La Masacre de San Miguel del Monte en la que murieron 4 jóvenes, tres de ellos menores de edad, sigue conmocionando al país. Hoy a partir de las 12.30 familiares y amigos, junto al Colectivo Contra el Gatillo Fácil y la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, movilizarán a la Gobernación para exigir justicia.

En los últimos días se conoció la declaración de la oficial Melina Bianco, quién desmintió la trama de encubrimiento y la modificación de los relatos por parte del resto de los efectivos. La oficial aseguró que en ningún momento hubo una explicación de los motivos de la persecución y que hubo disparos por parte de los dos patrulleros que seguían a las y los jóvenes.

El testimonio posibilitó la aprehensión del funcionario comunal Claudio Martínez y de cuatro policías más, que ya se suman los 8 que están detenidos y que se negaron a declarar. A raíz de esto, en el comunicado de convocatoria a la marcha los familiares y organizaciones dijeron “Exijamos Justicia por lxs pibxs en La Plata, donde están detenidos los policías asesinos y sus encubridores, donde se instruye la causa (Juzgado de Garantías 5- jueza Marcela Garmendia) y donde reside el poder político de la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Inseguridad Cristian Ritondo, responsables políticos de la masacre”.

El hecho se suma a los tantos casos de gatillo fácil que se cobran la vida de miles de niños, niñas y jóvenes en todo el país, y que en gran parte quedan impunes. Esto se reforzó a partir del visto bueno de la Ministra Patricia Bullrich al accionar del efectivo Luis Chocobar, quien asesino a una persona por la espalda.

Según el informe que realiza la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) el gobierno macrista es el más violento y represor desde la última dictadura cívico militar. Esto se basa en los datos relevados durante dos décadas, a través del contacto con familiares de las victimas, informes de otras organizaciones y organismos oficiales, y noticias que aparencen en los medios de comunicación.

De esta manera, en el informe que Correpi dio a conocer a fines del 2018, expresaron que “frente al promedio de un muerto cada 30 horas del conjunto de los 12 años de gobierno kirchnerista, e incluso frente al pico de uno cada 28 horas de 2015, el macrismo había incrementado la frecuencia exponencialmente, con un caso cada 25 horas para fin de 2016 y uno cada 23 al año siguiente. Tres años después, el promedio de muertes bajo el gobierno del PRO y sus aliados es de un caso cada 21 horas”

Esta situación se da además en el marco de que el gobierno intenta bajar la edad de imputabilidad a 15 años, culpabilizando a las y los jóvenes por los hechos de inseguridad y buscando un chivo expiatorio que sume votos para la campaña. Cuando las cifras revelan que del total de menores de 18 años sólo el 1% de los delitos son efectuados por ellos, cifra que se reduce considerablemente si sólo se tiene en cuenta a los adolescentes entre 15 y 16 años.

Por lo tanto, tal como explica Correpi en sus diversos informes, los asesinatos y abusos que cometen las fuerzas represivas no son hechos aislados, sino que es la función intrínseca de la institución policial que cuenta con el aval del gobierno quien da la garantía de impunidad.