El pasado jueves desalojaron a una familia conformada por una mujer, Paola, y sus cinco hijos, de una vivienda en el barrio San Calixto. El terreno pertenecía a una mujer que no lo habitó durante tres años, por lo que fue ocupado por la familia que lleva diez años esperando que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) le otorgue una.

Durante el desalojo la Policía Provincial inició una balacera contra la familia y vecinos que intentaban protegerlos. Los efectivos dispararon al menos seis veces contra ellos, hiriendo a un menor. Además arrojaron garrotazos y escudazos, dañando también a una adolescente, al padre de Paola y a varios vecinos.  

La mujer vivía en una pieza pequeña junto a sus cinco hijos, y con la ayuda de sus vecinos pudo construir un baño y hacer la instalación de agua, ya que antes sólo contaba con luz. La hermana de Paola declaró a diario NOVA de Salta que la ex dueña es guardia cárcel, que ya cuenta con una vivienda del IPV y que debido al paso del tiempo no está en su derecho de reclamar el terreno.

Desde el IPV le ofrecieron diez mil pesos para dos meses de alquiler y solicitaron que no hable con los medios sobre el asunto. Militantes del FOL en Salta denunciaron que hay cientos de viviendas sin habitar en el barrio que son producto de malversaciones y propiedad de punteros políticos, y a su vez son privadas a los trabajadores que necesitan un terreno donde asentarse ya que hay un déficit habitacional de más de 72 mil viviendas.

"Mientras tanto la otra cara antagonica es la de los grandes latifundistas y terratenientes, que como buitres se apropian de nuestras tierras tan productivas y de espacios que pueden ser destinados a loteo. O el mismo Estado dispone de tierras para sus grandes arreglos de donaciones a la iglesia, empresas extranjeras y barrios ostentosos para la fuerza represiva" dijeron integrantes del FOL Salta. 

Según el Indec la provincia de Salta tiene un porcentaje del 27,3% de pobreza y más del 4% de indigencia, y más del 60% de la población no puede acceder a créditos hipotecarios o programas subvencionados por el gobierno para tener una vivienda propia.  Además, cerca del 44% del déficit habitacional se encuentra sólo en la ciudad de Salta, lo que acrecienta a gran escala la desigualdad social.

En el IPV actualmente hay 21.659 familias a la espera de una vivienda social. De acuerdo con los datos proporcionados por ese organismo, 16.446 de las familias cuentan con ingresos menores a dos salarios mínimos, lo que significa que apenas pueden acceder a la canasta básica alimentaria. Mientras tanto la policía de Urtubey golpea a los trabajadores y deja en la calle a una mujer con sus cinco hijos.