Durante el año 1975 el Poder Ejecutivo Nacional emitió los llamados decretos de aniquilamiento cuyo objetivo era "neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” como ellos los llamaban a los que no pensaban igual a las políticas nacionales y eran considerados peligrosos para la nación. Se inició así una etapa de detenciones y encarcelamientos de militantes sociales, personas sospechadas de pertenecer a movimientos de izquierda o de pensamientos revolucionarios, estudiantes y profesionales incluso.

Con la dictadura militar, Carlos Alberto Mulhall, entonces coronel del Ejército, queda como máxima autoridad de la provincia de Salta. Mirtha dice que “a partir de esto no solo el régimen fue ajustando y privando de beneficios a los presos políticos, sino que también se violaron todos los derechos humanos, quedamos totalmente aislados con el mundo exterior; eliminaron las visitas, prohibieron el dialogo y el acceso al trabajo, fueron medidas que formaban parte de esa planificación para sacar a las compañeras y compañeros de la cárcel, y esto resultaba para nosotros una amenaza permanente. En medio del maltrato verbal y mental que vivimos todos los días por parte de los miembros de la cúpula penitenciaria y militar nos preparaban para enfrentar la muerte” cuenta Mirtha Torres, presa política durante la dictadura, sobreviviente de la Masacre de Palomitas y quien actualmente es una de las principales militantes activa de la Red por la Defensa de Derechos Humanos e HIJOS de Salta.

El 5 de julio de 1976, el entonces coronel remitió al juez federal de Salta un listado con los nombres de 9 personas detenidas en el penal de Villa Las Rosas que serían trasladadas a la provincia de Córdoba. Al día siguiente, todo comenzó con un apagón en la cárcel de Villa las Rosas, y el ejército retiró del penal a 11 personas. “Cuando empezaron a nombrar a las compañeras quisimos demorar de alguna manera la salida, intentando que les dejen llevar sus pertenencias pero cuando no les permitieron llevar nada más que el abrigo que tenían encima empezamos a confirmar la sospecha de que el traslado era para asesinarlos. Intuíamos lo que iba a pasar, sabíamos que de darse las circunstancias y en total aislamiento un traslado significaba la muerte; estábamos preparados para eso y nos fortalecíamos hablando entre nosotras” recuerda Mirtha sobre aquella noche.

Todos los detenidos fueron subidos a un camión, en la oscuridad y los trasladaron hasta Palomitas, un paraje despoblado sobre la ruta 34, a unos 50 km hacia el sur de la ciudad de Salta. Allí fueron puestos en una fila y ejecutados, entre las 22 y las 22:30 del mismo día. Luego de la ejecución, se modificó la escena a fin de fraguar una situación de enfrentamiento. Los cuerpos fueron dinamitados y se eliminó toda la documentación en la cercana unidad policial.

Como afirma Mirtha “todo fue bien planificado, fueron responsables minuciosamente de esta masacre de este plan de exterminio para deshacerse de las personas que los militares querían desaparecer de la tierra. El ensañamiento y la cobardía como personas de los responsables quedo reflejada en sus conductas desde actuar a oscuras para ocultar su plan con el apagón hasta la tortura y dinamitacion de los cuerpos de los compañeros.”

Las víctimas de esta masacre se encontraban dentro de la "nómina del personal subversivo muerto y prófugo” detallado en el comunicado de Mulhall a la justicia federal: Alberto S. Sabransky, Rodolfo P. Usinger, María A. Luque y Georgina G. Droz militaban en Montoneros. Roberto L. Oglietti, Evangelina M. Botta, José V. Povolo, María del Carmen Alonso de Fernández, Celía de Avila y Benjamín Leonardo Ávila estaban enrolados en el Ejército Revolucionario del Pueblo y padecerían el cautiverio desde fines de Junio. Pablo Eliseo Outes sería el último que ingresaría a Villa Las Rosas tras un corto exilio en Venezuela.

Varias de las víctimas fueron inhumadas en distintos puntos, de Salta y las provincias vecinas. Los cuerpos de Georgina Droz y Evangelina Botta nunca fueron recuperados. La causa por la masacre se reabrió en 2002 y las detenciones de los responsables se concretaron tras la anulación de las leyes de impunidad. En mayo de 2003 se produjeron los primeros procesamientos y los principales responsables fueron condenados a reclusión perpetua por el juez federal Carlos Olivera Pastor.

En noviembre del 2015, la Cámara Federal de Salta confirmó la prisión preventiva para el ex juez federal Ricardo Lona, por considerarlo cómplice del terrorismo de Estado, en tanto permitió impunidad judicial a quienes cometieron estos delitos de lesa humanidad.

 “No olvidamos no perdonamos no nos reconciliamos” es una de las principales consignas que levanta este año la Red por la Defensa de Derechos Humanos, FAMILIARES e HIJOS de Salta para conmemorar el 45° aniversario de la Masacre de Palomitas ocurrida durante la última dictadura cívico militar en la provincia de Salta.

 El pasado domingo 4 de julio en el marco de las actividades previas al aniversario se concluyó con la jornada de restauración de la plaza "Héroes de Palomitas", nombrada así en homenaje a los compañeros asesinados y que se encuentra ubicada justo frente al Penal de Villas la Rosas. Este martes 6 de julio a hs 15 las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre concentraran en el Portal de la Memoria, en Yrigoyen y San Martín para seguir reivindicando a los luchadores, honrar su memoria y continuar exigiendo verdad y justicia.