Respuesta a los allanamientos en Río Negro
De la precariedad del Estado a organizarnos para vivir
Compartimos algunas reflexiones sobre los allanamientos acontecidos el pasado miércoles 19 de febrero en los hogares de militantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) de la ciudad de Fiske Menuco (Gral. Roca) en Rio Negro.
La última gran crisis económica, política y social que vivió nuestro país, la que estalló a fines de 2001, abrió un ciclo político-institucional donde la clase dominante logró la recomposición de la gobernabilidad, asentada en la reconstrucción de la legitimidad estatal.
La superación parcial de aquella crisis, que tuvo al movimiento de trabajadores desocupades como el actor más dinámico, se logró en parte con la puesta en escena de una serie de políticas públicas direccionadas-focalizadas hacia el sector desocupado de la clase trabajadora, algunas de las cuales tienen continuidad hasta el presente.
La política de planes sociales ha sido y es una estrategia de contención social que el propio Estado le propone al sector desocupado de la clase laburante y específicamente a sus organizaciones. En muchos países del continente y del mundo los Estados motorizan estos instrumentos, algunos incluso son directamente elaborados y promovidos por organismos internacionales (como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional).
En Argentina, los programas a los que acceden vecinos y vecinas que se organizan en estos movimientos sociales, se gestionan principalmente vía organizaciones sociales. En el caso de las organizaciones que mantenemos independencia política de los gobiernos de turno, estos recursos los conquistamos con la lucha callejera. Claro que existe un debate siempre abierto sobre qué lugar terminamos ocupando las organizaciones cuando accedemos a gestionar estos recursos. Lo que debería estar fuera de debate, es la criminalidad de esas acciones y de nuestra forma de organizarnos.
En la otra vereda de quienes consideran ilícito, criminal y extorsivo el accionar de las organizaciones populares, nosotras nos auto-organizamos para dar respuesta a lo que definitivamente es ilícito, criminal y extorsivo: la profunda, violenta y selectiva precarización estructural de la vida de un enorme sector de la sociedad.
Precariedad y organización
La precariedad, herencia de políticas neoliberales y extractivistas, existe materialmente y se traduce, como vemos cotidianamente, en hambre, desocupación, inacceso a salud de calidad, educación de calidad, vivienda de calidad. La precariedad tiene la cara de la triple jornada laboral de las compañeras que sostienen changas fuera de la casa, trabajo reproductivo dentro de las casas y auto-organización barrial para dar batalla colectiva a la desigualdad y la violencia. Cuando decimos precariedad pensamos en las niñeces vulneradas por la violencia patriarcal y por la violencia de la carencia; en la juventud esclavizada en el trabajo explotado y la imposibilidad de imaginar futuros dignos; en la vejez destruida por una vida de aportes a mejorar las existencias ajenas y cosechar para sí el abandono social marcado por la improductividad capitalista.
La precariedad existe materialmente en las vidas que llevamos y también existe en las formas de organización que podemos hoy darnos. Montones de formas de asociación humana definen objetivos alrededor de los cuales organizarse, modos de encuentro, formas internas de funcionamiento, criterios de distribución de recursos si los hay, aportes de los miembros o usuarios, maneras de gestionar conflictos internos, modalidades de pertenencia. Desde clubes de barrio, hasta comisiones vecinales, clubes de jubiladxs, sindicatos, asociaciones civiles, cooperativas, movimientos sociales y un largo etcétera, deben abordar y decidir estas cuestiones. En la última asamblea que tuvimos, una compañera se preguntaba y nos preguntaba retóricamente al resto: “¿por qué nosotras tenemos que salir a dar explicaciones de cómo nosotras mismas nos organizamos? No es por cómo lo hacemos, es porque saben que estamos organizadas en los barrios y nos quieren asustar, nos quieren de nuevo en nuestras casas”.
Organizarnos no es delito
Es de público conocimiento que el pasado miércoles 19 de febrero, la policía federal con la solicitud del fiscal federal Alejandro Moldes y la orden del juez federal Hugo Greca, allanó la casa de dos compañerxs de la organización social FOL en la provincia de Río Negro, ciudad de Fiske Menuco (General Roca). En el allanamiento se llevaron computadoras, celulares y todo aquello que se vinculara con la organización (reglamentos de funcionamiento interno, materiales de lectura, planillas con datos de compañeras, etc), dejando expreso en la orden de allanamiento que se procederá a realizar investigaciones de las comunicaciones internas de la organización.
¿Qué buscan la justicia, el poder político y el poder mediático, cuando nos criminalizan a las organizaciones populares por intentar resolver la materialidad de nuestra existencia? Para nosotras es claro: buscan asustarnos, estigmatizarnos y desorganizarnos.
La criminalización ejercida por la justicia intenta probar que la forma de organización de los movimientos sociales es una “asociación ilícita”, vinculando la autogestión y administración propia de nuestros recursos a delitos como “estafa” y “extorsión”. La gravedad de los delitos que se investigan debe ponernos en alerta generalizada. Una embestida legal de esta magnitud implica un gran daño contra nuestras experiencias de organización ampliamente hablando y es preciso comprender que esto no es una avanzada direccionada contra personas individuales ni espacios políticos particulares, sino que se trata de una estrategia que busca atemorizar y desarticular las construcciones políticas que sostenemos con mucho trabajo una enorme cantidad y variedad de organizaciones en este y en muchos otros territorios. Estamos ante una forma de control social que se extiende y perfecciona al calor del avance nuestras luchas.
Al mismo tiempo, el poder mediático hegemónico y el sentido común que habitualmente nos discrimina y estigmatiza por “vagos” y “planeras”, ahora también redobla la apuesta, estigmatizándonos y criminalizándonos por decidir de manera autónoma cómo auto-organizamos nuestro trabajo y nuestros recursos de manera colectiva.
Sinceramente creemos que es urgente una interrogación profunda en este sentido: ¿Será posible, en el marco de la reflexión social, diferenciar entre una práctica con la que no se está de acuerdo o se considera ilegítima y una que constituye un crimen o un delito? ¿Será que podamos dimensionar que no da lo mismo? ¿Será que podamos reflexionar sobre las implicancias que tiene para nuestras propias existencias este intento de disciplinamiento?
Organizarnos es un derecho y un placer
Se le hace imposible al poder político, al poder judicial, al poder mediático y al sentido común, pensar que alguien que accede a un salario social complementario por su participación en una organización, pueda tomar esa decisión por voluntad propia. Se les hará incluso más inalcanzable pensar que muchas encontramos en la organización una forma de quebrar la soledad, el aislamiento, el individualismo. Organizadas hemos encontrado una mano para que se haga menos duro el día a día de llevar el pan a la casa. También, y sabemos que eso les duele y les preocupa, hemos encontrado compañeras, hemos salido de la casa y la rutina, hemos roto la violencia machista, hemos recuperado la autoestima, hemos redescubierto nuestra capacidad de gestionar nuestras vidas y de encontrarnos con otras para gestionarlas juntas. Construimos comunidad allí donde el Estado y el mercado solo ven “mano de obra sobrante”. Esta experiencia tiene una potencia política que ni nosotras llegamos a dimensionar y es además irreversible. No somos ni seremos las mismas.
El acostumbramiento social al sistema de punteros y el pensamiento tutelar que impera cuando se piensa en los sectores más marginalizados, impiden complejizar la mirada sobre la experiencia colectiva de organizarse en un barrio. Lejos de romantizar tamaño trabajo cotidiano, lleno de complejidades y tensiones, estamos seguras de que pertenecer a organizaciones populares es una vivencia empoderante, emancipadora y profundamente constituyente de subjetivación política. Y a eso, sobre todo a eso, le tienen miedo.