A pocos días de que el Senado rechace el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una nueva muerte conmociona a la sociedad. La víctima tenía 24 años, ingresó en el hospital Belgrano de San Martín con un cuadro grave de infección y peleo durante varias horas por su vida.

Desde la vuelta a la democracia se calcula que ha habido 3040 mujeres muertas por abortos inseguros hechos en la clandestinidad, y teniendo en cuenta que no hay un registro único ni estadísticas oficiales, el número real podría ser mucho mayor.

Además cabe destacar que la mayoría de estas muertes son de mujeres pobres que no tienen a donde recurrir para obtener información y acompañamiento seguro. Las historias de abortos hechos con perejil, yuyos o métodos inseguros son moneda corriente en los barrios, y esta joven no fue la excepción.

Muchos de los espacios que luchan por la legalización de la práctica calificaron la muerte de esta mujer como un femicidio de Estado, ya que son fallecimientos que se podrían evitar con políticas públicas y de salud efectivas, tales como la que se estaba discutiendo el miércoles pasado.

Desde CICOP emitieron un comunicado en el que dan cuenta de que este “no es un caso aislado. En los últimos diez días se han denunciado varios casos similares y una mujer murió a consecuencia de un aborto séptico practicado en la clandestinidad. Como gremio vamos a seguir trabajando para garantizar que se aplique la ILE y que se amplíe el concepto de “riesgo para la salud” a todos planos de la misma que incluyen además del bio-médico, el psíquico, el social e incluso socio-económico”.

Mientras que la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir apuntó a la gobernadora María Eugenia Vidal quien dijo que iba a estar aliviada si la ley no se aprobaba. “si a usted la alivia el riesgo de muerte de mujeres que desoyen la maternidad obligatoria, no cuente con nosotrxs. La clandestinidad enfrenta a las personas gestantes a riesgos reales para su salud, saquémonos las vendas de los ojos” afirmaron en un comunicado.

Tanto el Poder Ejecutivo como los integrantes de la cámara de Senadores deberán cargar en sus espaldas la responsabilidad del fallecimiento de mujeres por abortos clandestinos hasta que el proyecto de ley sea sancionado definitivamente.