El último 15 de enero de 2018 organizaciones sociales de toda la provincia de Buenos Aires se movilizaron a La Plata, más precisamente a la Legislatura bonaerense, con el objetivo de dar a conocer un proyecto de ley que le plantea al gobierno de María Eugenia Vidal la necesidad de que el 25% de las obras que ejecute la provincia deben ser realizadas por las cooperativas de trabajo.

El lugar elegido no es asaroso; el territorio bonaerense representa uno de los sectores más perjudicados por los despidos y el ajuste, al tiempo que en términos políticos ha sido uno de los más favorecidos por el gobierno nacional en lo que hace a partidas extraordinarias. Lo cierto es que el vidalismo ya no tiene más excusas respecto a la pesada “herencia” ni al tiempo necesario para desarrollar políticas. Tras dos años de vaciar las arcas de la provincia, principalmente el Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno dispondrá de una cuantiosa caja de 40 mil millones de pesos.

El debate por el Fondo del Conurbano

Las partidas giradas de Nación tienen origen en la negociación que la Provincia venía impulsando respecto al Fondo del Conurbano.

¿Qué era el Fondo del Conurbano? El nombre formal es el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano y se creó en 1992 con el objetivo de equilibrar la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires. Se financiaba con el 10% de lo recaudado por el impuesto a las ganancias. Lo cierto es que a esta ley, en 1996,  se le impuso un tope de $650 millones (equivalente a dólares), lo que años después significó un límite presupuestario considerable para la región. Con la devaluación y la posterior inflación ese tope empezó a perjudicar la recaudación bonaerense a tal punto que la situación concluyó en una demanda en la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, las negociaciones de Vidal con la Nación tuvieron el camino allanado a partir de la contienda política que se abre en 2019, dónde la actual mandataria provincial representa el plan B en caso de que la legitimidad de Mauricio Macri siga cayendo y se haga insostenible.

El recorte a los jubilados realizado por la Nación, junto al ajuste general, garantizará los fondos que la gestión Macri le enviará a su “hija predilecta” en territorio bonaerense.

¿Cuál fue el acuerdo entre las partes? La Provincia se comprometió a retirar la demanda asentada en la Corte Suprema, equivalente a 300 mil millones (lo que significa la mitad del presupuesto provincial), y el gobierno nacional premiará la disciplina partidaria con $20.000 millones por coeficiente de coparticipación del impuesto a las ganancias, sumado a $20.000 millones más como asignación específica del Tesoro. En total será un salto de 40.000 millones en los recursos para este 2018 (algunas fuentes periodísticas y sindicales consideran que este número podría ser mayor).

En 2019, mantendrá los $20.000 millones por coeficiente de coparticipación de ganancias -que pueden aumentar por inflación y mayor recaudación- pero se le duplicará a 45.000 millones la asignación específica. Con ello, se le garantizarán a la provincia 65.000 millones de pesos adicionales en su presupuesto.

Según calcula el diario La Nación, esas partidas se “destinarán a aumentar de 3 a 8% del presupuesto los recursos para obras públicas en agua y cloacas, obras hídricas (inundaciones) y viales, además de otras obras de mejoras de hospitales y escuelas”. El reclamo de las organizaciones sociales tienen sobradas justificaciones.

El silencio oficial

Ahora bien, más allá de estar acordadas esas partidas, el gobierno bonaerense se ha llamado a  silencio respecto a clarificar los destinos finales que le esperan a esos fondos. Conocer tal proyección no solo es un reclamo de los movimientos sociales, sino que los gremios que se encuentran afrontando paritarias, y reclaman que se utilicen esas partidas en la negociación colectiva de cara a recuperar el poder adquisitivo que vienen perdiendo en los últimos años.

Los 40 mil millones no están considerados dentro del presupuesto aprobado el año pasado en la Legislatura bonaerense, por lo cual es plata en el aire, o mejor dicho en la oscuridad. No hablamos de propinas, este dinero representa el 7% del total del presupuesto aprobado por la Provincia (unos $ 629.962.905).

Desde el acuerdo con Nación, los funcionarios dejaron de hablar de dichas partidas. El que más se refirió fue el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, quien en una entrevista en septiembre de 2017, hizo una estimación respecto a la utilización de los fondos. Para ese entonces, el funcionario calculaba que le ingresarían a la Provincia unos $53 mil millones, lo que les permitiría construir “cinco hospitales nuevos, 186 escuelas primarias y secundarias, 1500 kilómetros de ruta, 200.000 trabajos de conexión de agua y cloacas, y tres obras hidráulicas importantes como las que se están llevando adelante en la cuenca del Río Luján para evitar las inundaciones que padece la provincia”.

Esos números nunca fueron puestos en discusión ni ante el debate legislativo, ni ante la sociedad en su conjunto.

¿Cómo se sigue?

Ante este panorama, los movimientos sociales decidieron abordar en unidad la negociación con la gestión Vidal. Este acuerdo incluye al Triunvirato piquetero (CTEP, CCC y Barrios de Pie), y a gran parte de las organizaciones que se han mantenido en la calle como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), los Santillanes, entre otros.

El planteo del 25% de las obras le hace ruido a la Provincia, ya que si en la legislatura surge un consenso del arco opositor a Cambiemos, los votos podría dar la aprobación de la iniciativa. De todas formas, esa hipotética alianza circunstancial no logrará evitar el posterior veto del Ejecutivo provincial.

De todas formas, el macrismo bonaerense ya empieza a entablar un plan B para sacar el conflicto de la Legislatura y llevarlo a una negociación “mano a mano” con las organizaciones.

Llegar a este “mano a mano” movilizados será un condición necesaria para dar una disputa a fondo. Lo que está en juego son partidas sacadas al pueblo trabajador y de alguna u otra forma deberán volver a este y no ser dilapidadas en pago de deudas u obras arregladas con empresas de funcionarios o “parientes” cercanos.

Será la lucha de los movimientos en la calle, como hemos demostrado ante cada intento de ajuste y avance del estado contra los derechos de la clase trabajadora y los sectores populares.