Luego de haberse realizado un nuevo censo para determinar la cantidad de familias que habitan el predio de Guernica, el gobierno volvió a realizar una oferta insuficiente para solucionar el conflicto.  Por eso ayer, las y los delegados junto con las organizaciones estuvieron hasta altas horas de la noche realizando propuestas al gobierno para tratar de arribar a un consenso. Esta semana, continuará el dialogo que será decisivo para saber si se concretará el desalojo o si las 1400 familias obtendrán su derecho a tener tierra para vivir.  

El censo llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Hábitat, contó además con la presencia y el control popular de organismos de Derechos Humanos como el CELS Y EL CERPAJ, y la colaboración de las organizaciones sociales que acompañan el conflicto y de las y los vecinos. El mismo arrojó que la cantidad de familias que están viviendo en el lugar son 1400, lo que equivale a 4417 personas, un número muy superior a las 150 familias que estimaba Larroque, ministro de desarrollo de la comunidad.

Cabe destacar que durante estos meses se realizaron tres censos distintos. El primero de ellos fue muy irregular y no se sabe quién lo organizó, pero fue suficiente para sembrar el miedo y la desconfianza, ya que muchas familias entregaron sus datos y después 533 personas terminaron judicializadas y sin ningún tipo de respuesta. Luego se organizó otro censo, esta vez de manera oficial y cargo del ministerio, pero también estuvo plagado de irregularidades.

“En esa instancia pedían el número de teléfono y después el ministerio se dedicó a llamar a las familias para ofrecerles plata para que se vayan, o electrodomésticos o materiales de construcción” relató Abril, una de las censistas populares. Además agregó que “apuntaban a saber dónde vivía antes la gente entonces después se echaban culpas entre los municipios e intendentes y solo querían hacerse cargo de la gente de su municipio”.

Por eso, esta vez, la metodología y las preguntas fueron acordadas con anticipación: nombre y apellido, cantidad de personas en el grupo familiar, barrio y manzana, y si hay integrantes con alguna discapacidad y personas que estén embarazadas. El principal objetivo era saber cuánta gente hay en el predio, pero como relata Abril “no terminaba de haber claridad, no estaban bien organizades. Algunos censistas aceptaban que no las familias no dieran sus DNI y otros no. Por eso también fue tan necesario el control popular que hicimos con las organizaciones y les vecines para garantizar que no hagan preguntas de mas, el tema del DNI, etc.”

A su vez, como remarcaron desde el CELS y el Serpaj, su función era “asegurar que la información solicitada fuese idéntica en todos los barrios, que el proceso de carga fuese adecuado y acordado, y que las familias y personas allí presentes pudieran evacuar sus dudas y conocer ciertos detalles sobre los objetivos del relevamiento”.

Los datos arrojados por el censo permitieron desmentir la cifra irrisoria que planteaba el gobierno para deslegitimar el masivo reclamo. Según funcionarios de la cartera de desarrollo, las familias eran 150 y el resto se había retirado del lugar de manera voluntaria, cuestión que quedó desmentida y certificado por los diversos grupos que participaron del relevamiento.

Hace ya tres meses que las miles de familias se encuentran viviendo a la intemperie, soportando el frio y la lluvia; sin las condiciones de higiene y cuidados necesarios para sobrellevar una pandemia; con hambre y con necesidades básicas insatisfechas. Frente a esto el gobierno ha intentado criminalizar tanto a las y los vecinos como a las organizaciones que acompañan, y no ha hecho propuestas firmes que den solución al conjunto de las personas que allí se encuentran. Por eso, la resolución del conflicto es política y está en sus manos.