El 9 de abril comenzaron las audiencias públicas en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto para debatir las reformas del nuevo Régimen Penal Juvenil, presentado por el Gobierno, y de las cuales participan oradores de todo el país. El punto central de discusión es la baja de edad de punibilidad, que busca penar a menores de 15 años con hasta 15 años de prisión, mientras que para mayores de 16 asciende hasta penas de 50 años.

Especialistas en niñez argumentaron que estas modificaciones estarían violando los derechos reconocidos en la Convención Internacional por los Derechos del Niño y de Tratados Internacionales de Derechos Humanos,  ya que no respetan el principio de no regresividad y eso lo vuelve inconstitucional. Por otro lado, también remarcan que va en sentido contrario de lo que remarcó el Comité de los Derechos del Niño.

La ley vigente (22.278) fue un decreto de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, por lo que este proyecto sería aun más grave que el de los militares. La figura de “pibe chorro” es algo que está instalado en la opinión pública desde los ’90 y que busca constantemente criminalizar a los niños. Sin embargo, del total de menores de 18 años sólo el 1% de los delitos son efectuados por ellos, cifra que se reduce considerablemente si sólo se tiene en cuenta a los adolescentes entre 15 y 16 años. 

Desde el gobierno aseguran que la medida busca darle un nuevo “rumbo” y de “inserción social” a los jóvenes que delinquen, aunque se haya probado que en los países en donde se bajó la edad de punibilidad resultó contraproducente ya que una de las principales causas que llevan al delito juvenil es la exclusión del cuerpo social. De este modo queda probado una vez más que el debate es parte del escenario electoral de este año y que no busca solucionar las problemáticas sociales de fondo que sufre la juventud.

Mientras tanto el Presupuesto 2019 ajustó de manera significativa las áreas de salud, niñez y educación, y este proyecto significaría una inversión enorme en el sistema penal, en vez de garantizar los derechos básicos de miles de niños, de los cuales actualmente un 48% se encuentra bajo la línea de pobreza.