El gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad a 15 años para delitos graves. De esta manera se reedita un debate que aparece en todas las campañas electorales y que apunta a poner como principal eje de discusión la problemática de la inseguridad responsabilizando y criminalizando a los jóvenes.

La estrategia de focalizar en este punto para desviar la atención de la crisis económica, es ya conocida. Además la propuesta de bajar la edad de imputabilidad gana adeptos y votantes en el sentido común más regresivo, aunque diversos sectores de especialistas, organismos internaciones y organizaciones sociales afirman que esta medida no genera ninguna solución de fondo, sino que por el contrario agrava la situación.

Además la ministra Patricia Bullich plantea crear un régimen socioeducativo y terapéutico de “tolerancia cero” para el conjunto de los y las jóvenes. “Será un régimen muy estricto compuesto de imputabilidad y tratamiento para impedir que el joven avance en la carrera delictiva”, advirtió.

Mariana es coordinadora de uno de los espacios de juventud del FOL al que asisten más de 50 pibes y pibas de distintas edades para realizar talleres, formarse, intercambiar con sus pares, y trabajar. “Las problemáticas que viven los y las jóvenes se van profundizando a medida que se agudiza la crisis económica y social; y tienen que ver con la dificultad de sostener espacios educativos porque, por las necesidades de las familias, tienen que salir a trabajar a muy temprana edad, y a su vez el mercado laboral los excluye y precariza” afirmó Mariana.

Según el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, sobre 175 casos de homicidios registrados en 2015, sólo uno fue cometido por un joven menor de 16 años, mientras que otros 10 casos fueron cometidos por adolescentes de entre 16 y 18 años, es decir en total sólo un 3,8%.

En ese sentido, Mariana afirmó que “creemos que esto implica criminalizar a los pibes y las pibas como si fueran responsables de la inseguridad, cuando sabemos que nada tienen que ver con las políticas que han llevado al país al hambre, la pobreza y la desigualdad social. Es una forma de culpabilizar a las infancias y juventudes en vez de apostar por políticas públicas que le den mayor poder a los espacios educativos y de contención, y que generen empleo genuino.”

Es decir que este tipo de medidas utilizan a las y los jóvenes como chivos expiatorios de la violencia y la violación de derechos, cuando son el principal sector que sufre esas problemáticas a raíz del abandono y la desidia estatal que no garantiza ni sus derechos básicos. Según un estudio de la UCA la cantidad de chicos y chicas de hasta 17 años que están en la pobreza ascendió a un 51,7%, lo que significa 6.255.700 de jóvenes y niños/as pobres, el número más alto desde 2010.

A su vez, la medida está expresamente rechazada por el Comité de Derechos del Niño, órgano creado por la Convención sobre los Derechos del Niño, porque viola el principio de no regresividad que implica que no se puede retroceder en un derecho, y la punibilidad fue establecida a partir de los 16 años, al como tiempo del retorna a la democracia.

Por lo tanto, el Estado debería preocuparse en garantizar derechos en vez de aplicar punitivismo. “La mayoría de los espacios educativos populares o bachilleratos, se sostienen a pulmón, por fuerza docente, militante, y compromiso de quienes llevan adelante esos espacios. Además también faltan políticas públicas de educación sexual, porque muchas chicas son madres solteras y por eso tienen que dejar la escuela” dijo Mariana, y afirmó que se necesitan políticas concretas y de fondo para brindarles oportunidades y contención a las y los adolescentes que están en condiciones de mucha vulnerabilidad.