El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en memoria de la represión y el asesinato a 69 personas que se manifestaban pacíficamente en Sudáfrica, en contra del racismo y la segregación en 1960. La discriminación racial aún sigue siendo un problema que aqueja a las personas migrantes en Argentina, que replica estereotipos y dificulta el acceso a un trabajo y una vida digna.

Existen varios mitos sobre las personas migrantes, en especial sobre aquellas que provienen de países limítrofes. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) analiza los efectos de la inmigración en la economía argentina y desmitifica varios de los argumentos xenofóbicos que replica la sociedad. 

Uno de los principales mitos es que los migrantes vienen a sacarles el trabajo a los nativos argentinos. Sobre esto, OCDE afirma que existen pocas influencias negativas en el mercado laboral, ya que no parece que los índices de empleo y de ingresos de los grupos de nacidos en Argentina sean menores al de los extranjeros. Además los migrantes contribuyen en un 4% del Producto Bruto Interno (PBI)

Tampoco es cierto que los migrantes representen un mayor desembolso de recursos para el sistema de salud. Los extranjeros representan nada más que el 4% de pacientes en hospitales públicos, dado que en realidad son pocos las y los migrantes en Argentina y otros países sudamericanos, por lo que no significa un impacto considerable.

Por último, existe la idea de que los migrantes representan la mayor cantidad de población carcelaria y tienen un mayor índice de delincuencia. Sin embargo, la proporción de extranjeros detenidos en cárceles argentinas es sólo del 6%, y se mantiene sin variables desde hace trece años. Por otro lado, el gobierno de Mauricio Macri endureció las políticas migratorias en 2017 mediante un DNU que permite que se deporte a aquellos migrantes que hayan cometido delitos, entre otras cosas.

Lejos de  representar un gasto para el Estado, la población migrante tiene una contribución económica positiva al fisco argentino. Según el estudio de OCDE, los inmigrantes tienen una contribución fiscal equivalente a $2301 por persona en valores de 2013, lo que con la inflación actual significaría $13197, restando los gastos que le generan al Estado.

Los migrantes que vienen al país generalmente se ven relegados a trabajos precarizados. Cinco de cada diez extranjeros poseen trabajos informales, y su remuneración es 23% menor que el de los nativos argentinos, lo que los deja más expuestos a situaciones de abuso y violaciones de sus derechos.

Además sufren múltiples situaciones de violencia a diario, ya sea por parte de las fuerzas policiales y de instituciones del Estado, como así también del resto de la población. A raíz de todo esto y de las políticas represivas del gobierno, se organizó la Campaña Migrar No es Delito, que integra a distintas organizaciones sociales y de migrantes. Dicho espacio lleva adelante actividades de visibilización de las problemáticas que sufren y además una fuerte denuncia al avasallamiento de sus derechos y la discriminación.