miércoles 10 de agosto de 2022 - Edición Nº1651
Frente de Organizaciones en Lucha » Opinión » 24 jun 2022

La Masacre de Avellaneda es Crimen de Estado

Repudio a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda

El 26 de junio de 2002 se ejecutaba el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en un operativo criminal coordinado por tres fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) con la Policía de la provincia de Buenos Aires, comandadas por la ex SIDE. Esa participación conjunta fue la mano de obra barata que hizo el trabajo sucio. ¿Pero quienes dieron la orden? Los autores intelectuales y responsables políticos de la masacre gozan de impunidad pero tienen el total repudio social para que sean llevados a juicio y sean condenados. A 20 años repasamos el “prontuario” de cada asesino.


Junio arde rojo

Hace 20 años, el 26 de junio de 2002, el movimiento piquetero realizaba  una gran movilización con cortes en los principales accesos a ciudad de Buenos Aires. Les trabajadores desocupades reclamaban trabajo, aumentos salarial y alimentos para comedores.

En el corte que se iba a realizar en Puente Pueyrredón la cacería policial lo impidió, dejando como saldo el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, una treintena de personas heridas y más de un centenar de detenides.

La condena a cadena perpetua al comisario Alfredo Fanchiotti y el suboficial Alejandro Acosta gracias a la lucha popular se consumó tres años después de los asesinatos. Pero los responsables políticos aún gozan de total impunidad.

La Masacre de Avellaneda del 26 de Junio del 2002 es un crimen de Estado

Repasamos quienes fueron los distintos funcionarios estatales de aquel momento: Eduardo Duhalde, presidente de la Nación; el ex vicejefe de la SIDE, Oscar Rodríguez; el ex gobernador, Felipe Solá; ministro de Seguridad de la provincia, Luis Genoud; el ex jefe de Gabinete, Alfredo AtanasoffJorge Vanossi, ministro de Justicia; el ex secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; el ex secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez; Carlos Federico Ruckauf, ex excanciller y el ex ministro del Interior, Jorge Matzkin.

Autoría intelectual

 Eduardo Duhalde  

La Masacre de Avellaneda no fue un caso de represión aislado. Por el contrario, forma parte de una estrategia represiva sistemática que combinada con una campaña mediática de demonización de los movimientos tuvo como fin la desarticulación de los sectores en lucha.

Basta recordar algunos de los hechos que tuvieron lugar en los primeros meses de su gobierno:

 Cacerolazo del 25 de enero de 2002: cuando el grueso de los manifestantes se estaba desconcentrando la policía arremetió con las motos y sobrevino una andanada de balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo 68 detenciones. Al ser consultado sobre lo sucedido Juan José Álvarez contestó que «hubo excesos».

 Madrugada del 6 de febrero de 2002: el MTD de Esteban Echeverría mantenía cortada la ruta 205 a la altura del Jagüel. En este momento Jorge ‘Batata’ Bogado, puntero del intendente de Ezeiza Alejandro Granados, «pasó» el control policial y atravesó el piquete en su Ford Falcón. Hugo Javier Barrionuevo se acercó a increparlo y Bogado sacó su 9 mm y efectuó dos disparos, uno de ellos impactó en el cuello de Javier, quién cayó al suelo herido de muerte.

 Abril de 2002: en un corte frente a la municipalidad de Lanús, un policía del servicio penitenciario disparó contra Juan Arredondo, militante del MTD Aníbal Verón de esa localidad.

Días antes de la represión el presidente Duhalde declaró públicamente: «en momentos de confusión (los bloqueos) se podían admitir, pero ahora no hay que agravar los problemas sociales con acciones violentas. Hay que ir poniendo orden, los intentos de aislar a la Capital (con cortes de ruta y piquetes) no pueden pasar más». De esta manera identificó la continuidad de la protesta social con la violencia, al tiempo que denunciaba la existencia de «agentes provocadores del caos».

Durante las semanas previas, el presidente Duhalde impulsó la realización de cinco encuentros en los que participaron miembros del gabinete, distintas fuerzas de seguridad provincial y federal, las Fuerzas Armadas, los servicios de Inteligencia del Estado, hombres clave de la justicia y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En esas reuniones el gobierno instruyó a todos los organismos y funcionarios involucrados acerca de la decisión política adoptada respecto a la represión del conflicto social. En una de ellas, con el acuerdo de integrar a la Policía Bonaerense en el esquema de coordinación de las fuerzas federales de seguridad, quedaron sentadas las condiciones para el primer operativo conjunto de las cuatro fuerzas represivas que se pondría en marcha una semana después, el miércoles 26 de junio.

«El gobierno nacional, la justicia y las fuerzas de seguridad avanzaron hoy en la definición de las directivas que deberán acatar jueces, fiscales y efectivos uniformados para prevenir y dispersar protestas como los piquetes y otras acciones que interrumpan el tránsito en vías estratégicas, informan fuentes oficiales (…) en los encuentros se debatió cuál será la actitud de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal, y la cobertura a su acción que tendrá la justicia, a través de los jueces y los fiscales federales en las próximas acciones de piqueteros que preocupan al gobierno. Las conclusiones deberán estar acordadas antes del jueves (sic) cuando los grupos piqueteros preparan interrumpir el tránsito en los accesos estratégicos a la Capital Federal, sitiando virtualmente la metrópoli» (Agencia Infosic 18/06/2002).

Oscar Rodríguez

Fue intendente de San Vicente entre 1991 y 1995, y luego fue electo dos veces en Presidente Perón, cuando se fundó el distrito. Siempre se mantuvo dentro del armado de Eduardo Duhalde y por eso en su presidencia fue nombrado como sub director de la SIDE. En 2019 trabajó políticamente para la campaña presidencial de Roberto Lavagna.

Desde la SIDE siguió controlando el distrito de Presidente Perón como si fuera un feudo. Días antes del 26 de junio de 2002, espías de la SIDE -bajo el mando de Oscar Rodríguez- infiltraron encuentros públicos y organizaciones populares, a partir de lo cual produjeron un nuevo documento reservado que se sumó a otros presentados anteriormente. Eran las desgrabaciones de los discursos pronunciados en la Asamblea Nacional Piquetera, realizada los días 22 y 23 de junio en el estadio Gatica de Villa Dominico. En el encuentro, cuya convocatoria fue pública y abierta a los medios de comunicación, se discutió lo que podía leerse en cualquier prensa de los grupos de izquierda que acompañan al Bloque Piquetero.

Para comprender como se utilizó el informe de la SIDE que anunciaba la existencia de un «enemigo subversivo interno», basta recordar las versiones que algunos ministros del gabinete echaron a andar en los días posteriores a la Masacre de Avellaneda con la condición de que no fueran publicados sus nombres. La agencia DyN refiere a esos funcionarios como «altas fuentes de gobierno» que dijeron: «Los manifestantes utilizan una estrategia de lucha urbana, con la utilización de bombas molotov o palos con puntas que permiten atravesar los chalecos antibalas de los policías» y que insistieron en caracterizar el plan de lucha votado en asamblea pública de Villa Domínico como «un plan de grupos radicalizados para incrementar la violencia social». Sobre esta idea se sustentó la interpretación oficial sobre lo ocurrido el 26 como una radicalización contra el gobierno de Duhalde.

 

Felipe Solá

Solá, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene responsabilidad en el armado y ejecución de la represión. También formó parte activa de la operación de prensa con la que los responsables políticos y materiales de la represión trataron de eludir su responsabilidad inventando una “interna piquetera” para culpar a los movimientos sociales y profundizar la represión. Con ese objetivo, horas después del operativo, el mismo Solá montó una conferencia de prensa junto al comisario Franchiotti, fusilador de Darío y Maxi.

Siempre constante y coherente con su compromiso histórico con los ricos y poderosos Solá fue diputado y funcionario del menemismo, vice gobernador de la provincia del fascista Ruckauf, gobernador alineado con Duhalde durante 2002, más tarde reelecto jugando para el kirchnerismo. En 2008, durante el conflicto por las retenciones al agro, Solá se hizo opositor y apoyó a la oligarquía agrícola, para luego sumarse al sector que encabeza Sergio Massa. Todo un recorrido que sigue con su alejamiento del massismo para iniciar un acercamiento nuevamente al peronismo y se completa con su lanzamiento como figura presidenciable en 2019.

El 3 de enero de 2002, cuando Ruckauf pasó a ocupar el cargo de canciller de la Nación, Felipe Solá lo sucedió como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Al asumir expresó que era «inaceptable un estado que oculte la ineficiencia, el malgasto y la corrupción» y que encararía su tarea con «disciplina, rigor, respeto y consideración por el prójimo». «Hay bronca en nuestro pueblo y nadie de la dirigencia puede sentirse excluido de su responsabilidad (…) Estoy dispuesto a escuchar y dialogar con todos los sectores. Vamos a buscar los consensos», dijo por aquel entonces pretendiendo diferenciarse de su antecesor al rechazar la idea de la mano dura.

 Fuentes: Argentina Arde, Prensa de Frente y Agencia de Noticias RedAcción

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