Al igual que en el resto del país las condiciones de precarización laboral del personal educativo se profundizan aún más a partir de la suspensión de clases y la declaración de la cuarentena. A pesar de esto, el proceso organizativo que había comenzado a gestarse para reclamar los salarios adeudados y el aumento correspondiente continúa gestándose continua desarrollándose, aunque con posibilidades más acotadas debido a las medidas de aislamiento social.

El gobernador Juan Manzur había comenzado el año emitiendo un decreto que eliminaba unilateralmente el último tramo de la cláusula gatillo que debían cobrar las y los docentes, y hasta el momento dicho monto no fue abonado. Frente a esta situación miles de docentes se habían autoconvocado, ya que las conducciones gremiales como ATEP, APEM Y AMET se encontraban en la inacción total.

Se realizaron asambleas departamentales, dos paros generales y el espíritu de lucha fue incrementándose, pero rápidamente se encontraron con amenazas, aprietes y demás acciones intimidatorias por parte de distintos funcionarios. A esto se le sumo que el gobierno intentó tapar la situación con un acto de inicio normal de clases para sacarse la foto con Nicolás Trotta, ministro nacional de educación.

Con la sanción del aislamiento obligatorio y la suspensión de clases, Manzur aprovechó para dictaminar un aumento miserable a cuenta de futuras paritarias de entre un cinco y un diez por ciento del salario. Respecto a lo que adeuda desde diciembre, lo que menciona el decreto es que se abonaría en cuotas sucesivas desde julio a diciembre.

En este contexto, las y los docentes tucumanos, como el resto de la docencia a nivel nacional, se vio saturada de tareas vía web, extensión de las jornadas de trabajo, exigencias por parte de las conducciones para cumplir con la continuidad pedagógica sin contar con herramientas y recursos suficientes para poder afrontar esta crisis.

A su vez, el 40% de los hogares está bajo la línea de la pobreza, lo también trae muchas dificultades para las y los estudiantes para realizar sus tareas. Gonzalo, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, da clases en la capital de Tucumán, en Famaillá, Monteros, Alberdi y La Cocha, expresó que “observamos con preocupación esta situación, sobre todo porque el ministro Juan Pablo Litchmajer y el gobernador Juan Manzur viven en una realidad paralela. Mientras hacemos malabares para dar clases, tener una mínima vinculación y contención hacia los estudiantes y sus familias, desde el ejecutivo la solución está en que nos expongamos y expongamos a las familias, les demos un cuadernillo o un pen drive, con contenidos pobres e inútiles, ya que nada tienen que ver con los programas provinciales”.

Según contó Gonzalo, aproximadamente un 50% de los estudiantes no pueden completar las actividades que se envían, por dificultades diversas (conexión, tecnología en la casa, capacidad de leer desde una pantalla, etc). Ese número se eleva en el caso de las escuelas rurales, llegando a ser casi del 80%.

“Por otro lado, tampoco la docencia está capacitada para manejarse con plataformas virtuales para sus clases y así se completa el círculo con madres y padres que, antes que pensar en cómo responder a algo para lo que tampoco están preparados, deben pensar en cómo alimentar a sus familias” aseguró.