Los intereses extractivos e inmobiliarios priman por encima del derecho de las Comunidades Ancestrales sobre sus tierras, las complicidades de empresarios y funcionarios públicos deja ver claramente cómo opera el poder: el 21 de noviembre sicarios se cobraron la vida de Elías Garay Cayicol y Gonzalo Cabrera, quien sobrevivió al ataque.

Desde 2017 la política estatal tanto de los gobiernos macrista y kirchnerista llevan en sus espaldas 3 muertes, militarización, disciplinamiento, hostigamiento, criminalización y judicialización son las respuestas para quienes buscan defender la tierra, el bosque y el agua.

La tensión nunca cesa en la región, a esta situación se les suma los incendios forestales y la falta de recursos para enfrentarlos, en Golondrinas (Lago Puelo) cientos de familias perdieron sus hogares, hoy corren riesgo los parajes de Villegas y El Manso (Río Negro) y continúan los trabajos en el Currrumahuida (El Hoyo), más al norte en Aluminé (Neuquén) el fuego también avanza y son sólo los brigadistas y pobladores quienes lo enfrentan, brigadistas que le reclamaron al ministro Juan Cabandié por sus salarios pero él se fue sin escucharlos.

La situación de la Patagonia es compleja, la sequía producto del cambio climático afecta a los sectores más pobres, sin agua para vivir, sin agua para producir corre peligro la producción agrícola y ganadera de la región. En los barrios populares no hay agua y muy poco se dice de la emergencia hidrica. Según el INDEC en 2019 sólo el 11,6 de los barrios populares cuenta con acceso a servicios a agua en Río Negro, realidad que hoy cambio muy poco. El gobierno prioriza el agua para el Fracking, que en este mes ocasionó un derrame de petroleo en Catriel, al norte de la provincia derrame del que el gobierno de Juntos Somos Río Negro poco dijo al respecto. Y el discurso gubernamental nacional sostiene que la culpa es del cambio climático sin asumir la responsabilidad política del modelo de producción que lo ocasiona y la política de entrega de nuestros bienes naturales.

Por otra parte, el igual que otros años, se frenó en la calle el intento de aprobación de la Zonificación Minera en la estepa chubutense pero el alerta y la lucha sigue, de igual forma en la Comarca Andina hoy organizaciones de derechos humanos, sociales y vecinxs conscientes se encuentran acompañando a la Lof Qumquemtreu porque la defensa del territorio es una sola lucha.

El martes 23 era la fecha que el juez Ricardo Calcagno dictó el desalojo forzado a la comunidad pero se realizó una audiencia (de impugnación a esa medida) a cargo del juez Gregor Joos quien estableció un plazo de 48 horas más para resolver a través del dialogo entre las partes. Es decir, la tensión continúa; mientras esta audiencia sucedía un vecino ingresó al territorio y alertó a la comunidad, se teme una nueva represión. Con la prensa atendiendo los incendios sin cuestionar la desidia estatal, la política represiva sigue en pie, como también sigue la promoción de un “verano épico” en la provincia mientras aumentan los casos de covid y el fuego avanza sobre los poblados.

Las acciones de acompañamiento como el alerta continúan.