El pasado jueves 12 de abril la policía detuvo a Jeremías Tuzza de 18 años y a Lucas de 17, a la salida de un centro comercial en el barrio Argüello de Córdoba capital. Ambos jóvenes recibieron una fuerte golpiza por parte de los efectivos y quedaron detenidos. Lucas fue puesto en libertad a la madrugada, mientras que jeremías recién fue liberado pasado el mediodía del viernes.
Jeremías había ido al comercial acompañado de un amigo de 14 años; a la salida la policía estaba realizando un control de rutina y al parecer uno de los jóvenes no tenía documento, cuestión que habría originado la discusión tras la cual la policía comenzó a agredirlos y golpearlos de manera salvaje. Esto alertó a los vecinos quienes reconocieron a los chicos y avisaron a sus familias.
Pasados unos minutos se hicieron presentes la mamá del niño de 14 y Lucas (el hermano mayor) quienes comenzaron a discutir con la policía frente a lo cual liberaron al más chico pero comenzaron a agredir a Lucas y también se lo llevaron detenido.
Familiares de Lucas comunicaron que el joven se encontraba muy golpeado y asustado por los hechos vividos, y además expresaron que la policía los había amenazado con que si denunciaban la golpiza no soltarían a Jeremías que aun permanecía detenido.
Desde el Frente de Organizaciones en Lucha, movimiento del cual es integrante Jeremías, denunciaron que este accionar abusivo de la policía es su modus operandi, y que esto afecta principalmente a chicos y chicas de los barrios pobres de la ciudad. La policía cordobesa es conocida por su fuerte accionar represivo y por eso desde el año 2007 comenzó a realizarse la multitudinaria Marcha de la Gorra que aglutina a un amplio marco de organizaciones.
Según una nota publicada en Marcha.org, en el año 2017 hubo 73.100 detenciones en todo el territorio provincial, es decir, un promedio de 200 diarias, una cada 8 minutos. En Córdoba capital entre 2009 y 2011 hubo un aumento del 54% en las detenciones, cuestión que también va en aumento y se expande al resto del país tras la explicita política represiva del gobierno de Cambiemos.
Por otro lado, también se observa un aumento de la persecución a sectores organizados que denuncian estas prácticas. Esta situación se vio materializada el año pasado, cuando días después de la Marcha de la Gorra varias organizaciones fueron allanadas en sus locales de manera arbitraria y sin orden judicial, lo que configura una clara intención de amedrentamiento hacia la protesta social.