Xenofobia a flor de piel
El gobierno viene avanzando con una política migratoria discriminatoria y restrictiva, al decreto de modificación de la ley migratoria en el 2017 se le suma ahora el proyecto de arancelar la atención medica a extranjeros. Dos militantes del FOL cuentan cómo se vive en un clima social xenófobo y cuáles son sus herramientas de lucha.
Recientemente se dio a conocer la intención del gobierno de cobrar la atención médica a extranjeros, con el argumento de que Bolivia había rechazado el criterio de “reciprocidad” entre países para que las personas de otra nacionalidad puedan acceder gratuitamente a los servicios. Aunque luego esto fue desarticulado ya que el canciller boliviano Fernando Huanacuni anunció que adecuarían la norma para que los ciudadanos argentinos gocen los mismos derechos que los bolivianos. Esto se da en un contexto mundial de políticas anti migratorias en donde Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusa a migrantes provenientes de México, Nigeria y Afganistán, entre otros países, de ser “la causa de un sinfín de problemas” mientras que se crean fuerzas especiales para su deportación. Situaciones similares se viven en distintos países Europeos.
Sin embargo, estos desacuerdos entre países le permitió al macrismo dar un paso más en contra de los derechos de los inmigrantes e instalar un discurso xenófobo en el conjunto de la sociedad. Cabe recordar que en el año 2017 el presidente firmó un decreto que modifica y endurece la ley migratoria, que tiene el objetivo de impedir el ingreso de aquellos que hayan cometido delitos y a su vez acelera los procesos de deportación.
A raíz de esto el gobierno nacional llamó a instalar el debate, y Luis Petri, diputado por el radicalismo y parte del bloque de Cambiemos, presentó un proyecto de ley que restringe los derechos de los migrantes en materia de salud y educación. Gracias a la presión de las organizaciones sociales se dio marcha atrás.
La campaña “Migrar no es delito”, sacó un comunicado que denuncia la xenofobia explicita en el discurso del gobierno, como por ejemplo, creen que “considerar merecedores (de salud y educación) sólo a aquellos que obtuvieron su DNI permanente, implica ignorar los procesos, requerimientos y obstáculos posibles para el acceso a la documentación”.
Ante esta situación el colectivo migrante convocó el lunes pasado a una movilización frente al Congreso de la Nación para repudiar el nuevo proyecto. En su comunicado expresaron que la iniciativa separa a los migrantes del resto de la sociedad no contemplando que “los ciudadanos extranjeros pertenecemos a esta sociedad, contribuimos impositivamente al Estado argentino y somos parte de la fuerza productiva de este país”.
Dentro del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) la gran mayoría de los integrantes provienen de países limítrofes, gran parte de Bolivia, Paraguay y Perú, y una minoría de Uruguay y Brasil. Como organización se sumaron a participar del colectivo migrante porque estas políticas regresivas afectan de manera directa a muchos de sus integrantes.
Agustín es militante en CABA, en la regional del barrio Constitución hace varios años. Según él, el DNU del año pasado “es una cuestión racista e ideológica que está instalada en la sociedad y que se acentuó este último año con la crisis económica y de puestos laborales”. Además, sugiere que esta discriminación forma parte de la idea presente en el imaginario común de que los migrantes vienen a nuestro país “a ocupar puestos de trabajo que los argentinos podrían ocupar”.
Noemí también es militante de la organización en Constitución, y trabaja, como la mayoría de sus compañeros y compañeras, en una cooperativa de trabajo, en donde los sueldos no superan los $4750 y en donde las paritarias están congeladas. Según ella “el reclamo es por trabajo digno y en blanco”, y el gobierno argumenta que “se crean más puestos de trabajo, pero estos son precarizados y en la mayoría de los casos bajo la clasificación de monotributistas”. Las mujeres inmigrantes son las que más sufren la explotación, discriminación y falta de trabajo, además de ser generalmente las que se hacen cargo de sus hijos y familiares.
Para Noemí y Agustín el problema del DNU radica en las dificultades que, como extranjeros, ellos y sus compañeros y compañeras tendrían a la hora de ingresar o salir del país. Según ellos: “se está instalando un temor en los y las compañeras, ya que la mayoría tiene familiares afuera”. Frente a la creciente criminalización de la protesta de parte del gobierno, y las detenciones ilegales y aleatorias, el colectivo migrante teme quedar implicado en causas relacionadas a movilizaciones o simplemente ser detenidos por lo que se conoce popularmente como “portación de rostro”, y que esto aumente las posibilidades de su deportación.
“El otro miedo que tienen las compañeras es que van a ver a su familia y cuando vuelven a la frontera, no saben si van a poder entrar. Porque existen posibilidades de que salga algún boletín oficial o algún decreto a último momento que les impida ingresar. Esto está latente, y va en aumento. El gobierno está avanzando para perfeccionar esta ley” afirma Agustín sobre otra de las grandes preocupaciones existentes dentro del colectivo.
Frente a estas políticas xenófobas la organización tomó la decisión de salir nuevamente a manifestarse en la calle. “Estamos trabajando con otras organizaciones que están en defensa de la causa. La otra vez movilizamos en Congreso bajo el lema de que todo inmigrante es legal, y se está empezando a armar algo mucho más grande entre otras organizaciones sociales para tratar de ponerle un freno a esto. La idea es esa, tratar de hacer un frente grande para luchar contra el racismo”, explica Agustín.
Finalmente, frente a esta problemática tanto Noemí como Agustín creen que la solución está en instalar el debate en la sociedad a través de los medios para que la opinión pública vea que “no es peligrosa la cuestión de la inmigración como el gobierno quiere hacer creer”. Además, siguen apostando a la lucha en las calles, mediante la conformación de un frente amplio y combativo que se movilice y a fin de cuentas obtenga una respuesta por parte del gobierno.