El gobierno sigue con su plan de reducir gastos para cumplir el acuerdo con el FMI, y para alcanzar dicho objetivo pone otra vez el foco sobre los fondos que se destinan a jubilaciones, pensiones y programas sociales como si fueran el principal problema a la hora de generar una mayor recaudación. Mientras tanto millones de personas siguen bajo la línea de pobreza y sin poder satisfacer sus necesidades básicas.

En las últimas semanas el oficialismo reimpulso la iniciativa para llevar adelante una reforma laboral que generará mayor flexibilización laboral y además suspendió 12 mil Hacemos Futuro con el argumento de que no cumplían los requisitos educativos, perjudicando a miles de familias que apenas logran sobrevivir. Todo esto estuvo acompañado de una campaña mediática en la cual se apuntó a que las prestaciones sociales representan el 60% del presupuesto 2019 y que eso hace insostenible la económica del país.

Pero la realidad es que desde la asunción de Macri se llevaron adelante distintas reformas en los impuestos que favorecieron a los sectores empresarios y financieros, e hicieron que disminuya la recaudación del Estado. Algunas de ellas fueron: la reducción de los aportes que deben hacer los patrones por cada empleado en blanco, la baja de las retenciones a las exportaciones y la baja del impuesto a los bienes personales, entre otros.

Además en Argentina los más pobres terminan pagando más impuestos que los ricos. Por ejemplo el IVA que es el 21% de todo lo que consumen las personas aumento un 45% la recaudación entre 2017 y 2018, mientras que los impuestos al comercio exterior sólo representan un aporte del 6%, los impuestos a la propiedad solo un 0,22%, y los aportes patronales un 7%.

En el presupuesto 2019 se destinarán 600 mil millones de pesos a pagar los intereses de la deuda contraída con el FMI. Por lo que por $1 destinado a salud se gastan $4 en intereses; por cada $1 destinado a educación y cultura se gastan $ 2,6 en intereses. Es decir que los pagos de intereses por la deuda aumentan un 10%.

Es cierto que uno de los mayores gastos del presupuesto es para las jubilaciones, que representan el 60%, mientras que los programas sociales sólo representan el 3%. Pero los platos rotos de la falta de recaudación no deberían pagarlo las y los trabajadores, ya que el problema inicial no se origina allí.

Por el contrario, las políticas del gobierno llevan a que cada vez menos personas puedan acceder a un puesto de trabajo y a que una gran parte de la población este contratada bajo condiciones precarias y en negro, por lo tanto no realizan aportes debido a esa situación mientras que los empresarios maximizan sus ganancias.

A su vez, el gobierno macrista destina fondos para 8 millones de personas que perciben programas de empleo o AUH y que no son herramientas que sirvan para salir de la pobreza sino todo lo contrario, mantiene a esa población por debajo de la línea de indigencia y apenas sobreviviendo, en vez de generar trabajo genuino como se reclama desde los movimientos sociales y diversos sectores.  

Los últimos datos revelados por la UCA evidenciaron que en Argentina hay 13,6 millones de pobres, y se espera que para mediados de diciembre cuando el INDEC dé a conocer los datos oficiales esas cifras sean aún mayores. Por lo que el circulo vicioso de la economía se origina en los beneficios que el gobierno otorga a los sectores financieros y empresariales, que terminan generando falta de empleo y mayor pobreza.