La resolución 956 impulsada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, otorga a las fuerzas federales mayor libertad para utilizar armas de fuego, incrementando así la arbitrariedad e impunidad con la que ya se manejan los efectivos policiales. La medida causo un gran repudio en la sociedad, y ante una presentación realizada por organismos de derechos humanos, el Juez Roberto Gallardo dictaminó que es inconstitucional.

Desde diversos sectores coincidieron en caracterizar que esta nueva reglamentación pretende legalizar y dar un marco de mayor impunidad a los casos de gatillo fácil. El texto de la norma específica que las armas podrán ser usadas ante cualquier peligro inminente, cuando se encuentren bajo amenaza, cuando se presuma que el atacante posee algún arma letal, ante la imprevisibilidad del ataque esgrimido o cuando se dé a la fuga, entre otras situaciones.

Esos factores quedan librados a la subjetividad de los efectivos policiales y no hacen más que aumentar los casos de abuso de autoridad, represión y violencia. Según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), durante el gobierno macrista se registró un muerto cada 23 hs en manos de miembros de las fuerzas de seguridad.  

Las y los principales afectados por este accionar suelen ser jóvenes de los barrios más pobres, que sufren la criminalización, la persecución y el abuso constante por parte de la policía y del Estado. Es de público conocimiento que muchas veces los efectivos actúan como mafias en los barrios y pretenden obligar a pibas y pibes a robar para ellos, y ante la negativa son hostigados y violentados. Uno de los casos más resonantes fue el de Luciano Arruga.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha han denunciado en muchas oportunidades el accionar represivo con el cual proceden las fuerzas de seguridad en las barriadas. Hace un tiempo, frente a la avanzada contra los movimientos sociales que impulsa la Ministra de Seguridad, expresaron mediante un comunicado que “ante la falta de políticas públicas para la juventud y la niñez, el desempleo, el pésimo estado de las escuelas y la nula existencia de espacios de contención para las y los adolescentes, somos nosotros quienes nos damos el trabajo cotidiano de brindarles lugares de escucha, creación, esparcimiento, formación, aprendizaje y contención.”

Diversas organizaciones calificaron esta avanzada represiva como un intento más de legitimar la conocida Doctrina Chocobar, que avala y otorga el visto bueno para que las fuerzas de seguridad procedan con mayor violencia y atacando, bajo la garantía de impunidad y apoyo del Estado.

A su vez, esta medida no se puede pensar de manera aislada. Frente a un contexto de fuerte ajuste, aumento de la pobreza, la desocupación, el hambre y el descontento social, el gobierno pretende garantizar por medios violentos que no haya conflictos a fin de año. A su vez, todo el operativo de seguridad planeado para el G20 fue la antesala de una perspectiva represiva que va en aumento.

A raíz de esto, desde el FOL expresaron que “es necesario impulsar un plan de lucha masivo en defensa de nuestras libertades democráticas y en contra de la represión hacia el pueblo trabajador. Las últimas medidas como son el cierre de la causa de Santiago Maldonado, la represión a los pueblos originarios en Bariloche en el aniversario del asesinato de Rafael Nahuel, el asesinato a sangre fría de dos compañeros de la CTEP, las detenciones arbitrarias de integrantes del FOL en Rosario y Córdoba, el fallo misógino y patriarcal en la caso de Lucia Pérez, y esta última resolución de Bullrich, demuestran que el gobierno está armándose con todas sus herramientas para reprimir al pueblo.”