En el año 2009 la entonces presidenta Cristina Kirchner lanzó el programa Argentina Trabaja a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. El mismo apuntaba a crear 100 mil programas de empleo a través de la conformación de cooperativas que estaban a cargo de las intendencias principalmente. No hubo que esperar mucho para que llovieran las denuncias contra los punteros que actuaban bajo el mando de los municipios y que utilizaban el programa para el clientelismo.

El “Argentina Trabaja” (PAT) surge tras la crisis mundial del 2008 que produjo un descenso brusco del crecimiento de la economía y una profundización de los niveles de desocupación y pobreza. A su vez, el lanzamiento se vio marcado por la crisis política que afectaba al gobierno de Cristina Kirchner tras el enfrentamiento con los sectores concentrados del campo el año anterior. Ese conflicto impactó en las elecciones legislativas de junio del 2009, en las cuales el Frente para la Victoria perdió la mayoría parlamentaria en el Congreso.   

Dos meses después de aquella derrota, el PAT se proponía recomponer a la alianza gobernante recuperando su incidencia en el territorio mediante los Entes Ejecutores en mano de los intendentes del conurbano, la región más densamente poblada de la provincia de Buenos Aires, y de organizaciones cercanas como la CNCT u otras cooperativas del arco kirchnerista. En una segunda etapa se planteaba la nacionalización del mismo. La normativa establecía que los objetivos del PAT eran la generación de trabajo a través de la capacitación de sus beneficiarixs para que luego se conformaran en cooperativas destinadas a la ejecución de obras de infraestructura de baja complejidad, saneamiento y zanjeo, y mantenimiento de espacios públicos.

Pero desde un comienzo comenzaron a evidenciarse los problemas. Los movimientos sociales que venían construyendo en los territorios desde la década del ’90 y que habían sido protagonistas fundamentales en el estallido social del 2001, denunciaron la implementación sesgada del PAT y su aplicación clientelar.

Nace el frente de lucha “Cooperativas sin Punteros”

Al poco tiempo de anunciado el PAT, las organizaciones sociales comenzaron a denunciar que había una clara decisión de dejar afuera del programa a quienes integraban los movimientos independientes del gobierno. En un comunicado de aquella época expresaron “entendemos claramente que hay una discriminación ideológica por parte del gobierno en este sentido y por eso ya hemos radicado una denuncia en el INADI que describe estos sucesos”.

Es así que se conformó el frente “Cooperativas sin Punteros” que nucleaba a más de 20 organizaciones entre las que se encontraban el MTD Aníbal Verón Nueva Fuerza, el Frente Popular Darío Santillán, la Federación de Organizaciones de Base (FOB), Organización Popular Fogoneros, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Mov. Unidad y Lucha, MTL Rebelde, MTR por la Democracia Directa, Agrup. Territorial Víctor Choque “Tierra y Libertad” y Organización Popular y Rebelde Villa Hidalgo.

El 22 de septiembre realizaron una gran manifestación con 18 cortes simultáneos en los accesos a la Capital Federal y la Ciudad de La Plata, y en más de 10 provincias del interior del país. Así se sumaba también el reclamo por la nacionalización del programa y el conflicto se masificó. En esa instancia no se logró torcerle el brazo al gobierno, por lo que las manifestaciones continuaron.

Luego de varias medidas de lucha, el 2 y 3 de noviembre las organizaciones realizaron un masivo acampe en la Avenida 9 de Julio denunciando que Yeni Amaya, vicejefa de gabinete de Alicia Kirchner en el ministerio de Desarrollo Social, había incumplido el acuerdo por el cual se comprometía a ingresar a miembros de los movimientos en el PAT.

Lxs referentes denunciaban que la presidenta había anunciado 100 mil puestos de trabajo de los cuales solo se habían hecho efectivos 30 mil, y que lo que ellxs reclamaban eran 10 mil puestos. Hacían hincapié en que la discriminación se debía principalmente a que eran organizaciones independientes de la alianza gobernante y que por lo tanto lo que se escondía detrás de esta política era el interés por manejar los territorios a su antojo, con claros fines clientelares y electorales.

En aquella oportunidad recibieron el hostigamiento por parte de la policía que apuntó a lxs manifestantes con armas de 9 milímetros, luego de lo cual detuvieron a dos compañeros que se dirigían a buscar agua. Uno de ellos fue liberado tras la presión popular durante la madrugada, mientras que el otro permaneció detenido por más tiempo.

El conflicto continuó escalando y vuelven a acampar esta vez por 48 horas desde el 1 al 3 de diciembre frente al Ministerio de Desarrollo Social. Pese al amedrentamiento, el aumento de la tensión y la decisión de permanecer en la calle logró que finalmente se consiguiera una victoria: la negociación con el gobierno dio la posibilidad de crear cooperativas autónomas al gobierno, y los movimientos pudieron ingresar el programa Argentina Trabaja.

Este frente de lucha fue el origen de lo que en marzo del 2011 se conoció como la Asociación Gremial de Trabajadorxs Cooperativistas Autogestivxs y Precarizadxs (AGTCAP) que nucleó a más de 3 mil cooperativistas y fue un polo de atracción para diversas organizaciones del campo popular que luchaban por trabajo y cambio social. A lo largo de los años continuaron luchando por la efectiva implementación del PAT y por otros reclamos como el fin a la tercerización del empleo público y precarización de las condiciones de trabajo; la igualación de las remuneraciones a la Canasta Básica Familiar; Subsidios a la producción de Empresas Recuperadas y Emprendimientos Autogestivos; y por derechos básicos como obra social, aguinaldo, vacaciones pagas, etc.

El rol de los punteros en los barrios

En aquel momento el rol de los punteros políticos, amparados por los municipios, era administrar el PAT a su antojo. Comenzando por el poder de decisión de forma arbitraria de quién ingresaba y quien no, cientos de personas denunciaban un sinfín de irregularidades.

Cintia quien en aquel entonces dependía del municipio de Florencio Varela, contó que a los punteros no les interesaba que efectivamente se trabaje, sino que usaban el programa en su propio beneficio quedándose con gran parte del dinero o exigiéndole a la gente que vaya a limpiarle su vivienda. “El municipio hacía la vista gorda o en otros casos peores aun hemos llegado a escuchar pedidos sexuales a cambio del programa”.

Este tipo de práctica se reproducía en todos los municipios. Karina, de La Plata recordó “mis compañerxs y yo fuimos maltratadxs y extorsionadxs, no respetaban nuestros derechos. Nos hacían trabajar jornadas completas por un salario miserable y no podías reclamar nada porque si no te amenazaban con dejarte sin laburo, y en esa época la situación estaba tan difícil que nosotrxs teníamos que bajar la cabeza”.

Otro de los problemas recurrentes es que los municipios subejecutaban los fondos que debían destinarse para materiales, ya que como no les importaba que la gente trabaje no tenían en qué gastar el dinero asignado. “Se usaba la plata para cosas como actos políticos, plantar palmeras en la avenida como si fuéramos Miami o pintar cordones porque venía una visita presidencial, pero hacías una cuadra y todas las calles eran de tierra” contó Cintia.

El relato coincide con el de Valeria, quien trabajaba para el municipio de Berazategui: “la puntera que estaba con nosotras estaba a favor de Mussi y Cristina, entonces cuando hubo elecciones ella se presentó para concejal mostrando nuestro trabajo (…). Tampoco te dejaban pasarte a tu barrio, tenía que viajar media hora en colectivo y cuando me mandaron a control urbano por la misma plata y tenía que limpiar inodoros, no aguante y me fui”.

Este y los anteriores testimonios dejan en evidencia una cuestión clave de las políticas de empleo asistenciales que es la generación de trabajo precario y por fuera de los convenios colectivos de municipales o del Estado, siendo que las tareas que llevan a cabo pertenecen a esos sectores. Así lxs beneficiarios no obtienen el debido reconocimiento de los derechos correspondientes y se transforman en mano de obra barata.

Pese a esto, quienes están enmarcadxs en movimientos remarcan que una diferencia sustancial es que dentro de la organización pueden decidir el régimen de trabajo, la cantidad de horas y pueden realizar las tareas en su propio barrio y en beneficio del conjunto de su comunidad.

“A los punteros políticos no volvemos nunca más”

Esta consigna volvió a escucharse en los últimos meses tras la avanzada de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra los movimientos sociales. El repaso de la historia es clave para entender la política sistemática de disputa territorial que está en las raíces del kirchnerismo. El conurbano bonaerense fue siempre su bastión ante las elecciones, pero la profunda inestabilidad de la alianza gobernante sumado a la gravísima crisis económica que se acentuó en los últimos años, hace peligrar el poderío del Frente de Todos en esa zona.

De esta manera, Cristina vuelve a las viejas recetas: correr a los movimientos sociales para traspasar todo el mando y el poder a los varones del conurbano y sus punteros políticos. La estigmatización y criminalización del derecho a organizarse desató una ola de allanamientos contra los movimientos en todo el país que no distinguió entre oficialistas y opositores.

Ante esto, todas las organizaciones más allá de las diferencias políticas y los matices vienen ensayando la unidad en la lucha contra la persecución, ya que el ciclo político que se abre tendrá como característica el incremento de la represión y el ajuste. Por lo que, sólo la unidad del campo popular podrá hacerle frente.