Los próximos días serán claves para el gobierno en la discusión por la aprobación del presupuesto 2019. De eso depende poder avanzar en el acuerdo con el FMI y cumplir el objetivo de déficit cero que impone esa entidad financiera. Pero además de la negociación con los gobernadores, el macrismo deberá enfrentar un jornada que se espera tensa y con fuertes protestas en la calle.  

Si se analiza el proyecto, se observa que hay sectores del Estado como salud y educación que recibirán menos recursos debido a que los montos estipulados quedan muy por debajo de la inflación prevista. A su vez esa pérdida de fondos viene acumulándose desde el año 2016, por lo que la caída real del presupuesto 2019 es de un 18%. 

La disminución en esas áreas afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, que son quienes utilizan estos servicios y que no tienen la posibilidad de acceder a la medicina y la educación privada. Además de perjudicar a miles de trabajadores y trabajadoras, que tendrán que afrontar nuevos despidos, falta de insumos y salarios a la baja.

Por el contrario en lo que respecta a la deuda pública contraida con el FMI se destinarán 600 mil millones de pesos al pago de intereses. La misma representa un 90% del PBI, y los intereses pasaron de 1,8% del PBI en 2015 a 3,8% en el 2018. 

A su vez, el Indec publicó hace algunos días el aumento del índice de precios de septiembre, que ascendió a un 6,5% y que en el año acumula una suba del 45%, lo que representa la tasa más alta alcanzada en los últimos 27 años. Algunos de los ítems que más incrementaron son los alimentos y el transporte, lo cual redunda en mayor pobreza y mayores gastos para las personas que viven en las zonas más alejadas y que son quienes utilizan mayormente los colectivos y trenes.

Otro problema es la subejecución del presupuesto 2018, es decir que diversas carteras utilizaron menos fondos de los que tenían asignados, razón por la cual de entrada ya se les destinan montos menores para el año siguiente, que a su vez también corren el riesgo de ser subejecutados.

Uno de los casos más escandalosos es el del programa de apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia en el cual sólo se ejecutó el 7,2%; A su vez en el programa de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, y en infraestructura y equipamiento educativo sólo se destinó el 20% de lo previsto para esas áreas. Dejando a la niñez y la juventud en total desamparo.

Por otro lado, el gobierno anunció con bombos y platillos que iban a incrementar las políticas alimentarias, pero para el 2019 sólo se prevé un aumento del 25% lo cual implica que estarán por debajo del nivel de inflación. Lo mismo se repite en todo lo respectivo a gasto social, aunque el gobierno no planea recortar en este rubro como una estrategia especialmente pensada para contener y controlar el descontento y el conflicto social.

Si bien es importante que no se reduzca en esas áreas porque eso implicaría mayores niveles de pobreza en gran parte de la sociedad, el gobierno viene desoyendo los reclamos y propuestas de los movimientos sociales.

Los mismos presentaron a principio de año algunos proyectos de ley, dentro de los cuales se encuentra la iniciativa de que se les destine el 25% de la obra pública a las cooperativas y otro que propone que el Estado compre el 25% de la producción realizada por los emprendimientos productivos, dándoles de esta manera incentivo y contención para su desarrollo.

Pero hasta el momento el oficialismo no ha avanzado ni un mínimo en considerar esas propuestas, y por el contrario también planean reducir en obra pública que es una de las fuentes que más empleo genera.