Paritarias a la baja y una inflación sin control, vienen pulverizando nuestros sueldos. Como sector cooperativista debemos contentarnos con un ingreso mensual de $12 mil, que nos hunde en la indigencia y la pobreza. Este, a su vez, es un problema del conjunto de la clase trabajadora que ha venido sufriendo la pérdida de sus ingresos, cuestión profundizada durante la pandemia.
Pese a los pronósticos del gobierno, la suba de precios no merma y en julio llegó a un 3% redondeando un incremento de los valores del 29,1% en lo que va del año, número que da por tierra las previsiones del gobierno nacional. Una familia tipo necesitó al menos percibir $66.488 para no caer en la pobreza, llegando a casi el 50% de la población la condición de pobres o indigentes. En ese sentido, 6 de cada 10 niñez son pobres.
En ese marco, la desocupación y precarización del empleo ha sido una de las características de estos últimos meses, teniendo los grupos empresariales locales la total libertad para despedir o incrementar los niveles de explotación sobre la clase trabajadora.
Desde los movimientos sociales hemos estado en la primera línea de la pandemia, garantizando la alimentación y luchando contra la propagación del virus, mientras la clase dirigente desarrollaba “Vacunatorios Vip” o infringía las mismas restricciones que disponían para el grueso de la sociedad.
Así y todo, hemos mantenido los comedores barriales abiertos, atendiendo a las familias damnificadas por el Covid y volviendo a poner de pie nuestras cooperativas tras el parate inicial generado por la pandemia. Con un salario de indigencia, somos quienes hacemos el mantenimiento de nuestros barrios, montamos proyectos productivos, y desarrollamos un sinúmero de actividades pese a la precarización y desvalorización de nuestros salarios.
Hoy miles de personas no solo pierden más derechos en sus trabajos sino que pierden los trabajos mismos, por lo que vemos indispensable que se garantice un ingreso para cada familia desocupada que ve peligrar la posibilidad de llevar un plato de comida a su mesa. No somos los sectores populares los que tenemos que seguir esperando una solución que nunca llega o llega en forma de represión como ocurrió en la lucha por la vivienda que se dio en Guernica. Es momento que quienes se han beneficiado con o sin pandemia sean los que asuman los costos de una crisis que ellos, junto a los gobiernos de turno, generaron. Es necesario que se avance en un esquema impositivo que grave a las riquezas y ganancias de manera constante y no por única vez.
Por otro lado, en las últimas semanas nuestras organizaciones se han venido movilizando en la exigencia de presupuesto para que se implementen políticas públicas integrales con perspectiva de géneros, al tiempo que reclamamos el reconocimiento a las promotoras territoriales de géneros y una efectiva implementación del cupo laboral travesti y trans, entre otras medidas.
La situación pareciera empeorar con el paso de las semanas. Mientras el gobierno consolida un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y vuelve a ceder derechos ante los organismos internacionales, los sectores populares debemos tolerar una vez más que la frazada corta cubra los intereses de los buitres financieros, co-responsable de la situación que atraviesa el país.
En defensa de nuestro trabajo y nuestros derechos, contra el crecimiento de la pobreza, la indigencia y la desocupación, las organizaciones sociales salimos a la calle en busca de respuestas que modifiquen el escenario actual, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
