domingo 28 de abril de 2024 - Edición Nº2278
Frente de Organizaciones en Lucha » Novedades » 10 dic 2018

Con los índices en rojo

El Macrismo cierra su tercer año de mandato con la mayoría de las promesas de campaña incumplidas

Uno de los slogans fuertes del 2015 fue el de “pobreza cero” que hoy se encuentra muy alejado de la realidad, al igual que el de bajar la inflación a un solo digito.


Hoy se cumplen tres años de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación. Los objetivos planteados durante el intenso debate que mantuvo con su par Daniel Scioli antes del ballotage quedaron solo en promesas, ya que la mayoría de ellas no se han cumplido hasta el momento.

Algunas de las más relevantes como llevar el índice de pobreza a cero; reducir la inflación a un solo digito; crear más trabajo cuidando el que ya existía; que las y los trabajadores dejen de pagar el impuesto a las ganancias; la construcción de tres mil jardines; y poner en marcha el plan de infraestructura “más grande de la historia”; quedaron solo en palabras y tampoco parece posible que se materialicen en el año que le queda de gestión.

Los incumplimientos más resonantes son los que tienen que ver con la generación de empleo y el combate de la pobreza. En estos puntos, el Presidente tomó medidas que iban en dirección radicalmente opuesta a lo prometido. Comenzó su mandato con despidos masivos y en el 2018 según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se registraron 154 despidos por día, siendo industria y servicios los sectores más afectados.

En lo que respecta a la inflación, los tarifazos y la suba del dólar hicieron que los precios aumentaran de forma escandalosa. Según datos de la consultora Eco Go, la inflación acumulo un incremento de 158% desde el 2015, que en gran parte está marcada por los aumentos de los servicios básicos como gas, luz, agua, y transporte.

“No nos alcanza la plata. El año pasado llegue un poquito mejor a fin de año porque tenía dos trabajos, el de la cooperativa y como seguridad en un kiosco. Pero este año hay menos trabajo y tampoco hay changas. Yo trabajo en la cooperativa de herrería y tenemos un montón de presupuestos hechos, pero la gente se guarda la plata para las fiestas o para intentar irse de vacaciones” explicó Gabriel, integrante del Frente de organizaciones en Lucha.

Para el 2019 la situación no parece revertirse de manera significativa, ya que el gobierno ha aprobado uno de los presupuestos más ajustadores de su gestión, reduciendo las partidas para educación, salud, infraestructura y género. Mientras que el único monto que aumenta por encima de la inflación esperada para el año que viene es el destinado a pagar la deuda, que implica unos 596.000 millones de pesos.

"Estamos viviendo una situación de pobreza terrible, hay más compañeros desocupados, fábricas cerradas, los comedores no pueden abastecer a los niños de los barrios. También las escuelas se caen a pedazos, las salitas no tienen medicamentos, no hay doctores, cada vez estamos peor. Toda la política está pensada para los ricos, incluyendo a las empresas y los grandes productores del campo que se llevan todas las ganancias” dijo indignada Karina, otra integrante del FOL.

La situación es aún peor en el resto de las provincias, donde hay comunidades enteras que no tienen acceso a los derechos más básicos como son el agua potable, el trabajo, la educación y la salud. Muchas veces los caminos intransitables para salir de los pueblos y la falta de transporte condenan a las personas a morir por enfermedades tratables o por quedar a la deriva sin poder acceder a una ambulancia.

En contraposición a todo esto, muchas vecinas y vecinos notan que hay un aumento considerable de las políticas represivas. “Para reclamar en la calle también esta complicado porque enseguida te mandan a la policía, avasallando nuestro derecho a la protesta. Sabemos que todos los gobiernos son difíciles, pero este gobierno nos quiere correr de nuestros reclamos haciéndonos denuncias y criminalizando a los movimientos sociales” denunció Karina.

Clara muestra de esto fue el gran despliegue de seguridad que se llevó adelante durante el G20 y que implicó un gasto de 100 millones de pesos. A la vez que desde el gobierno impulsaron una fuerte persecución política y detenciones arbitrarias contra movimientos sociales y distintas organizaciones que se manifestaron en contra del evento.

 

 

 

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