Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró que los números de despidos y suspensiones del bimestre septiembre-octubre del 2018 son siete veces más altos que el mismo periodo del 2017. El 74% de los casos corresponde a la industria, y luego sigue el sector público gubernamental.

Con esto, se calcula que en el primer semestre del año la desocupación alcanzó un 9,6%, mientras que en el conurbano bonaerense la cifra llega a un 12,4%  y la tendencia de crisis económica indica que esa cifra podría seguir subiendo.

En los primeros 10 meses del año hubo un total de 59.969 despidos, de los cuales 44.144 corresponden al empleo privado y 15.825 al público. Otro dato que alarma es la caída del 4% de la construcción sólo en el mes de septiembre, lo que representa alrededor de 947 despidos.

La construcción es un rubro que en general requiere de mucho personal, y en Argentina gran parte de los trabajadores de esta área son extranjeros provenientes de Paraguay y en menor medida de Bolivia y Perú.

Las y los inmigrantes son uno de los sectores más empobrecidos de la población; en gran medida los varones son los que acceden a un trabajo en la construcción, mientras que las mujeres encuentran mayores dificultades para conseguir empleo, sufriendo gran inestabilidad y precarización.

Muchas de ellas son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y de los programas de empleo del Estado que hoy perciben 5.750 pesos; por lo cual el mayor desempleo en el sector de la construcción redunda en un aumento de la pobreza para todo el grupo familiar que debe sustentarse con el magro sueldo que brinda el Estado.

Todos estos índices se reflejan en la caída del consumo debido al aumento de la inflación y a las corridas bancarias. A su vez, también se observa un gran aumento de la cantidad de personas que asisten a los comedores barriales para poder llevar un plato de comida a la mesa, y el incremento del trueque y la venta de artículos usados en plazas y espacios públicos.

Los números tampoco pasan desapercibidos para el gobierno. Por tal motivo en el presupuesto 2019 no redujeron las partidas destinadas a ayuda social, anunciaron un bono de 3 mil pesos para beneficiarios de programas de empleo, y recientemente anunciaron un bono de 5 mil pesos para el sector privado y también para el estatal, que además recibiría un aumento del 10% en dos cuotas. Con esto lograron mitigar el llamado a paro general de la CGT, pero de todas maneras estas iniciativas no alcanza a contrarrestar el malestar social y todo el cumulo de índices negativos que golpean a los sectores más desfavorecidos y que se prevé que vayan en aumento hacia fin de año.