La persecución, discriminación y violencia hacia integrantes de la comunidad senegalesa es una constante desde el comienzo del gobierno del intendente Julio Garro. En las últimas semanas se dio a conocer que la nueva secretaria de Control Ciudadano, Virginia Pérez Cattaneo, llevó adelante una denuncia solicitando la investigación de los delitos de trata de personas, asociación ilícita, falsificación y reproducción de marcas, contrabando y evasión tributaria, que pone a los senegaleses como víctimas y a su vez responsables de los ilícitos.

En agosto del 2019 el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, que viene acompañando a la comunidad desde hace años, había presentado un recurso de amparo para frenar el hostigamiento y persecución. El mismo siguió su curso y recién obtuvo respuesta hace algunos días cuando el Juzgado Federal N°4 decidió declararse incompetente para intervenir.

Este año, la pandemia puso a la comunidad senegalesa al límite de la supervivencia. Totalmente desamparados y sin poder acceder a ningún subsidio del Estado, se vieron obligados a salir a la calle para continuar con su único sostén económico que es la venta ambulante. Rápidamente enfrentaron la política represiva del Intendente de Cambiemos, los operativos violentos de Control Ciudadano y la Policía Bonaerense terminaban con la detención de los trabajadores, causas penales en su contra y el robo de su mercadería.

A raíz de esto, junto con La Ciega, se impulsó en agosto una mesa de dialogo con la Defensoría de Pueblo provincial, en la cual también participaron Control Ciudadano, la Subsecretaria de DD.HH de la provincia y el Ministerio de Justicia y DD.HH de la Nación, entre otros. Pero mientras esta instancia se encontraba en desarrollo el Municipio presentó en la Justicia Federal la denuncia, que por lo que se pudo constatar no cuenta con ninguna prueba.

A su vez, arremetieron contra uno de los abogados del colectivo La Ciega inculpándolo de ser parte de la supuesta banda criminal. Este tipo de accionar no es aislado, sino que el municipio de Garro tiene la práctica sistemática de perseguir y criminalizar a quienes luchan y se organizan en defensa de los derechos humanos más elementales.

En un comunicado que emitieron integrantes de la comunidad senegalesa explicitan que “la mayoría de nosotros somos vendedores ambulantes que vivimos en situación de vulnerabilidad, pero ni somos víctimas de trata, ni tampoco algunos de nosotros somos jefes de una organización criminal como se ha dicho. Y si así fuera, si efectivamente fuéramos víctimas de una red de trata, no se entiende por qué el Municipio responde profundizando todos los días operativos violentos y discriminatorios contra los manteros, persiguiendo con especial énfasis a los senegaleses”.

Los trabajadores denuncian que hay un especial ensañamiento con la comunidad y que esto solo responde a prácticas racistas y discriminatorias que vienen profundizándose desde hace tiempo. “Nadie en su sano juicio podría pensar que es un privilegio trabajar en la calle expuestos al frio, al calor, a la lluvia, a la falta de un baño, y muchas veces al maltrato. Nos gustaría poder tener alternativas de empleo que hoy no tenemos y dejar de ser ese estorbo que para muchos hay que barrer de la vereda” dicen los senegaleses en su comunicado y culminan convocando a la solidaridad de todas y todos los platenses y organizaciones del campo popular.