ORGANIZARNOS NO ES DELITO
Sobreseimiento para estudiantes y docentes imputadas por la toma de la Universidad de Río Negro
El pasado lunes 30 de mayo el Tribunal Oral Federal notificó a les ocho docentes y estudiantes de la Universidad de Rio Negro el sobreseimiento por participar de protestas y manifestaciones por mayor presupuesto y democratización de esa institución educativa. Luego de cuatro años, la causa concluye y constituye un paso más en la lucha por el derecho a organizarse.
“El sobreseimiento llega después de cuatro años de lucha, de resistir el avance del sistema penal, de no abandonar ninguna de nuestras convicciones. El sobreseimiento significa, en definitiva, el cese de la persecución y la convicción de que solo la lucha hace retroceder al sistema penal.” Desde las redes sociales les integrantes de la Asamblea Interclaustro de la UNRN confirmaron la mejor noticia.
La causa se inició hace cuatro años y el anteúltimo día de mayo tuvo su fin al dictaminar el Tribunal Oral Federal de Fiske Menuko el cese de judicializaciones contra ocho personas de la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) por medidas, como la toma del establecimiento, llevadas a cabo en el marco de la lucha por la educación pública. Les acusaban de “usurpación y coacción agravada” lo cual, en caso de ser declaradas culpables, implicaba una condena efectiva que va de 5 a 10 años de prisión.
“Fueron cuatro años de esperar este momento, cuatro años de luchar para que esto termine. Y hace unos meses sabíamos que teníamos una tarea difícil. Llegábamos acusadas por usurpación y coacción, con un tribunal que nunca había hecho lugar a ninguno de nuestros planteos. Llegábamos a juicio con una Fiscalía que solo había ofrecido suspensiones de juicio a prueba y extorciones disciplinadoras. Llegábamos a un juicio después de un desalojo violento, después de haber sido expulsadas de la Universidad, Universidad vaciada de cualquier tipo de organización y lucha en su interior. Pero también llegamos con un grupo de compañeres y organizaciones que siempre nos acompañaron, no solo en las movilizaciones y en cada acción de lucha, sino que también nos acompañaron en cada abrazo compañero que necesitamos para llegar enteras a esta instancia. Y ese apoyo en los últimos meses creció tanto, que pudimos demostrarles a jueces y fiscales que se puede torcer el curso de este proceso y lograr que la causa caiga”, afirmaron desde la Asamblea Interclaustro.
Por su parte, en la Universidad Nacional de Córdoba también la justicia federal promueve un juicio contra 27 estudiantes procesados por participar de medidas de fuerza en defensa de la Universidad Pública. Al respecto, la Asamblea Interclaustro UNRN en lucha sostiene que “desde que comenzó esta lucha nos sentimos hermanades con les compas de Córdoba. Fueron dos procesos de criminalización contra un mismo proceso de lucha, aquel iniciado en el 2018. Y así como siempre tuvimos la preocupación de que una condena siente un precedente en su contra, hoy sentimos que generamos un enorme precedente para la lucha que nos queda llevar adelante por su absolución. Con elles compartimos este triunfo y también manifestamos que la lucha no termina acá, sino que nos mantendremos movilizadas hasta que las causas de elles también caigan.”
Cabe recordar que este intento de criminalización de la protesta en la provincia de Río Negro tiene su correlato también en la ciudad de Fiske Menuco en la causa armada por el juez Hugo Greca contra integrantes de organizaciones sociales, entre las que nos encontramos. Desde el FOL también denunciamos la persecución hacia nuestro movimiento y organizaciones hermanas, siendo criminalizadxs con figuras penales de gravedad como asociación ilícita y extorción por la justicia federal.
“Es por esto que el fin del proceso a estudiantes y docentes nos llena de esperanza – afirman desde el FOL Rio Negro - ya que en definitiva es un proceso de criminalizacion contra la protesta y la organización y desde el FOL sostenemos que organizarse no es delito”.
La lucha es en las calles, tomar una universidad, manifestarse no son delitos. Quitarles las oportunidades a les jóvenes, el trabajo a las personas y un futuro digno, sí.