Hace algunas semanas la Legislatura porteña sancionó la Ley de Economía Social y Popular que apunta a reconocer el trabajo de cientos de cooperativas y productivos, a la vez que es un impulso para generar nuevos puestos de trabajo genuino. La misma era un reclamo histórico por parte de distintos movimientos sociales de la ciudad, quienes ahora apuntarán a continuar la batalla por su efectiva implementación.

“Fue un reclamo durante años y ahora por fin salió la Ley. Nosotros le presentábamos proyectos al gobierno, pero los encarpetaban y no le daban importancia, así que hoy vemos esto como algo muy importante” dijo Noemí del FOL, quien junto a sus compañeras mantuvieron durante toda la pandemia distintas ollas populares en las villas de la ciudad.  

La Ley tiene tres aristas: la primera apunta a generar un fondo conformado por el Banco de la Ciudad y el gobierno porteño para otorgar préstamos a tasas bajas con el objetivo de que los productivos puedan comprar insumos; El segundo fondo, al cual también se incorporan aportes de empresas privadas, apunta a financiar la compra de galpones productivos y otros bienes inmuebles para garantizar el funcionamiento de las cooperativas; Y por último se modificó la ley de compras de la Ciudad para habilitar que los distintos ministerios puedan gastar parte de su presupuesto en los productos elaborados por las organizaciones sociales.

Manuel, uno de los referentes del FOL, contó que la segunda línea es una de las más importantes debido a que “el valor de los terrenos es muy elevado en la ciudad, y eso se debe a la especulación inmobiliaria. Entonces exigimos al gobierno este fondo para financiar la estructura de los productivos, porque allí donde nosotros teníamos que hacer un esfuerzo enorme para montar 4 o 5 puestos de trabajo, ahora podemos generar polos productivos”.

Por otro parte, la modificación de la Ley de compras apunta a diversificar y democratizar la posibilidad de vender productos e insumos a los distintos ministerios, ya que hasta el momento las condiciones restrictivas y los continuos atrasos en los pagos hacía imposible que pequeñas cooperativas pudieran venderle al Estado, favoreciendo así el lobby y los negociados de las grandes empresas.

Si bien la sanción de la ley fue un avance muy importante, los movimientos sociales plantean que la lucha no termina acá, sino que ahora hay que continuar la batalla por su implementación. Para esto las organizaciones plantean que se conforme un consejo que las incluya para formar parte de las decisiones y además exigen que se agregue un monto mínimo del 5 o el 10% para las compras a los productivos, porque sino esto quedará a discrecionalidad de cada ministerio.

“Nos queda como batalla que esto no quede en letra muerta, pero lo vemos como un triunfo ya que en este contexto de crisis social donde miles de trabajadores y trabajadoras han perdido sus empleos y sus changas, esta ley apunta a que quienes tengan un oficio puedan conseguir un puesto de trabajo genuino” remarcó Manuel.