salieron con todo a promocionar el control y las auditorías sobre los movimientos sociales que “ahorraría” unos $8.000 millones si se dan de baja unos 400.000 planes que entrarán en revisión.

Como consta en el boletín oficial, la resolución 835/2022 firmada por el Ministerio de Desarrollo Social dispone que las 1,3 millones de personas beneficiarias del Plan Potenciar Trabajo, sean evaluadas por Unidades de Evaluación que se conformarán en todo el territorio nacional, pudiendo suscribirse para ello convenios con Universidades Nacionales. En el comunicado firmado por la Unidad Piquetera destacan que también se habilita a las oficinas de Desarrollo Social (manejadas por las organizaciones oficialistas) a auto-auditarse.

Juan Zabaleta, quien viene sosteniendo la postura de no ampliar la base del Potenciar Trabajo a pesar de los índices de inflación, pobreza e indigencia parece burlarse expresando: "Es más rol del Estado y más control sobre los programas que tiene el Ministerio para acompañar a las y los argentinos que la están pasando mal"

La unidad entre sectores de desocupadxs/precarizadxs y sectores universitarios y ocupadxs formales sostiene la resistencia al inicio de la medida. En la Municipalidad de Alderetes en Tucumán se tuvo que echar para atrás después que varias universidades se manifestaron en contra. La regional tucumana de la Universidad Tecnológica comunicó que no les han entregado los formularios para que lxs estudiantes realicen las entrevistas a les beneficiaries del Plan. Desde el FOL apuntan que “esto muestra claramente un sesgo contra las organizaciones sociales, de querer instalar en los medios en la opinión pública una especie de sospecha hacia nuestro laburo”. Por el contrario, esa sospecha no se despliega hacia sectores oligopólicos: “En otros ámbitos el gobierno no se maneja de la misma manera. Por ejemplo, no auditó a la cerealeras que retienen la producción y les permite facilidades”.

Analía del FOL, recalca: “El programa potenciar trabajo para nosotros es justamente un trabajo: realizamos tareas como contraprestación de ese cobro y lo que sí invisibilizan estas auditorías es que esos trabajos están bajo la línea de indigencia y que es bastante vergonzoso que eso suceda y que encima se quiera después decir que el Gobierno está pensando en un programa para restablecer o convertirlos en los programas en trabajo cuando ya es un trabajo, lo que sucede es que el Estado nos hace cargo de la tercerización que está haciendo de ese tipo de empleo”.

El frente educativo de la Corriente social y política Marabunta, Cauce, también expresó: “Repudiamos esta medida porque implica un plan para que muchas personas dejen de cobrar estos programas sociales y remarcamos que con esto no se busca mejorar la calidad de vida de la población más empobrecida que ya viven subsistiendo con menos de la mitad de un salario mínimo, sino que se busca seguir estigmatizándoles en vez de responder a las demandas por trabajo genuino que se vienen planteando hace ya muchísimo tiempo desde los movimientos sociales y las organizaciones populares”

Cauce también apunta que es importante tener en cuenta que los programas sociales (Potenciar Trabajo, AUH, Tarjeta alimentar y Plan progresar) sólo representan un 1,6% del PBI, es decir, ni siquiera es un “gran gasto” para el Estado. Pero se pretende atacar a este sector porque es el único que está en la calle denunciando, por un lado, el ajuste en general, y por otro, la miseria en la que viven los sectores populares.

Al día de hoy las personas con un Plan Potenciar Trabajo deben acreditar 80 horas de trabajo mensuales para recibir el salario, que tendrá un aumento en septiembre quedando en  $23.925, es decir cubre apenas un cuarto de la Canasta Básica Total que al día de hoy está en $104.216,80. Las 8 de cada 10 personas que cuentan con un Plan Potenciar Trabajo integran organizaciones sociales que acompaña con ollas y merenderos en los barrios populares. No solo repartiendo comida, sino con talleres de género, de educación y salud popular, actividades para las niñeces, se generan cooperativas de trabajo de forma colectiva y solidaria.

Como explica Analía, la tarea de auditar el Potenciar trabajo se viene realizando desde el gobierno desde que se implementó el Plan en 2020.  “Es importante tener en cuenta que el Estado en sus diferentes formas ya sea a través del programa propio del Potenciar Trabajo a través de las diferentes cuestiones relacionadas a la mercadería viene haciendo, podríamos decir auditoría o inspecciones. Con el tema de mercadería constantemente se visita a los comedores o a los centros donde llega para inspeccionar que efectivamente la mercadería se reparta; cabe mencionar que igual siempre esa mercadería llega en malas condiciones y no respetan los tiempos de entrega, pero aún así eso suelen hacer un montón de inspecciones”.

Por otra parte, desde el FOL agregan que “nosotros no tenemos nada que ocultar sobre nuestras tareas y trabajos que realizamos, en ese sentido no nos preocupa concretamente lo que pueda llegar a salir de las auditorías, sí entendemos que hay un una búsqueda persecutoria hacía las organizaciones sociales y en ese sentido una mala intención que busca por un lado proponer la idea de que las organizaciones tenemos algo que ocultar o que es necesario, entonces inspeccionarnos cuando es algo que a la vista ya sucede, o sea, que tiene más los tintes de una persecución política”.

Frente a esto, la Asociación Gremial Docente de la UBA se manifestó en oposición a la auditoría por parte de las universidades y recalcaron que los planes sociales son conquistas de los sectores más humildes de la población a través de sus organizaciones. “Las y los docentes universitarios no seremos instrumento del control social que impulsan el FMI, el gobierno y los rectorados que han firmado estos convenios” expresaron desde la Mesa Ejecutiva. Por el contrario, aseguraron: “como siempre la docencia se pone al servicio de las mayorías populares y se ofrece para auditar la deuda pública, externa o interna, que sabemos fraudulenta y usuraria”.

La pretensión de sacarle poder a las organizaciones sociales territoriales ya había sido promocionada por la vicepresidenta, Cristina Fernández quien había expresado: “Digo que el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.