Pacto social y esfuerzos son las palabras que resuenan en los discursos de Alberto Fernández, mientras que en algunos sectores sindicalistas y movimientos sociales la idea de tregua y acuerdo se va haciendo cada vez más sólida. Es decir que todo se orienta a que los mayores sacrificios los pagará el pueblo trabajador.

Según trascendió, una de las próximas medidas a tomar por el nuevo presidente podría ser el aumento de entre 20 y 35% de los sueldos para trabajadores registrados, un incremento similar para jubilaciones y también para programas de empleo. Pero estas sumas quedan muy por debajo de la cifra de inflación que se espera que cierre el año en 55% según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que difunde el Banco Central.

Con esta suba el nuevo gobierno pretenderá disminuir las expectativas frente a las paritarias y congelar, al menos por un tiempo, los salarios acompañándolo de un congelamiento de precios. Por lo que la iniciativa no alcanza a ser una solución para la profundización de la pérdida del poder adquisitivo que vienen sufriendo las y los trabajadores.

Frente a esto, desde el FOL plantean continuar la lucha en las calles y exigir que no prevalezca el pago de la deuda con el FMI ya que las prioridades tienen que estar orientadas a elevar los salarios de las y los trabajadores, generar nuevos puestos de trabajo y planes de vivienda, e impulsar con presupuesto razonable políticas públicas para la niñez, la juventud y para combatir la violencia de género contra mujeres y disidencias.

En esa línea, la semana pasada movilizaron junto a otras organizaciones a las oficinas donde se encuentra el FMI para rechazar la política que están implementando en toda la región y para denunciar que, junto con el gobierno de Macri, son los responsables de fugar toda la plata al exterior a costa del hambre y la miseria del pueblo.

En este contexto, las medidas de Fernández serán insuficientes para producir una mejora, y más aun teniendo en cuenta que uno de los objetivos será pagarle al organismo internacional. De esta manera la situación seguirá siendo crítica tanto para los sectores ocupados como para los desocupados o precarizados.

Sobre un relevamiento de 13 gremios, solo 5 lograron superar la suba de precios durante los primeros 9 meses del año. Mientras tanto, la mayoría de la clase trabajadora viene reduciendo sus posibilidades de consumo y hasta de supervivencia. La situación más desesperante la vive el sector que percibe programas de empleo del Estado, que hoy cobran 8500 pesos, lo cual se mantiene por debajo de la línea de indigencia.

A este panorama se le suma que los sindicatos y algunos movimientos sociales en vez de continuar la lucha y sostener los reclamos que son justos y urgentes, tratan de apaciguar y bajar las exigencias de las bases.

Así por ejemplo, Yasky de la CTA se mostró a favor de congelar los sueldos y Baradel del sindicato de docentes Suteba instó a que en marzo comiencen las clases en tiempo y forma. Por su parte algunos dirigentes de movimientos sociales como la CTEP, la CCC y Somos Barrios de Pie formarán parte del gobierno con cargos en el Congreso, algunos concejales en distintos distritos e incluso otros puestos de poder.