viernes 19 de abril de 2019 - Edición Nº442
Frente de Organizaciones en Lucha » Regionales » 30 ene 2019

Ajuste

El gobierno recortó nuevamente el presupuesto para infancia y adolescencia

El Poder Ejecutivo redujo el presupuesto asignado para políticas públicas de niñez y adolescencia en $932 millones.


El colectivo Infancia en Deuda (IED) denunció que el jefe de gabinete Marcos Peña decidió recortar los presupuestos de este año, que habían sido asignados previamente en la ley presupuestaria 2019,  a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión Bicameral encargada de la designación del/la Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

Si bien los presupuestos para la Defensoría y la SENNAF ya habían sufrido grandes recortes en comparación al 2018, esta vez el gobierno decidió desconocer la partida debatida y sancionada en el Congreso Nacional lo que lo convierte en violatorio de la Constitución Nacional. Desde IED reclaman el aumento de las partidas ya que, además, no concuerda con el principio de no regresividad de los tratados internacionales de derechos humanos.

Según UNICEF el 48% de los niños, niñas y adolescentes del país se encuentran en situación de pobreza. Esto representa a seis millones de infantes y jóvenes viviendo en condiciones de mala alimentación, sin acceso a servicios básicos de luz, agua o gas, y consecuentemente sin acceso a la educación. Por otro lado, los estudios de la Universidad Católica Argentina (UCA) arrojan datos igual de preocupantes: sobre el total de los niños el 17,6% tiene déficit en sus comidas, el 8,5% pasa hambre, y el 33% se alimenta en los comedores populares.

 Para la Convención de los Derechos del Niño, los Estados tienen la obligación de garantizar a los niños su derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  El Comité de los Derechos del Niño ha hecho pública su preocupación por la situación económica, las tasas de abandono escolar en el nivel secundario, la violencia institucional y las marcadas inequidades interprovinciales en el acceso a derechos, entre otras cosas.

Sin embargo, esta no es la única medida que ha tomado el gobierno para arremeter contra la infancia. También puso nuevamente en discusión la baja de edad de imputabilidad, esta vez de los 16 a los 15 años, criminalizando nuevamente a los jóvenes que viven en condiciones de pobreza aún cuando fue probado que sólo el 1% de los delitos graves son cometidos por menores.

 Desde el FOL participamos de movilizaciones, planes de lucha y actividades que permitan garantizar el total acceso de niños, niñas y adolescentes a una vida digna, libre de violencias de cualquier tipo, así como el cumplimiento de sus derechos establecidos en la Constitución y los Tratados Internacionales.  

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