martes 27 de septiembre de 2022 - Edición Nº1699
Frente de Organizaciones en Lucha » Opinión » 30 jun 2022

Ocho mitos sobre los movimientos sociales

Prácticamente desde su nacimiento, en 1996, el movimiento piquetero viene sufriendo un sinnúmero de acusaciones y ataques propinados desde el Estado y amplificados a través de los grandes medios de comunicación. Como un “deja vu” recurrente, las organizaciones sociales se ven expuestas a todo tipo de operaciones mediáticas que buscan deslegitimar y estigmatizar a los sectores desocupados o precarizados que se vienen organizando y luchando contra los altos niveles de exclusión y marginación a los que se los somete. Repasamos ocho mitos que, tras el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de la semana pasada, volvieron a aflorar en la dirigencia política y las grandes empresas de la comunicación que construyen la agenda política local. Opina: Nicolás Salas, para ANRed.


Por:
Nicolás Salas para Anred

Mito 1: “Los piqueteros no trabajan, son vagos”

Las primeras puebladas que dieron surgimiento a las organizaciones sociales eran claras en su demanda: se le exigía al Estado trabajo genuino. El mismo que se les había arrebatado a partir de las privatizaciones y el desguace de las empresas públicas. La respuesta de los distintos gobiernos será otorgar programas de empleo, los cuales carecían de gran parte de los derechos fijados en los convenios colectivos de trabajo, así como salarios ubicados muy por debajo de la línea de pobreza.

Con esos planes y a lo largo de estos años, las organizaciones han puesto de pie cuadrillas de trabajo y productivos de todo tipo (herrerías, carpinterías, bloqueras y costuras, entre otros). Estos emprendimientos no solo han garantizado un empleo a cientos de miles de familias sino que además logran prestar servicios a barrios, villas y asentamientos donde el Estado solo se hace presente con la policía. Todas estas iniciativas se llevan a cabo sin bajar las banderas de trabajo genuino.

El reporte de agosto del año pasado del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) mostró una radiografía de los oficios, género y tipo de organización que asumen unas 2.830.520 de personas que se inscribieron entre julio del 2020 y el 11 de agosto del 2021.  El relevamiento segmenta los oficios en varias categorías que engloban distintas actividades. La más preponderante que se refleja con precisión es la concerniente a trabajador/a de comedores y merenderos comunitarios que contiene a 444.440 personas, de las cuales el 62,8% son mujeres y el 37,2% varones. “Servicios de limpieza” es otra de las actividades relevantes con 177.887 (el 88% son mujeres y 12% varones) y el tercero del podio es “agricultor/a” con 111.618(repartido en 46,9% mujeres y 53,1% varones) [1].

Mito 2: “Les pagan por movilizar”

Este mito de antaño cae bajo su propio peso si se analiza, por ejemplo, la cantidad de personas que vienen movilizando el último tiempo. Solo la Unidad Piquetera ha movilizado a 300 mil personas en la última marcha federal.

Hagamos un ejercicio práctico, si a cada persona se le pagara $5000 para marchar estaríamos hablando de un gasto por movilización de $1500.000.000, cifra imposible de manejar para los movimientos y más aún si se la multiplica por la decena de marchas y concentraciones que se viene haciendo en el año.

Además, se niega una situación fundacional de las organizaciones y que tiene que ver que la gente se moviliza y lucha no solo por su situación de pobreza o desempleo sino también porque sabe que solo a través de la lucha puede llegar a percibir al menos un plan social. Desde los inicios de los programas de empleo, el Estado negó la universalización de dicho recurso ya que se utiliza como contención de conflictos puntuales. Difícilmente una persona de manera individual vaya a un ministerio, golpee una puerta y le den un beneficio solo por estar desocupada o ser pobre.

Mito 3: «Le sacan plata a la gente»

Al igual que lo hizo el gobierno de Eduardo Duhalde, la vicepresidenta Cristina Fernández y La Cámpora han montado una ofensiva aduciendo que las organizaciones se quedan con plata de la gente.

Se refieren a los aportes voluntarios que cada familia da al interior de la organización para sostener lo que el Estado no sostiene, como son los fletes, alquileres de locales, mantenimiento de las cooperativas, verduras para los comedores, ropa de trabajo y herramientas, entre otros elementos.

¿Cómo pretende Cristina que lleguen los alimentos a los barrios si no es con el pago de un flete? ¿Si el Estado solo manda polenta y salsa de tomate, como se piensa que debe garantizarse el servicio de los comedores populares? El mismo Estado que deja a la deriva a las personas, les cuestiona que se organicen para resolver sus problemas.

A su vez, existe en este planteo una connotación clasista, ya que dicha objeción no corre la misma suerte para con los militantes de La Cámpora que aportan un porcentaje de su salario por trabajar en el Estado o no pone en cuestión el diezmo de las iglesias. Cualquier organización de la sociedad civil que pretenda tener autonomía en sus decisiones debe tener autonomía financiera. Negar eso es ir contra la historia organizativa de la clase obrera.

Mito 4: «Un beneficiario de un programa de trabajo cobra más de 100 mil pesos»

Este mito cae por su propio peso con los datos objetivos de los programas de empleo. En el caso del Potenciar Trabajo, que es la referencia principal de los planes, el monto que se cobra es de $19.000, cuestión que se rige en base a cómo evoluciona las definiciones del Consejo del Salario.

Incluso sumándole los ingresos por otras prestaciones sociales (como puede ser la Asignación Universal por Hijo), lo montos no llegan ni al 50% de lo que se plantea en el imaginario social.

Mito 5: «Nadie controla los recursos de las organizaciones sociales»

Esto es una mentira abierta e injustificable. Cada recurso que reciben las cooperativas de las organizaciones sociales deben ser justificados y rendidos en tiempo y forma.

En la actualidad, y a lo largo de la historia, el Estado tiene la plena potestad de hacer auditorías (y de hecho las ha hecho) que confirmen el destino de los recursos que transfiere a movimientos, municipios o asociaciones civiles.

Mito 6: «El programa de empleo es un subsidio y no un trabajo»

Este planteo surgió en las últimas semanas  a partir de la arremetida de un sector del gobierno contra las organizaciones. Es falso y queda demostrado al calor de las distintas experiencias laborales que surgieron en las organizaciones sociales y de la contraprestación misma que se exige para percibir dicha remuneración.

Tal planteo además es realizado por los mismos funcionarios que avalan e impulsan que en las mediciones de los índices de desocupación se contabilicen los planes como empleo. De hecho, tal perspectiva le permitió al gobierno de Cristina Fernández en 2015 afirmar que Resistencia, Chaco, gozaba de pleno empleo.

Mito 7: «Los pobres, y más aún las mujeres, son usadas y explotadas en las organizaciones»

La vicepresidenta Cristina Fernández se refirió  en estos términos a las personas que habitan las organizaciones. Desconoce, o prefiere omitir, que fueron las mismas mujeres las que pusieron de pie de las organizaciones, las que las sostienen y se ponen a la cabeza de la lucha.

Históricamente las asambleas barriales de las organizaciones han dado voz y lugar que las instituciones del Estado les niegan. De todas formas, no se puede negar la existencia de prácticas patriarcales en el seno de las organizaciones, las cuales no difieren de las existentes en todo tipo de organización de la sociedad civil.

El planteo realizado por Cristina Fernández niega la historia de construcción de un feminismo piquetero que tuvo uno de sus hitos en las asambleas de mujeres del Puente Pueyrredón en 2003, la existencia de comisiones de género en el grueso de los movimientos, o las cuadrillas de género que abordan a diario las situaciones de violencias, esas que el Estado define omitir.

Mito 8: «Con la intervención de la Anses y los intendentes se garantiza la transparencia»

El cobro del salario que implica el programa de empleo se hace a través de una tarjeta directamente a las personas “beneficiarias”, por lo que no hay mediación de las organizaciones en dichos fondos. El planteo que se pague a través de la Anses no modifica en nada la situación metodológica del cobro y lo que se expresa en definitiva es una disputa de la caja en cuestión.

En paralelo, se intenta “transparentar” la situación transfiriendo la organización del trabajo a los intendentes y gobernadores.  Vayamos a un ejemplo concreto. Durante el gobierno de Duhalde existieron unas 800 denuncias penales por irregularidades en los manejos de los planes “Jefes y jefas de Hogar” entre abril de 2002 y octubre de 2003. Lo paradójico es que las presentaciones judiciales no apuntaban a las organizaciones sociales sino que recaían en su totalidad contra intendentes, funcionarios municipales, concejales y miembros de consejos consultivos impulsados por el propio gobierno. Tal situación será admitida por el propio Duhalde años después.

La implementación del plan “Argentina Trabaja”, durante el gobierno de Cristina Fernández, resultó ser otra muestra de este tipo de irregularidades ya que afloraron denuncias por doquier contra intendentes y punteros ligados al aparato municipal. Los jefes comunales sobreexplotaban a las personas “beneficiarias” y desviaban constantemente los fondos correspondientes a la compra de herramientas e insumos para garantizar dichos trabajos.

Detrás de esta propuesta se encuentra la intención de devolverle poder territorial a los punteros y al aparato del Partido Justicialista que fueron perdiendo en la disputa con las organizaciones sociales desde 1996 a esta parte.  Además se busca que los municipios realicen un fraude laboral disponiendo de mano de obra precarizada por fuera de los convenios municipales.

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